Antes que nada debo aclarar que en este escrito me voy a referir a la política exterior del presidente interino Juan Guaidó y a la que debería tener una vez cese la usurpación y se restablezca la democracia. De la del actual régimen no vale la pena perder el tiempo en lo que ha sido un relacionamiento internacional totalmente ajeno a nuestros intereses, siendo más bien parte de una componenda delincuencial con Estados que se reconocen por valores que están divorciados del derecho y las leyes que rigen las relaciones entre naciones civilizadas.
La política exterior de Venezuela debe estar vinculada evidentemente a un proyecto nacional, que sea el reflejo de nuestra realidad y ello presupone una visión a largo plazo y un componente humano capaz de gerenciarla y ejecutarla y es por ello que me permito mencionar algunos elementos claves para ello:
Ideología: Los cerca de sesenta gobiernos de países que apoyan a Guaidó son democracias sólidas frente al más de un centenar de países que califican desde democracias precarias hasta las más absolutas dictaduras. En lo que nos ocupa no se trata de diferenciar entre izquierda y derecha capitalista como en el siglo pasado, sino simplemente de identificar aquellos modelos anormales y criminales a lo interno y hacia el exterior, amparados en teorías socialistas o en su eufemismo “progresistas” por una parte y por la otra en reconocer aquellos donde impera la ley, el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y las libertades económicas que cada vez toman en cuenta más al individuo en las decisiones del Estado. Por tanto, las declaraciones de los voceros del gobierno interino y su diplomacia debe estar en consonancia con el apoyo internacional brindado y no prestarse a equívocos o ambigüedades transmitiendo mensajes de simpatías con ideas de izquierda ni con grupos internacionales con esa orientación.
Cooperación Internacional y ayuda para el desarrollo: A diario vemos los resultados del plan chavista-madurista “Destrucción país” que se ha llevado a cabo con un éxito innegable. Igualmente hemos leído a bastantes expertos y analistas que nos hablan de soluciones y plazos que nos llevará a “recuperar” la nación. Todo esto va a pasar necesariamente con el apoyo de la comunidad internacional, tanto bilateral como multilateralmente, así como de la mano de grandes inversiones privadas. Esta labor requiere de un esfuerzo serio puesto que la gobernanza global atraviesa por una crisis político-económica sin precedentes. Debemos buscar la mejor manera de captar la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional para las Migraciones, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, la Niñez, la Salud, la Educación y la Cultura entre otros, todo esto sobre la base de que Venezuela, tiene unos indicadores en estas áreas cercanas al cuarto mundo sub-sahariano o asiático y es ilusorio pensar como algunos que en cuestión de meses vamos a regresar a la “Gran Venezuela” del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Promoción de funcionarios en organismos internacionales: El chavismo durante estos veinte años se mantuvo en el bloqueo a cualquier posible postulación de venezolanos en los entes de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, además de los de integración. No tenían propuestas propias por la evidente oclocracia que distinguió al régimen desde sus inicios. Sería deseable una política de Estado que impulsara un programa de identificación y captación de profesionales para su inserción en organismos que son claves para nuestro interés nacional. Además de los mencionados están las Cortes de La Haya. Tanto en la Corte Internacional de Derecho Internacional Privado, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, para las cuales tengo la plena seguridad que existen candidatos que con un apoyo de Estado, requisito fundamental, nos representarían con el orgullo que debe tener un Servicio Exterior digno de su nombre, sin dejar de mencionar que nuestro representante en los Países Bajos debe ser un embajador con trayectoria y suficientes credenciales diplomáticas y jurídicas para ocupar dicho cargo.
Estas propuestas no significan una falta de reconocimiento a las actividades de la Presidencia Interina durante el año transcurrido, toda vez que se ha logrado mucho en condiciones adversas. Y aún se puede adelantar mucho, a pesar de las limitaciones evidentes, teniendo en cuenta que la inclusión debe consistir en parte fundamental de este proyecto, como creo que se ha evidenciado. En una próxima entrega continuaré con otros aspectos de este tema, entre ellos la materia de derechos humanos y la función consular.