Los fondos soberanos, instrumentos financieros de ahorro e inversión de los gobiernos, son invenciones relativamente recientes. En la década de los noventa existían apenas ocho en el mundo, un número que alcanza casi 100 fondos actualmente. Si bien los estudios y análisis de estos fondos datan de poco más de 20 años,se ha evidenciado que los fondos soberanos pueden llegar a multiplicar la riqueza de un país, prevenir crisis económicas, servir de respaldo para garantizar una alta calidad de vida y dinamizar la productividad de una nación.
Países cuyas economías dependen de materias primas han creado fondos soberanos para conseguir precisamente estos objetivos. El fondo soberano de Noruega (GPF-G), el más grande del mundo, a través de un manejo adecuado de sus ingresos petroleros, una política de inversión liderada por expertos y un ambiente doméstico estable ha crecido de 23.000 millones de dólares en 1998 a 1,3 trillones de dólares actualmente —lo que representa el PIB de México. En Chile, el ahorro e inversión de ingresos por la venta de cobre en sus fondos soberanos (FRP y FESS) fueron claves para estabilizar la economía durante la crisis financiera global de 2008-2009.
Sin embargo, como los venezolanos hemos aprendido de primera mano, existe la posibilidad de que los miles de millones de dólares ahorrados en estos fondos sean derrochados o malgastados para fines políticos. En la legislación venezolana existen dos fondos soberanos: el Fondo de Inversión y Estabilización Macroeconómica (FIEM), creado en noviembre de 1998 y reformado en 2005 renombrándose Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), con objetivos de estabilización; y el Fonden, creado en julio de 2005 por Hugo Chávez con fines de desarrollo social y económico doméstico.
Tristemente, Venezuela figura regularmente como caso infame de cómo no administrar un fondo soberano. ¿Por qué? Porque, en 23 años de chavismo, no se controló la deuda, la inflación o los déficits presupuestarios. No se aumentó la riqueza ni se preservó el poder adquisitivo. No se invirtió en modernizar la industria petrolera o diversificar la economía. No se ahorró para asegurar el bienestar de futuras generaciones.
El chavismo de todo matiz representó su papel para ayudar a desaparecer más de 150.000 millones de dólares ahorrados en el FEM y el Fonden para sobrevivir en el poder, ya sea en Miraflores, Portuguesa o Maturín. Mientras los gobiernos de Chávez y Maduro se excusaron con guerras económicas, el imperio y el capitalismo salvaje, las razones del desfalque van mucho más allá. Mis investigaciones recientes incluso demuestran que el colapso de los fondos soberanos no depende de la naturaleza democrática o autoritaria de un país. La dictadura represiva de Azerbaiyán ha trasladado sus ingresos por exportaciones petroleras y gasíferas a su fondo soberano (Sofaz) incrementando su reserva de tan solo 500 millones en 2001 a 40.000 millones de dólares actualmente.
El factor determinante del vaciamiento y desaparición del dinero de cualquier fondo soberano recae en lo político, específicamente en la inestabilidad política que afecta los contextos domésticos en los cuales estos fondos soberanos operan.
Venezuela, claramente, no ha sido un país políticamente estable en lo que va del siglo XXI. Desde la desvergüenza de canalizar los ahorros del FEM y el Fonden para comprar votos o lealtades civiles y militares; facilitar contratos y proyectos fantasmas a camaradas políticos; y comprar apoyo internacional en Cuba, el Caribe, Irán o Bolivia, el retroceso autoritario de la revolución bolivariana ha causado inestabilidad doméstica e incertidumbre que les han incentivado a despilfarrar el dinero de los venezolanos en aras de garantizar su supervivencia y la de su clan político.
Inversamente, en un país caracterizado por un contexto político estable, los horizontes temporales de los gobernantes son más longevos y permiten adoptar una estrategia de estabilización, ahorro e inversión al largo plazo —la raison d’être de los fondos soberanos—. En consecuencia, es imposible que bajo el liderazgo de cualquier gobierno bolivariano, recurrentemente temeroso de inseguridades y desestabilizaciones domésticas y externas, un fondo soberano sea aprovechado para asistir a la ciudadanía, a la economía y a las oportunidades futuras.
Basado en estas lecciones, existen algunas recomendaciones elementales para la propuesta de un fondo soberano en una Venezuela estable postransición:
Primero, se debe renombrar el FEM a FIEM y reforzar su objetivo de estabilización macroeconómica. Esto contribuirá a controlar los desbalances fiscales y económicos que causan inflación, mayor pobreza y menor productividad —una misión que no solo ha fallado la revolución bolivariana, sino también los gobiernos democráticos de 1974 a 1999—. En paralelo a los programas de desarrollo que aborden los problemas inmediatos del país, una parte importante de los ingresos petroleros debe ser para el FIEM con el propósito único de dar respaldo al bolsillo de los venezolanos durante crisis económicas.
Segundo, conjuntamente con el propósito de estabilización y su renombramiento, añadir un objetivo paralelo de ahorro e inversión al mediano y largo plazo. A medida que la producción petrolera aumente, el capital acumulado en el fondo debe ser manejado por expertos, tanto venezolanos como foráneos, en la administración de bienes, limitando así la intrusión política. Esto con la finalidad de invertir el patrimonio del FIEM en otras economías y mercados financieros extranjeros para obtener mayores rendimientos financieros que preserven la riqueza nacional y el poder adquisitivo de futuras generaciones.
Por último, el nuevo gobierno debe abolir el Fonden. No porque la idea de un fondo para el desarrollo del mercado y la industria doméstica sea terrible sino porque no estamos preparados. La mayoría de los fondos de desarrollo en casos exitosos (China, Qatar, Singapur y Emiratos Árabes Unidos) se crearon mucho después de comprender y madurar en el manejo de fondos de estabilización, ahorro e inversión, algo que nunca ha sucedido en el contexto venezolano. También se necesita una visión de país: trazar una ruta de desarrollo doméstico clara, consolidar un sector privado vigoroso y, lo más importante, generar estabilidad y certidumbre política.
Bajo un modelo chavista, propagador de inestabilidad e incertidumbre política, un fondo soberano nunca podrá crecer como el noruego o estabilizar la economía como el chileno. La coalición democrática para el 2024 propondrá muchas reformas políticas y económicas destinadas a resolver los problemas críticos en el corto plazo. No obstante, recordando las crisis fiscales y financieras de la cuarta república y la catástrofe de la Venezuela bolivariana, es prudente y responsable para un sólido programa de gobierno democrático ofrecer mecanismos que nos embarquen en la ruta hacia un país de oportunidades y desarrollo en el mediano y largo plazo. Un fondo soberano con las características mencionadas, consiguientemente, será una herramienta clave para lograr este objetivo.