Suele repetirse a menudo la sabia observación del gran pensador inglés Thomas Hobbes, quien en defensa de la parquedad de su pueblo en caer bajo las redes del leguleyismo constituyente puso el dedo en la llaga al afirmar: autoritas, non veritas facit legem. Las leyes no las hace la verdad, las hace la autoridad. En otras palabras: las leyes, vale decir, las Constituciones, no son en realidad producto de las deliberaciones de expertos en derecho. Son imposiciones de quienes ya detentan el poder. A los que las leyes legitiman, ordenan y santifican.
Tampoco la nación que más le debe a Inglaterra, Estados Unidos, ha sido pródiga en jugar al constituyentismo. Al comenzar su periplo independentista forjó su magno aparato jurídico, sabiamente abierto a las modificaciones que fueren necesarias en función de los cambios ocurridos. Son tan pocas, como fueron necesarias. De ellas, la más importante ha sido la primera enmienda, que le asegura a los ciudadanos una irrestricta libertad de expresión.
Venezuela, hasta hoy en la antípoda de sociedades ordenadas, homogéneas y respetuosas del orden constitucional, como Inglaterra o Estados Unidos, ha tenido 28 Constituciones. Ninguna ha parecido suficiente, porque en rigor ninguna había sido precedida de la internalización en la conciencia ciudadana de la necesidad de respetar el orden que traían consigo. Detrás de todas ellas estaba la ilusión republicana originaria, impuesta desde el nacimiento de las repúblicas: la ciega creencia de que era posible construir un orden perfecto, siguiendo un esquema legal perfecto, sacado de la manga de estudiosos y tratadistas del orden legal europeo. Mayor equívoco, imposible.
Pero el constituyentismo que hoy es cuestión en la opinión pública y en los círculos políticos chilenos es inducido por otras consideraciones. En esencia, por la voluntad de un sector de su clase política de derribar el orden sociopolítico, económico y cultural vigente, impuesto tras dos siglos de vida republicana por la fuerza de los hechos, derrumbar la estructura de deberes y derechos creados y formalizados a lo largo de gran parte del curso del siglo XX y en un desaforado intento refundacional, volver a un Chile constitucionalmente igual a cero.
Para reconstruir, desde el techo de un acuerdo jurídico social, sus estructuras y cimientos. En este caso particular, como fuera el de la constituyente venezolana, impuesta bajo presión del castro comunismo cubano y el caudillismo militarista venezolano, permitir lo que la Constitución vigente prohibía: la reelección inmediata y por tantos períodos como fueran necesarios, socavar la estructura de poder vigente, modificar las relaciones de interdependencia entre la sociedad civil y la sociedad militar, permitir que el presidente de la República adquiriese superpoderes. Digamos: darle forma a una dictadura constitucional. Que es la que se ha asentado y sirve tanto como los sectores que detentan el poder se lo permiten. Fieles al diktat del dictador Monagas, quien afirmara a mediados del siglo XIX que una Constitución es un atado de papel impreso que sirve para todo.
Cálculos de reconocidos juristas venezolanos, el catedrático Asdrúbal Aguiar entre ellos, cifran en más de una veintena las graves violaciones de dicho texto constitucional por los mandamases venezolanos a quienes sirve de coraza protectora –Hugo Chávez, Nicolás Maduro y sus sirvientes–. En este caso, la autoritas hobbesiana, suficientemente reforzada con la desaforada y multimillonaria corrupción de las élites, incluidas las fuerzas armadas, ha servido para transitar de una ejemplar democracia liberal a un socialismo corrompido, represivo, corruptor y desaforado. Volver al predominio de la Constitución de 1962 no sería un retroceso, sino todo lo contrario: un regreso a las fuentes de nuestro Estado de Derecho.
Si el predominio de una Constitución puede ser responsabilizada por los logros y retrocesos de la sociedad que rige, la de Venezuela surgida de esa asamblea constituyente, que le asestó un golpe mortal a la vieja élite dominante, se ha caracterizado por darle marco legal a la mayor devastación sufrida por Venezuela en toda su historia. Hay una relación directa entre la Constitución chavista y la crisis humanitaria provocada por su hegemonía política. Pues su motivación no estaba dada para darle sustento a una sociedad del futuro, sino para anclar el presente al más remoto y autocrático pasado. De hecho, sirvió de punta de lanza para herir de muerte a la democracia liberal venezolana.
De allí mi extrañeza ante el hecho de que renombradas personalidades de la derecha chilena, como Joaquín Lavin y otros militantes de la UDI, se monten gozosos en el carro de la devastación propiciado por el castro comunismo venecubano, que apuesta a la salida de Sebastián Piñera y el asalto al poder de las izquierdas. Que Dios y la razón los ilumine. Podrían llegar a ser las primeras víctimas.
@sangarccs