Los derechos humanos en Venezuela siguen sumergidos en el momento más oscuro ante un Estado que no tiene miramientos para aniquilarlos.
Si recurrimos a la historia, observamos que la vulneración de la libertad de expresión y la restricción al libre ejercicio del periodismo en Venezuela ha sido sistemática. El cierre de medios de comunicación social, la imposición de una línea editorial, las detenciones arbitrarias contra periodistas y los expedientes sustanciados de Conatel convertido en un verdadero tribunal de inquisición han ido acabando con una de las ventanas más sagradas en una democracia.
Sin duda alguna, estamos en presencia de una muerte lenta de la libertad de expresión, sentenciada por un Estado que se ampara en la falta de autonomía e independencía de poderes públicos para ejecutar acciones al margen de nuestra Constitución Nacional.
Es triste y lamentable para una población víctima de la crisis económica más devastadora con sueldos miserables, sin vacunas contra el covid-19 mientras hay un crecimiento exponencial de casos, pero al Estado no le importa y lo que hace es reactivar la persecución contra los medios de comunicación, equivocando nuevamente de enemigo.
La pandemia, los decretos de excepción y alarmas perpetuos, le siguen permitiendo al Estado actuar al margen de la carta magna. La restricción al libre ejercicio del periodismo es muy grave, la censura previa, el cierre de medios audiovisuales, impresos, sistemas radioeléctricos con la sumisión de loa poderes públicos colocan a la libertad de expresión en terapia intensiva sin posibilidad de sobrevivir.
El Estado olvida el expediente ya en fase 3 que procesa la CPI por crímenes de lesa humanidad y que solo falta que el nuevo fiscal, que en breve tiempo asume el cargo para impulsar la firma del informe preliminar e iniciar la investigación penal. Subestimar este proceso es ingenuo y les recuerdo que las violaciones graves de los derechos humanos y crímemes de lesa humanidad no prescriben ni existen privilegios para los responsables.