Desde hace aproximadamente una década, la mayoría de nuestra población comparte la idea sobre la necesidad de la existencia en Venezuela de un gobierno diferente al chavismo, porque cerrando ya la primera década del siglo XXI se hicieron visibles las primeras consecuencias de los graves errores cometidos en sus políticas económicas por el gobierno del presidente Chávez.

La muy discutible victoria electoral del candidato gubernamental en 2012 condujo al Ejecutivo a dedicar el gasto público a la campaña electoral, lo que al resultar insuficiente le impuso a la nación un endeudamiento extraordinario. Recordemos que en las elecciones de ese año, el candidato Hugo Chávez era ya un paciente aquejado por una patología incurable y cuya trascendencia apuntaba con un desenlace a muy corto plazo, tal como ocurrió, perspectiva que no era un secreto para el Ejecutivo, la dirección nacional del PSUV  y mucho menos para el candidato y su familia; sin embargo, en una decisión profundamente reñida con la moral personal, la ética pública y la responsabilidad política, el ciudadano participó en la contienda ganándola, pero esta vez con un margen pequeño, muy distante de las victorias pasadas, revelador del desgaste político, económico y social ocasionado por las políticas públicas impuestas durante 10 años.

Es muy obvio que la enfermedad del presidente conducía a un alto en la dirección del Estado, le imponía a su colectivo el PSUV una revisión critica de su desempeño en el poder,  sus realizaciones y resultados, camino necesario para asimilar los efectos de la desaparición de su líder principal, pero no solo no se hizo, sino que se organizó lo contrario, un asalto a las normas que pautan el proceso de la recomposición de la dirección del Estado, punto de partida de la usurpación madurista a quien se le entrega el control del Ejecutivo y en buena medida del poder y los recursos del Estado petrolero para competir con el candidato opositor, y aun así con tan formidables ventajas, el «heredero» obtiene un margen de ventaja muy pequeño en la consulta intervenida de 2013, negándose a revisar los resultados. ¿Quedó pendiente su legitimidad?

Con la gestión de Nicolás Maduro ha quedado en franca y aplastante evidencia la magnitud de los errores cometidos en la acción de gobierno del presidente Chávez, en todos y cada uno de los órdenes de la gestión pública, pero muy especialmente en el campo económico, verdaderos horrores que han conducido a una catástrofe del aparato productivo, cuyo indicador más relevante es la quiebra de Pdvsa, la desaparición de nuestro principal instrumento de crecimiento económico, arrastrando el empleo y los salarios, registrándose en la gestión del ciudadano Nicolas Maduro un profundo empobrecimiento de la República, fenómeno  que ha conducido a la migración de millones de  ciudadanos dada la imposibilidad de sobrevivir en el interior del país.

Y como consecuencia natural y muy explicable dada la gravedad del fenómeno de pobreza generada en las ciudades, de hambre producida en los barrios,  la resistencia y la protesta de la comunidad en contra del gobierno a todos sus niveles, se ha convertido en un lugar común, obligando a las organizaciones sociales y políticas a participar en las movilizaciones de defensa del derecho al empleo, al salario, a la salud y a la vida de los venezolanos. Proceso de deterioro que ha sumado un nuevo y muy poderoso señalamiento al gobierno madurista, ¿su credibilidad?

Sobran las razones para proponer un gobierno de transición.


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