Un comunicado suscrito por 236 organizaciones civiles y 91 individualidades alerta sobre la propuesta de ley de «Fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”. Solo el nombre, sin necesidad de leer ninguno de sus artículos, ya indica por dónde van los tiros de esta «revolución pacífica y armada» cuando se dedica a lo que mejor sabe hacer: reprimir.
El mentado proyecto de ley fue aprobado en primera discusión el 24 de enero de 2023 -un día después del 65 aniversario del 23 de Enero, se sabe que esa fecha no lo dice nada a los «revolucionarios»- y ahora, un año después, se reactiva con una convocatoria a consulta en la sede de la Asamblea Nacional que fue transmitida por el canal del parlamento. A las organizaciones que están en la mira del instrumento de apariencia legal les quedó claro que de consulta nada, de lo que se trata es de «hostigar, criminalizar e inhabilitar a la sociedad civil». Ya existe una lista de 62 organizaciones señaladas, y (re)señaladas en ocasión de esta convocatoria a escuchar (?).
Las organizaciones y personas firmantes del comunicado recuerdan que durante el año pasado el Estado venezolano «recibió fundamentadas y numerosas objeciones de la comunidad internacional tanto de la Oficina del Alto Comisionado y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Misión Independiente de Determinación de los Hechos y de la sociedad civil nacional e internacional sobre la improcedencia de esta ley».
En el texto elaborado por las organizaciones que repudian la pretendida ley, se señalan las objeciones fundamentales y riesgosas para la libertad y la democracia:
– No se regula: En Venezuela ya existe un sistema regulatorio legalmente establecido y favorable al ejercicio de la libertad de asociación, de acuerdo con la norma constitucional, tanto en materia de registro, rendición de cuentas y fiscalización. En 2020 y en 2019 se limitó y centralizó ese sistema y ahora hasta se prevé un empadronamiento militar en el Registro para la Defensa Integral que es administrado por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
– No busca la prevención y sanción: En su exposición de motivos y articulado, la ley transforma el derecho asociativo en un asunto de “orden público” con el que se afianza la sospecha y presunción de delitos y la intervención injustificada de los cuerpos militares y de seguridad en la vigilancia y control de las asociaciones sin fines de lucro. El Estado, además, ha declarado y admitido ante organismos internacionales que posibles hechos ilícitos o irregulares de las organizaciones civiles son de ocurrencia muy menor, y se cuenta con los procedimientos judiciales para investigarlos y aclararlos, cuidando el Estado de Derecho y debido proceso.
– No protege el derecho a la libre asociación: el proyecto de ley deja sin efecto los registros de los que disponen las asociaciones con personalidad jurídica para trabajar en el país; crea un nuevo régimen asociativo de “relevancia pública”, militar y fuera de la Constitución, que impone la autorización, control y fiscalización del Estado sobre todo el ciclo de vida de las asociaciones; ilegaliza toda asociación de hecho y establece un sistema de controles y requisitos adicionales, innecesarios, permanentes y no compatibles con la condición civil de las asociaciones, que los hace de imposible cumplimiento.
En lugar de cumplir lo firmado en el Acuerdo de Barbados con relación al cronograma electoral -con unas elecciones presidenciales aún sin fecha-, el régimen aprieta las tuercas de la sociedad civil que ejerce contraloría ciudadana y puede fomentar el derecho al voto entre los venezolanos. La represión y limitación de libertades no es la ruta para solucionar la larga crisis venezolana.