Hace unos días me permitía recordar la experiencia vivida en Caracas durante los últimos meses de 1957, cuando a partir de la huelga universitaria del 21 de noviembre, las brigadas juveniles de la resistencia a la dictadura, dirigidas por el Frente Universitario y la Junta Patriótica, denunciábamos la ilegalidad de la convocatoria al plebiscito que se celebraría el 15 de diciembre. El dictador general Marcos Pérez Jiménez pretendía ser reelecto para cinco años más en el ejercicio del poder político en Venezuela, procedimiento que se encontraba en franca contradicción con la Constitución que exigía elecciones libres, para decidir la continuidad del Poder Ejecutivo.

Pérez Jiménez acompañado de sus consejeros políticos y policiales, pretendía evitar una sorpresa como la ocurrida el 30  noviembre de 1952, cuando en unas elecciones libres fue derrotado por una combativa alianza liberal democrática conducida por Jóvito Villalba.

La consulta plebiscitaria del 15 de diciembre de 1957 estaba completamente despojada de contenidos democráticos, sobraban los presos políticos y los perseguidos, con los partidos políticos ilegalizados, resultaba muy claro como ocurre hoy (6/12/2020), que respondía a los intereses muy personales del caudillo de aferrarse al poder y sus inmensos privilegios, caracterización que identificó nuestra población, respondiendo con su ausencia el llamado a votar fue rechazada.

En el presente, 63 años después (06/12/2020), nos encontramos con una “novedosa” llamada a elecciones parlamentarias, decididas al igual que las de diciembre de 1957, en las oficinas del Ejecutivo, para ser instrumentadas por su oficina de asuntos electorales, ignorando el camino democrático que demanda la presencia, participación y decisión de la Asamblea Nacional.

Consulta absolutamente controlada por Nicolás, mediante el monopolio de los recursos financieros, de la propaganda (prensa y televisión), las comunicaciones monopolizadas al extremo de la centralización de la administración del gasoil y la gasolina.

La intervenida organización de la infraestructura electoral, que de paso está militarizada, con la existencia de centenares de presos políticos, tanto civiles como militares, parlamentarios y organizadores exiliados.

El Ejecutivo actual que encabezan los ciudadanos Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, aprendió de los errores de la experiencia militarista perezjimenista, gestión que tuvo sus éxitos en materia administrativa y económica, pero se desvinculó de las exigencias sociales y políticas, generando contradicciones insalvables en cuanto a intereses en la administración del poder, diferencias y rupturas que condujeron a su derrota.

En su pretensión continuista y hegemónica, Nicolás y sus asesores nacionales y extranjeros idearon “democratizar la actividad política” en forma controlada desde Miraflores, negociando la cesión de algunos espacios a cambio del acompañamiento del llamado presidencial a elecciones de la nueva Asamblea Nacional.

Es completamente explicable que el equipo de gobierno trate de mejorar su aceptación local y en la vecindad, pero debe aprender que no hay otro camino que el respeto a las reglas del juego, no es posible aceptar ninguna consulta electoral que no descanse en elecciones democráticas, la pretensión continuista debe desaparecer.

Y tampoco debemos olvidarnos de la indispensable legitimidad por sus realizaciones, aspecto en el cual tanto Nicolás como su equipo de gobierno están aplazados, “no van para el baile” por incompetentes, vivimos la mayor catástrofe económica, social y política de la vida republicana, nunca antes se había generado tanta miseria en Venezuela.

¿Será posible entonces ciudadanos participar en la cita electoral de Nicolás Maduro, Diosdado  Cabello y Vladimir Padrino López?

 


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