Esa madrugada del 1 de marzo de 2008, aproximadamente a las 00:25 horas, cuando la mayoría de los presentes en el campamento dormían, se escucharon los estruendos propios de un sorpresivo ataque aéreo. Era el comienzo de la Operación Fénix, ejecutada por la Fuerza Aérea Colombiana y otros elementos de apoyo del ejército y agentes de la policía nacional, en la zona selvática de Angostura, cercanías de la población Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. El objetivo: captura, vivo o muerto, de alias Raúl Reyes, entonces comandante del bloque sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Todo el mundo sabe la historia: muerte de Raúl Reyes y otros 22 camaradas, entre los que se encontraba el animador y popular cantante guerrillero Julián Conrado. Así mismo, una baja militar colombiana, y la obvia crisis diplomática entre Colombia, el Ecuador de Rafael Correa y Venezuela; e incluso México, por la muerte de cuatro estudiantes de la UNAM. Por cierto, algunas fuentes atribuyen la previa localización del campamento de Reyes (a menos de dos kilómetros de Colombia), a una “eufórica” llamada satelital de Hugo Chávez, horas antes, empeñado este en agradecerle al difunto por la liberación de los rehenes excongresistas Gloria Polanco, Luís Eladio Pérez, Orlando Beltrán y Jorge Eduardo Géchem.
Otro conflicto binacional
Los eventos de aquella madrugada en Ecuador representan un antecedente inquietante, al aproximarlo a las peligrosas potencialidades que siempre ha implicado la presencia de grupos insurgentes colombianos en territorio venezolano, bajo el amparo más que corroborado del régimen chavista. Una realidad que ha tomado mayor fuerza a raíz de los recientes incidentes registrados en la frontera entre el estado venezolano de Apure y el Departamento colombiano de Arauca, y que confirma la alianza de Miraflores con una de las facciones disidentes de las FARC-EP: la Segunda Marquetalia.
En medio de lo que es una obvia contienda por el control de los corredores del negocio del narcotráfico, la “operación limpieza” que ha intentado realizar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) –en contra del Décimo Frente de las FARC-EP, de alias Gentil Duarte y alias Gerónimo, y en favor de la Segunda Marquetalia–, ha generado una escalada preocupante del discurso a ambos lados de la frontera.
Mientras el régimen de Nicolás Maduro trata de seguir confundiendo a la opinión pública internacional, atribuyendo a las autoridades colombianas la responsabilidad del conflicto fronterizo, utilizando incluso plataformas como las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque ratificó la posición enfática de Colombia respecto al régimen venezolano, aprovechando su intervención virtual en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada el pasado miércoles 21 de abril: “Es urgente que en el caso de Venezuela logremos el fin de la dictadura, el llamado a elecciones libres y un gobierno de transición (…) No dejemos de lado la preocupación por esta crisis humanitaria y migratoria, pero también por ponerle fin a la causa, que es la dictadura y la opresión”.
Las declaraciones del presidente Duque fueron precedidas, el sábado 17 de abril, por ejercicios militares en el Cantón de Buena Vista, del Departamento caribeño de La Guajira, oportunidad en la que el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que “Colombia está preparada para responder a cualquier amenaza internacional”, agregando que “en la frontera con Venezuela operan varios grupos que se disputan el negocio del narcotráfico – el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las dos disidencias de las FARC-EP -, con la connivencia de las fuerzas militares bolivarianas”.
A estos anuncios y ejercicios se agregan otros factores de tensión en la frontera que pudieran significar una mayor escalada. Nos referimos a las labores de observación y espionaje que recientemente habrían venido realizando cerca de la zona de conflicto, aeronaves de las fuerzas aéreas de Estados Unidos y Rusia. No se sabe a ciencia cierta qué repercusiones pudieran tener estas incursiones y otras formas de injerencia de las dos potencias que operan en favor de uno y otro bando, en el desarrollo de los acontecimientos a corto y mediano plazos.
Lo cierto es que las escaramuzas en la región fronteriza Apure-Arauca se siguen produciendo en un contexto de marcada censura informativa y de desinformación, auspiciado por un régimen que cada día puede ocultar menos el deterioro del apresto operacional de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que, en su desempeño, ha llegado hasta el punto de tener que contar con el apoyo de otras estructuras inorgánicas como la Milicia Bolivariana, precariamente entrenada y organizada, y de unas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, ya catalogadas de grupo de exterminio y represión, violadora de derechos humanos.
La disyuntiva colombiana
El gobierno del presidente Duque es consciente de la debilidad operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se sigue planteando entre uno de sus objetivos la captura de los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC, especialmente los de la Segunda Marquetalia: alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, quienes transitan libremente en territorio venezolano bajo la protección declarada de Nicolás Maduro.
Si bien la hipótesis de una incursión militar colombiana en Venezuela al estilo de la Operación Fénix de 2008, en Ecuador, pareciera no tener viabilidad alguna por las diferentes condiciones y consecuencias que tal acción arrojaría, no es descartable del todo si se toma en cuenta la situación de caos y abandono en la que se encuentra ese amplio corredor fronterizo entre los dos países, donde opera libremente una variada fauna del crimen organizado internacional, encabezada por la asociación de los carteles del narcotráfico y la insurgencia colombiana.
Es posible que sobre la base de un proceso de evaluación de riesgos y costos, el gobierno colombiano tenga contemplado una operación de esa naturaleza, en el entendido de que golpear a la insurgencia narcoterrorista en las áreas fronterizas significaría, por una parte, el bloqueo y merma de las escasas fuentes de financiamiento de la dictadura madurista, y por otra, el debilitamiento de la amenaza que se ejerce desde territorio venezolano a la seguridad y estabilidad no solo de Colombia, sino de la región en su [email protected]