Condeno enérgicamente la inobservancia por parte del Estado con los privados de libertad bajo custodia. Cuando hacemos un balance de las muertes ocurridas en los centros de detención de los presos políticos contabilizamos 14 con este último detenido por trama de corrupción de nombre Leonel Azuaje, sin que hasta ahora hayan dado una respuesta convincente.
Sin duda alguna que estamos en presencia de una violación sistemática de lo que establece nuestra norma suprema en su Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable, ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. A las personas privadas de libertad, el Estado está en la obligación de preservar su vida.
Lamento que nuestro sistema judicial aún no encuentre la independencia que le permita actuar en búsqueda de la justicia. Esto lo decimos por lo que hemos observado en la aprehensión de los involucrados en la trama de la corrupción que fue destapada por el Estado después de tantos años de haber sido evidente, pero estaba distraído en otros asuntos. No hay respeto al debido proceso, como lo establece el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es una cacería desesperada con audiencias colectivas imputando a detenidos los mismos delitos, sin que se les permitan ser asistido por abogados privados para su defensa.
Exijo aclarar todas las muertes ocurridas en los centros de detención, incluido este último caso de Leoner Azuaje.
Cuando la impunidad se impone por encima del Estado, la justicia oscurece.