Por:
- Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza
- Génesis Dávila, presidenta de Defiende Venezuela
El 27 de junio de 2023, fue un gran día para la sociedad civil venezolana, en especial, para las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Ello, debido a que la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) que autorizó la reanudación de la investigación sobre la situación Venezuela I, representa una victoria y una esperanza para todos aquellos que buscamos justicia; es un paso más, para que los hechos atroces cometidos en el país sean esclarecidos y las responsabilidades penales correspondientes sean determinadas.
Desde el año 2014, Venezuela comenzó a ser víctima, de manera descarada, de una realidad que nunca antes había vivido; pues comenzaba a implementarse, de forma sistemática y generalizada, la comisión de crímenes de lesa humanidad contra la población civil venezolana, como parte de una política de Estado, para silenciar y neutralizar a todo aquel que fuera percibido como disidente político.
Ante tal situación, las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con las víctimas de tales hechos, comenzamos una labor de documentación de los crímenes cometidos, para construir un acervo que permitiera el registro fiel de lo que estaba ocurriendo en el país y que sirviera para denunciar, con bases sólidas, a nivel internacional, los hechos cometidos. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2017, cuando las respuestas comenzaron a surgir, pues los ataques orquestados contra la población civil que manifestaba una opinión distinta a la del gobierno, fueron mucho más cruentos y feroces, arrojando un saldo de centenares de personas asesinadas en manifestaciones antigubernamentales, más de 15.000 detenciones arbitrarias en el contexto de protestas y la posterior tortura y actos de violencia sexual contra miles de los detenidos.
Esto originó que distintas organizaciones como Amnistía Internacional, Provea, el Foro Penal, Un Mundo Sin Mordaza, Defiende Venezuela, entre otras, alzáramos aún más la voz e, incluso, la ex fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz se pronunciara y apartara de las políticas del Estado, lográndose así que la comunidad internacional uniera esfuerzos para corroborar lo que estaba pasando en Venezuela.
Así, en septiembre del año 2017, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, impulsó la creación del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela para que recabara y analizara información sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Luego de varios meses de trabajo, el Panel concluyó que existían bases razonables para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad y que existía una política de Estado para disuadir y eliminar a la disidencia política, a través de la comisión de crímenes como asesinato, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, encarcelación u otra privación grave de la libertad y persecución, entre otros.
Así, los esfuerzos conjuntos de la sociedad civil venezolana y la comunidad internacional devinieron en que, en febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI abriera un examen preliminar y en noviembre de 2021, decidiera iniciar la investigación sobre la situación de Venezuela, siendo un hecho histórico al tratarse de la primera investigación abierta en América Latina.
Sin embargo, como es sabido, el gobierno venezolano ha acudido y seguirá acudiendo a cualquier cantidad de artificios y tácticas para dilatar el proceso y mermar la competencia de la Corte, tal como hizo con la denominada “revolución judicial” o con la solicitud hecha a la CPI en abril de 2022, para que con base en el artículo 18 del Estatuto de Roma se suspendiera la investigación iniciada y se diera prioridad a las investigaciones que, supuestamente, Venezuela estaba realizando.
A pesar de las tácticas dilatorias del gobierno, que seguramente continuaremos viendo, la decisión del 27 de junio de reanudar la investigación demuestra que la Corte no ha caído en sus artificios. La Sala de Cuestiones Preliminares concluyó que Venezuela no está investigando ni ha investigado hechos delictivos que puedan constituir crímenes de lesa humanidad bajo el alcance pretendido por la fiscalía. A la luz de lo anterior, la Sala decidió que ni siquiera tenía la necesidad de considerar si Venezuela no está dispuesta o es incapaz de llevar a cabo realmente tal investigación o enjuiciamiento, pues no existen tales esfuerzos en el país y por ello autorizó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a avanzar ellos con la investigación.
La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares es un respaldo para las víctimas venezolanas, sobre todo para las al menos 8900 que clamaron por la reanudación en el proceso de consulta de la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones (VPRS). Es por esto, que hacemos un llamado para que los esfuerzos de la sociedad civil y principalmente de las miles de víctimas no decaigan. Continuemos luchando por procurar la obtención de justicia a nivel internacional; el camino es largo, sin embargo, quienes creemos en ella seguiremos trabajando arduamente de la mano de las víctimas para que los hechos atroces no queden impunes.