El saqueo, también llamado pillaje, es la toma o el apoderamiento ilegítimo e indiscriminado de bienes ajenos, bien sea por la fuerza, como parte de una victoria política o militar; en el transcurso de una catástrofe o tumulto, como en una guerra, o bien pacíficamente, aprovechando el descuido o la falta de vigilancia de bienes.
El desfalco es un delito financiero cometido por quien o quienes se apropien indebidamente para su propio beneficio de valores, fondos o bienes que estaban bajo su custodia, ya sea en el ámbito privado como en el público.
Por lo general, el desfalco es un fraude a gran escala en el que intervienen grandes cantidades de dinero y que se lleva a cabo mediante un sistema debidamente calculado que se integra en el operativo de una compañía, por lo que puede llegar a ser muy complicado de detectar inmediatamente.
Además, puede darse el caso que se produzca un desfalco de dentro de una empresa, llevado a cabo por algún empleado o gerente sin que la dirección tenga conocimiento del mismo, es por esto que se suelen realizar auditorías internas cada cierto tiempo y por sorpresa.
Por otro lado, teniendo en cuenta las partidas presupuestarias que manejan las diferentes instituciones públicas y empresas del Estado, se suelen dar casos de desfalcos en los que se llevan a cabo desvíos del capital de manera fraudulenta. Como es el caso venezolano.
Venezuela vive desde hace años una crisis social, política y económica, esta última inconcebible, ante el voraz saqueo de que ha sido víctima, por depredadores del erario público enquistados en altos cargos de la petrolera estatal Pdvsa, que sin escrúpulos se hicieron de inmensas y millonarias fortunas en dólares.
Las cifras del escandaloso saqueo, perpetrado por jerarcas y militantes del PSUV, enquistados además de Pdvsa en otras empresas como Sidor, Venalum y Alcasa, establecidas en el estado Bolívar, oscilan entre los 3.500 y 21.000 millones de dólares, de acuerdo con un trabajo de investigación realizado por Armando.info, a través del proyecto internacional de periodismo, que encontró la complicidad bancaria, de pequeñas instituciones en paraísos offshore y de grandes firmas globales.
Visto lo anteriormente señalado, la pregunta de rigor es por qué razón la Contraloría General de la República, institución cuya función primigenia es la de verificar la legalidad, exactitud y sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de los organismos, instituciones y empresas del Estado sujetos a su control, en ningún momento reparó asumiendo sus funciones, los millonarios contratos realizados por los hoy imputados altos funcionarios del régimen. Ello evidencia a todas luces que hubo una evidente y silenciosa complicidad, claro está por su sujeción a las órdenes de Miraflores.
Algo olía mal y no precisamente en Dinamarca, sino en los predios del poder en manos del gobierno cívico-militar socialista, marxista y mal llamado bolivariano, que tardó demasiado tiempo en dar al traste con el estropicio fraudulento perpetrado contra el erario nacional, cuya cifra mil millonaria difícilmente podrá ser recuperada, algo inaudito e inimaginable, que pasa vergonzosamente a engrosar las páginas negras de nuestra historia contemporánea.
Maduro anunció que será implacable contra quienes depredaron los dineros del Estado, pero el país nacional pregunta: ¿y el dinero robado por los pillos será recuperado e invertido en obras sociales, o será acaso otra fanfarronada más?
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