En un Estado de Derecho, la independencia judicial es esencial. Actúa como contrapeso frente a los otros poderes del Estado y garantiza el respeto a los derechos individuales, la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público. Esto implica que los jueces deben decidir libremente, sin influencias políticas o partidistas, asegurando la imparcialidad en la aplicación de la ley.
No obstante, vemos con inusitada frecuencia que en ciertas partes del globo terráqueo se busca el control del sistema judicial -su politización- a través de la designación partidista de jueces, la influencia indebida en decisiones judiciales y la manipulación de la composición de los órganos judiciales.
En el caso de la UE, ésta promueve el Estado de Derecho, pero enfrenta desafíos por la politización del sistema judicial en algunos de los países miembros. La interferencia partidista en la designación de jueces y su interés en determinados casos judiciales amenaza la independencia judicial y los derechos humanos por lo que la Unión, a pesar de los desafíos, ha tomado medidas significativas, como la supervisión del Estado de Derecho y la iniciación de procedimientos contra estados miembros que violan los principios democráticos.
El Grupo de Vigilancia de Estado de Derecho del Parlamento Europeo, por ejemplo, viene haciendo un seguimiento estrecho del desarrollo de la cuestionada propuesta de ley de Amnistía promovida por el gobierno de España, incluidas las enmiendas o reformas legales que afecten a la independencia judicial o al funcionamiento de la justicia como es el caso de una eventual reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con fundamento en unos torticeros acuerdos políticos en los que pretenden demoler la independencia judicial acusando a los jueces de practicar el “lawfare” y someter su actuación al examen parlamentario.
Solo mediante un compromiso renovado con estos valores fundamentales puede la UE garantizar un futuro de paz, estabilidad y prosperidad para todos sus ciudadanos.
El sistema interamericano, por su parte, es un conjunto de organismos e instrumentos jurídicos que promueven la cooperación y protección de los derechos humanos en el continente americano. Sin embargo, la politización del sistema judicial en algunos países de América ha sido un obstáculo para la garantía de un acceso a la justicia imparcial y equitativo. La diversidad de contextos políticos y la corrupción dificultan los esfuerzos para despartidizar el sistema judicial en la región.
En el caso de Venezuela, donde no existe una carrera judicial y los jueces en su gran mayoría son designados “digitalmente” entre afectos al oficialismo, lo que es tan público y notorio como el soporte del Tribunal Supremo de Justicia oficialista a la actuación del régimen. Se diría que en Venezuela el gobierno no pierde juicios y el “lawfare” está a la orden del día en casos atinentes a adversarios políticos.
En Colombia, el presidente Petro, en búsqueda de partidizar la justicia, alentó un ataque contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mientras en Bolivia igualmente se atenta contra miembros del Poder Judicial por la mera circunstancia de aplicar la ley en casos que son decididos contra la corriente política que apoya el movimiento del expresidente Evo Morales.
Ante esas circunstancias, se impone la despartidización de la justicia, rescatarla de la influencia de los partidos políticos en el sistema judicial, a cuyo fin los nombramientos, decisiones y procesos legales deben estar libres de consideraciones políticas, sirviendo exclusivamente al interés público y al imperio de la ley. La interferencia partidista en el Poder Judicial socava su legitimidad y eficacia.
Sin embargo, alcanzar la independencia judicial y la despartidización no es fácil en muchos países. La influencia política, los intereses particulares o la corrupción pueden obstaculizar el funcionamiento justo del sistema judicial, requiriendo mecanismos efectivos de control y supervisión.
Para abordar estos desafíos, es fundamental fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en el ámbito del sistema interamericano. Esto incluye el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-DH), así como el desarrollo de mecanismos de monitoreo independientes y la promoción de la participación de la sociedad civil en la vigilancia del sistema judicial. Además, es necesario promover la transparencia y la rendición de cuentas en la designación y remoción de jueces, así como fortalecer la capacitación y la profesionalización del Poder Judicial. La promoción de una cultura de respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos, así como el fomento de una cultura de integridad y ética en el ámbito judicial, también son pasos fundamentales para despartidizar el sistema judicial en la región.
En fin, la independencia judicial es el cimiento del Estado de Derecho porque garantiza que el Poder Judicial pueda actuar de manera imparcial y sin influencias externas, lo que es fundamental para asegurar que todas las personas sean tratadas con equidad y justicia ante la ley. Cuando el Poder Judicial es independiente, puede aplicar las leyes de manera objetiva, proteger los derechos individuales y servir como un contrapeso efectivo frente a otros poderes del Estado. Esta independencia es esencial para mantener la integridad del sistema legal y garantizar la confianza de los ciudadanos en la justicia y en el Estado de Derecho en su conjunto.