Con deferencia, la profesora Kathryn Stoner presentó el pasado 18 de abril los importantes logros académicos del presidente de Coilombia, Gustavo Petro, invitado a la Universidad de Stanford en California. Stoner resaltó con elogios el largo inventario de posgrados obtenidos por el personaje, entre ellos una especialización en la Universidad de Lovaina y un doctorado en la Universidad de Salamanca. Cuando terminó, el ilustre visitante, quien escuchaba al fondo del escenario, saltó al atril para hacer su intervención.
Lo primero que debía haber dicho era que lo que se acababa de leer acerca de sus títulos de posgrado era falso. Que nunca cursó dicho doctorado y que ni hablaba ni todavía habla francés para adelantar una especialización en Bélgica. Eso de por sí resulta indecoroso e inadmisible.
Aunque lo penoso vino después. Petro quiso presumir de físico, filósofo, especialista en medio ambiente, historiador y discurrió por cuanto se le pasó por la cabeza, e incluso cuestionó la validez de las matemáticas en la economía.
Por ello le envié una extensa carta al presidente de la Universidad de Stanford, Marc Tessier-Lavigne. Le manifesté no solo las falacias del discurso de Petro (disponible en Youtube), las afirmaciones ininteligibles o engañosas, las incoherencias sobre la Revolución Industrial, el carbón, la energía hidráulica, sino lo problemático para un país tener un presidente que se atreve a tanto en una prestigiosa universidad. Uno que pretende proyectarse como líder global en la lucha contra el cambio climático con caprichosas conjeturas.
No es la primera vez que lo hace. Ese complejo rasgo de personalidad se aprecia en su autobiografía Una vida, muchas vidas, en la que no hay menos de cien falsedades y una gran megalomanía.
Un rasgo de personalidad, de quien se autodenomina intelectual, que permea todas las políticas y esferas del gobierno y que amenaza con estropear el futuro de un país de por sí atribulado. Es muy común que el presidente Petro destile afirmaciones que solo un fanático o imprudente podría proferir. Frases como que “las pérdidas de energía [robos] en la Costa [norte de Colombia] no son robos sino falta de plata para pagar”; que las autopistas son un despilfarro que “solo sirven para importar productos” que matan la industria nacional en beneficio de “los dueños del gran capital”, o que “si algunas actividades que hoy se consideran ilegales dejan de serlo habría menos crímenes”.
Dijo también que el carbón y el petróleo son más peligrosos que la cocaína. En creencias como esa apuntala tres pésimas iniciativas en Colombia. La primera es promover, en la práctica, la legalización de algunas fases de la cadena del narcotráfico, como los cultivos ilícitos; la segunda es impulsar una vaga política de «paz total», que convierte al Estado en sumiso de los delincuentes y desconoce al narcotráfico como el principal propulsor de la criminalidad local. Y tercero, asume la transición energética como un dogma que no admite gradualidades, al punto de proponerse impedir la explotación de los minerales e hidrocarburos del subsuelo.
El resultado de las ocurrencias presidenciales es el gobierno de peor comienzo en la historia contemporánea de Colombia, que perdió las mayorías legislativas y tiene bloqueada la agenda de «reformas sociales». Y como para el presidente el «gran enemigo» es el lucro y la economía de mercado, cuando los estudios contradicen sus propósitos de estatización, entonces no tiene problema en llamar a sus autores «malos economistas”.
Toda una constelación de confusiones conceptuales y engaños de una mente con problemas a los que se agregan los recientes escándalos, como el de su hijo, y la financiación ilegal de la campaña presidencial. Un infortunio para el país. Por un lado, porque se defrauda a millones de colombianos que ansiaban un cambio, a quienes solo ofrecieron fórmulas de socialismo cubano o venezolano. Y por otro, porque el prematuro fracaso del gobierno podría llevar al establecimiento y las élites a creer que no pasó nada, cuando, de fondo, parte del problema es la corrupción y el aprovechamiento del Estado por parte de vastos sectores privilegiados del país.
@johnmario