El modelo económico social ha venido siendo implementado por el régimen chavomadurista sin medir cabalmente  las consecuencias y los problemas y dificultades que se podrían causar a lo que debería ser un sano desenvolvimiento de la economía nacional. Dicho modelo entró, virtualmente desde el mismo momento en que se inició su aplicación, en una etapa de estancamiento y regresión.

La subsecuente crisis generada por la aplicación de medidas tan desacertadas es, tal vez, la más integral que hemos padecido en el transcurso de nuestra historia. En efecto, altera, afecta y desequilibra a todas las variables y ello compromete seriamente las posibilidades de recuperación hacia el corto y mediano plazo.

Veamos brevemente algunos rasgos de las políticas aplicadas por el régimen desde que tomó el poder, así como algunas consecuencias de su aplicación:

Controles de precios, límite a las ganancias obtenidas en la actividad económica privada; el Estado como   único y principal controlador y gestor de la actividad económica; el Estado centralizador del comercio exterior (importaciones y exportaciones) a través del Cencoex y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior.

Marco jurídico para la actividad económica regido y reglamentado por leyes habilitantes y decretos gubernamentales que le han conferido  gran precariedad e incertidumbre jurídica a la actividad económica y a las posibilidades de inversión para la realización de nuevos proyectos y ampliación productiva de los desarrollos existentes. Fuerte proliferación de restricciones y regulaciones de diversos tipos a la iniciativa privada nacional y extranjera y a la actividad productiva pública y privada. Control total y centralización del Estado sobre la tenencia de divisas. Se dio la paradoja de auge de la actividad económica procedente de la actividad petrolera y la aplicación de un restrictivo control de cambios a las transacciones en divisas. Cencoex, Sicad I y II, Simadi fueron creados por el régimen para ser instrumentos de control político de divisas y precios.

Políticas fiscal y monetaria inconsistentes e hiperexpansivas del gasto público y de la liquidez en la economía nacional, creación de un modelo rentístico que no generaba riqueza. Gran distancia entre la retórica gubernamental y realizaciones concretas. Manipulación y ocultamiento gubernamental de las estadísticas económicas. Incumplimiento sistemático del Banco Central de sus responsabilidades legales en cuanto al suministro de información económica. Durante el tiempo en que se han aplicado algunas de las políticas señaladas, los niveles de inflación que hemos soportado en el país, han sido superiores al 100% y en determinadas ocasiones, superiores a los cinco dígitos, produciéndose el inconveniente fenómeno que los niveles de inflación mensual en Venezuela hayan sido superiores a los niveles de inflación anualizada de la mayoría de los países latinoamericanos.

Se registran en estos tiempos altas tasas de devaluación del bolívar con los consecuentes efectos negativos que han afectado la solvencia y capacidad de consumo de los habitantes de este país. Las referidas tasa de devaluación originaron en su momento la vigencia de varios tipos  y tasas de cambio controlados por el gobierno y la aparición de  un tipo de cambio, denominado paralelo, cuya cotización se establece por el cruce de oferta y demanda, pero, cuyo precio es superior al de los controlados y se ha constituido en el índice marcador de los precios internos.

Financiación del déficit fiscal del gobierno central, de Pdvsa y otras empresas del Estado mediante la emisión inorgánica del BCV lo que ha ocasionado una fuerte declinación del crecimiento del producto interno bruto, caída de la disponibilidad y cuantía de las reservas internacionales, caída de las importaciones privadas y crecimiento de las importaciones públicas lo que refleja la insuficiencia de la oferta nacional.

Fuerte disminución de las exportaciones no petroleras y una mayor dependencia de la economía venezolana a una producción y exportación petrolera declinantes. Muy vinculados con esta situación, están los subsidios que el régimen ha tenido que adoptar para la gasolina y el diésel que se consume en el país; subsidios muy caros para el erario nacional lo que conjuntamente con la caída de la producción interna generan recurrentes episodios de escasez.

Por otra parte, los altos niveles de la deuda externa venezolana, porcentualmente superiores al 30% del valor del PIB, indican los serios problemas que confronta la economía nacional para pagar el oneroso servicio de la referida deuda. De allí los muchos litigios que se ventilan contra el país en tribunales internacionales por incumplimientos en la cancelación oportuna de las obligaciones contraídas. Ello, a su vez ha determinado un crecimiento inusitado del riesgo país de Venezuela que lo sitúa entre uno de los más altos del mundo lo que se ha traducido en mayores dificultades de obtención y encarecimiento notable del eventual financiamiento externo y obviamente de las exigencias de repago de la deuda venezolana

Destacan también los retrasos e incumplimientos en el pago por parte del régimen al sector privado nacional que comprende rubros tales como importaciones no liquidadas desde la época del control del cambio, dividendos no pagados,liquidación de servicios de seguro, transporte, etc.

La caída de ingresos al país por concepto de inversiones extranjeras, es dramática; según cifras de la Unctad, de los ingresos generados por las inversiones extranjeras en Suramérica, los más bajos corresponden a los captados por Venezuela con aproximadamente 2% del total.

Asimismo, a pesar de la gran opacidad informativa del Instituto Nacional del Empleo (INE), no podemos ignorar la fuerte reducción de puestos de trabajo que se ha producido en dicho sector (la tasa de desempleo se ubica alrededor del 50,3%) la baja productividad de la mano de obra, el incremento del ausentismo laboral. El sector público, en vista de las dificultades que el régimen le ha creado al sector privado, se ha convertido en el mayor generador de empleos en la economía venezolana.

En cuanto a la Formación Bruta de Capital Fijo, en Venezuela predomina la inversión pública; la privada muestra fuerte declinación a través del tiempo. Ambas, se orientan fundamentalmente hacia la construcción y edificaciones en detrimento de la inversión en maquinarias y equipos, lo que involucra la relativa inamovilidad y retraso tecnológico del aparato productivo nacional.

Sin dudas que este desolador panorama del presente y futuro de la economía nacional, necesita  urgententemente ser sometido a terapia intensiva para su tratamiento, pero, es obvio que los terapistas que lo atenderán no podrán ser los que hoy están en Miraflores.


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