El lunes de esta semana comencé a escribir mi artículo de opinión señalando que, según mi criterio, era equivocado establecer, en este momento, la abstención como respuesta a las arbitrariedades que el Tribunal Supremo de Justicia había empezado a cometer. Mantenía que se debía esperar estar más cerca de las elecciones para decidir si se iba o no a votar. Hacerlo, con tanto tiempo,  comprometía  el factor sorpresa. Además, hay que saberlo, la abstención por sí misma no ilegitima unas elecciones,  como si lo hacen las denuncias de fraude, presentadas con suficientes pruebas, y el señalamiento de constantes abusos en un proceso electoral. De todas maneras, la situación cambió bruscamente en un solo día.  Nicolás Maduro, convencido que los venezolanos se negarían a tomar parte en un proceso electoral plagado de arbitrariedades, decidió suspender mediante una inconstitucional  sentencia del Tribunal Supremo de Justicia las actuales directivas de Acción  Democrática y Primero Justicia, designando, de manera ad hoc, unas nuevas  para  así garantizar  que las tarjetas de esos dos partidos aparecieran en el tarjetón electoral.

Es de todos conocido el sinnúmero de acciones represivas a que han sido sometidos el Poder Legislativo y la dirigencia política opositora desde el 5 de enero del presente año, cuando se impidió el normal funcionamiento de la sesión convocada  para designar la nueva directiva de la Asamblea Nacional, hasta estas dos últimas semanas en las cuales el Tribunal Supremo de Justicia,  totalmente parcializado a favor del régimen madurista, decidió reconocer como legítima la directiva de la Asamblea Nacional  presidida por Luis Parra, declarar  la omisión legislativa  para nombrar nuevos rectores, de mayoría oficialista, del Consejo Nacional Electoral y suspender las actuales direcciones nacionales de los partidos  Acción Democrática y Primero Justicia, designando a Bernabé Gutiérrez y a José Dionisio Brito  encargados respectivamente  de su reorganización. Tan arbitrarias medidas han creado en la opinión pública la percepción que Nicolás Maduro pretende construir su propia oposición para “derrotarla” en las elecciones parlamentarias y así legitimar su gobierno. No creo que lo logre. La reacción, tanto nacional como internacional, que han provocado estas medidas así lo indican.

Es inaceptable utilizar decisiones del Tribunal Supremo de Justicia para comprometer la autonomía interna de los partidos políticos y el derecho que tiene su militancia de escoger sus propias autoridades. Además, se viola flagrantemente el principio del pluralismo político establecido en los artículos 2 y 6 de la Constitución Nacional. Creo de interés reproducir parte de las declaraciones de Henry Ramos Allup:  “En una nueva maniobra del régimen, que busca darle algún piso de credibilidad a la farsa electoral que tiene planteada efectuar este año para supuestamente elegir una nueva Asamblea Nacional, ha decidido secuestrar, asaltar las tarjetas de los partidos políticos valiéndose de sus bufetes mal denominados tribunales de justicia. El asalto ha comenzado por tratar de robarle al partido, con más historia y tradición en Venezuela, que es Acción Democrática sus símbolos  para entregárselos en  manos de un corrupto, un tránsfuga que se ha prestado para ese sainete, traicionando la historia del partido… Nosotros no vamos acatar ese tipo de decisiones írritas que tratan de robarse las siglas, las sedes y la historia de los partidos políticos que hemos decidido no participar en el fraude electoral”.

Otras personalidades y organizaciones también se han pronunciado en rechazo a este atropello. Recientemente lo han hecho,  en un trascendente comunicado, María Corina Machado, Antonio Ledezma, Diego Arria, Enrique Aristiguieta Gramcko, Humberto Calderón Berti, Asdrúbal Aguiar y Carlos Oretga. Sin embargo, creo que esas acciones  no son suficientes. La oposición democrática debe definir una  amplia estrategia que no sólo cohesione en la respuesta a los partidos políticos del  Grupo de los Cuatro, sino a  toda la sociedad venezolana. La gravedad del momento así lo exige.  De inmediato, se debería convocar a una rueda de prensa,  en la cual estén representados  todos los sectores de la vida nacional. El campo de la protesta es amplio. La sola abstención es una acción que en sí misma no tiene la fuerza requerida para enfrentar la dictadura madurista. Se necesita una gran movilización nacional que permita ejecutar distintas acciones políticas, definidas de antemano por las direcciones de los partidos políticos y grupos de independientes,  para que  toda la oposición unida pueda dar respuesta  con éxito a las  arbitrarias decisiones de Nicolás Maduro y  su régimen. Unidad, unidad y más unidad.

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