En todos los sectores de Venezuela que aspiran al restablecimiento de la democracia existe una honda preocupación, incluso un clamor, por la unidad de la oposición. En el seno de los partidos políticos opositores, en cambio, la atención se ha centrado en los últimos días en el tema de las primarias para seleccionar desde ahora al candidato para las elecciones de 2024, comenzando por resolver el tema de la aprobación de un reglamento para las primarias, sobre lo cual existen posiciones agresivamente contrapuestas,y eso es un error. La escogencia de un candidato, en el supuesto de que se llegara a realizar, no resolvería el problema fundamental de los intereses particulares y contradictorios de los partidos de la oposición, incluso podría agravarlo. Basta con plantearse estos interrogantes: ¿El presidente (E) Juan Guaidó participaría como aspirante a la candidatura presidencial en esas primarias? De ser afirmativa la respuesta, si Guaidó obtuviera el triunfo en las primarias, ¿podría acumular las funciones de candidato presidencial con las de presidente (E) de la República? Creemos que no, porque el interés principal del presidente interino es, o debería ser, conforme al artículo 333 de la Constitución, lograr el cese a la usurpación, mientras que las de un candidato presidencial es ganar las elecciones, lo cual generaría un conflicto en los objetivos. Si Guaidó no se presenta para las primarias, o si postulándose no obtuviera el triunfo, tendríamos en el país un jefe del Estado que coexistiría con otra persona que sería candidato presidencial, lo cual, en vez de propugnar la unidad, conduciría a la dispersión o a la anulación de los esfuerzos. ¿Es posible o conveniente que Guaidó, en este supuesto, renunciara a su condición de presidente (E) para que fuera designado para este cargo el candidato de la oposición para las elecciones de 2024? ¿Es que acaso ese candidato debería, para dar cumplimiento al artículo 233 de la Constitución, tener la condición de diputado a la Asamblea Nacional, para que fuera nombrado presidente del cuerpo legislativo y, desde esa condición, ascendiera a la presidencia interina? Esos problemas podrían resolverse satisfactoriamente si se separan las prioridades: el año 2022 sería el año de la unidad de los partidos; el 2023 o 2024 sería el año de la escogencia del candidato presidencial, para lo cual se procedería así:
Durante el presente año, y cuanto antes, se haría una reforma del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para crear una figura destinada a manejar unitariamente el gobierno interino, en la cual se integrarían los partidos políticos. Esa figura, que podríamos llamar el Gabinete del Estado, estaría compuesta por el presidente (E) Juan Guaidó, quien la presidiría, y por cinco miembros más, uno por cada uno de los integrantes del G-4, más un representante de los partidos minoritarios. El organismo que se propone tendría un secretario, con voz pero sin voto en las reuniones del Gabinete, que podría ser el rocurador especial de la República o un abogado especializado en Derecho Público, pues entre sus funciones estaría la de emitir opiniones no vinculantes sobre los aspectos jurídicos de los temas en debate. En el seno del Gabinete se discutiría sobre los aspectos fundamentales del país y del gobierno interino, sean administrativos, políticos, económicos, financieros, o cualesquiera otros, y sus resoluciones serían acatados por todos los órganos del Estado y por los partidos políticos. El Gabinete del Estado, o como se llame, se consideraría válidamente constituido con la presencia del presidente y de tres miembros más, por lo menos; sus decisiones se adoptarían por la mayoría de los presentes y, en caso de empate, el presidente del organismo tendría voto dirimente. Las decisiones del Gabinete se expresarían mediante Decretos ejecutivos suscritos por el presidente, los cuales necesariamente deberían ser autorizados por el Gabinete. Este cuerpo dictaría su Reglamento de funcionamiento y en lo no previsto se acudiría supletoriamente a las normas que regulan el Consejo de Ministros, en cuanto fueren aplicables. El Gabinete del Estado podría invitar a sus reuniones a personas con conocimientos particulares sobre la materia incluida en la agenda del día o a políticos de amplia trayectoria.
Para que esta reforma pudiera ser aprobada, el presidente (E) Juan Guaidó deberá expresar públicamente su disposición de no participar como candidato en las elecciones de 2024 ni en las primeras elecciones que se realicen luego del cese de la usurpación, tiempo durante el cual, hasta que tome posesión el presidente democráticamente electo, Guaidó se mantendrá al frente de los esfuerzos para hacer cumplir el artículo 333 de la Constitución. De esta manera, podrían ampliarse las atribuciones presidenciales sin el temor de los partidos de estar fortaleciendo a un competidor. Con la aceptación de esta propuesta por Guaidó y por los partidos de la Plataforma Unitaria se perfeccionaría un nuevo pacto político en el cual, en vez de generarse relaciones de competencia entre los partidos, como las que han existido hasta ahora, la nueva estructura cúspide del gobierno interino crearía las condiciones para que prevalecieran las relaciones de cooperación, e incluso de comunión.
Logrado el objetivo de la unidad política en el corto plazo, durante el año 2023 o 2024 se realizarían las elecciones primarias para seleccionar al candidato presidencial de los partidos democráticos para las elecciones de 2024, si es que se llega hasta ese año, pues la unidad de la oposición debe adelantar la reinstauración de la democracia y la realización de unas elecciones plenamente competitivas y trasparentes en el país, para lo cual puede escogerse un candidato presidencial por consenso de los partidos, sin necesidad de primarias.
La propuesta que antecede permitiría y fomentaría la unidad de la oposición, pero si esta no se logra quedaría como opción seguir peregrinando en el desierto por cuarenta años más.