Recientemente vimos con gran asombro la inclusión de Venezuela, representada por el régimen, en el Consejo de Derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Un acontecimiento profundamente contradictorio con relación a la situación actual de nuestro país.
En Venezuela hay una dramática y progresiva crisis social y económica, sobre la cual hemos insistido en reiteradas oportunidades a través de este medio. Pero lo más grave es la violación de manera sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos en muchos aspectos, hecho corroborado por el lapidario informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, presentado ante la ONU el pasado 5 de julio y actualizado recientemente. En dicha actualización se reitera de manera enfática que el régimen no ha tomado en cuenta las recomendaciones emitidas y que abarcan prácticamente todos los derechos humanos en diferentes aspectos y que se siguen violando de manera continua en Venezuela.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, creado en el año 2006, es considerado un foro multilateral integrado por 47 países cuyo objetivo fundamental es “abordar las violaciones de esos derechos, responder a emergencias en ese ámbito y hacer recomendaciones para defenderlos mejor”. Así está textualmente expresado cuando usted .busca información sobre las funciones de dicho consejo. Obvio que cualquier país que viole los derechos humanos de sus habitantes, a lo cual se suma la naturaleza totalitaria del mismo, es absurdo siquiera pensar que pudiera integrar este consejo. Es totalmente contradictorio a este principio.
Activistas y defensores de los derechos humanos humanos en Venezuela han manifestado su sorpresa y rechazo a la inclusión de Venezuela, lo consideran un llamado de atención y a la vez la imperiosa necesidad de una mayor coherencia por parte de los órganos que integran la ONU, además tomando en cuenta el informe de la alta comisionada de los derechos humanos, como lo mencioné anteriormente, que da cuenta de las graves violaciones de los derechos económicos , sociales y políticos cuyo único responsable es el Estado venezolano.
El pasado 27 de septiembre el propio Consejo de Derechos Humanos emitió una resolución a través de la cual establecía un mandato a la oficina de la alta comisionada, doctora Michelle Bachelet, para seguir evaluando la situación de vulneración de los derechos humanos en Venezuela. A este fin se creó la comisión de determinación de los hechos para investigar violaciones graves de los derechos humanos en el país.
Recordamos en el historial de Venezuela que está sujeta a un examen preliminar en la Corte Penal Internacional de La Haya por posibles delitos de lesa humanidad. Por lo que el país representado por el régimen no cumple con los requisitos para haber ingresado como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
Venezuela no coopera con este organismo, no está al día con los tratados de Naciones Unidas, no cumple con las recomendaciones que se le han hecho.
La elección del consejo la realizan los 193 países miembros de la Asamblea General de la ONU. Los 47 países que lo integran y que son distribuidos geográficamente, solo Brasil y Venezuela estaban postulados por la región de América Latina. Se intentó un mes antes que entrara Costa Rica para evitar la inclusión de Venezuela,pero sin el suficiente tiempo de antelación, por lo que no se logró el objetivo.
El régimen ha tratado de hacer ver su ingreso al consejo como un triunfo y así contrarrestar el informe de la alta comisionada de los derechos humanos, pero esto es totalmente falso. El que haya ocupado nuevamente una silla en el Consejo de Derechos Humanos no lo exime de sus responsabilidades, no disminuye el impacto y la importancia del informe de la doctora Michelle Bachelet y no lo hace menos responsable de cumplir con las resoluciones que determine el Consejo de Derechos Humanos.
No obstante, hay mecanismos que pueden ocasionar la expulsión de Venezuela de dicho consejo. Existe un antecedente sobre esto último y nos referimos a Libia. Recientemente se inició una campaña global a través de recolección de millares de firmas para lograr que la expulsión de Venezuela sea una realidad. Este asiento o puesto ocupado por el país con la representación del régimen, que de paso lo mantiene secuestrado y se reviste de una total impunidad, es una vergüenza no solo para los venezolanos sino para la ONU, la cual, conociendo muy bien los antecedentes de este “gobierno” totalitario no haya rechazado la postulación y refleje una imagen de “complicidad“o aceptación de este tipo de regímenes. Hay que seguir visibilizando, denunciando y documentando la grave situación de vulneración de los derechos humanos en Venezuela para que sus miles de víctimas no pierdan la esperanza en la justicia.