Sacudirle a Venezuela la cultura caudillista, la del capataz político, costó mucho a la democracia, entre 1959 y 1999. Deja, sin embargo, resabios, en las cúpulas del partidismo, tanto que resucita al apenas iniciarse el siglo XXI, pero con una desviación perversa.

El general Juan Vicente Gómez, andino y acotado, cuya impronta como déspota de un gobierno de letrados marca la primera mitad de nuestro pasado siglo, hecha los dientes mirando a las montañas. Mira hacia el cielo y sabe de límites, como el permanecer en el poder hasta que Dios mande. Pero respeta, por ende, los sacramentos, las formas de urbanidad, las reglas que curan contra el caos social y aseguran la amistad civil.

No se muda de Caracas a Maracay sin antes asegurarse que se ha reformado, para ello, la Constitución. Y al concluir cada mandato no permanece siquiera un minuto más en el ejercicio del poder. Lo traslada al presidente de la Corte Federal o al del Consejo de Gobierno, mientras sale por una puerta e ingresa por la otra para juramentarse.

Ese andamiaje de ataduras o acotamientos ha saltado por los aires. Su disolución actual ocurre a la luz del día, más por la jactancia de ensoberbecidos que por deberes de transparencia; pues hasta se forjan fraudes a la legalidad o se falsifican documentos a conveniencia, como el de la muerte de Hugo Chávez o los que expide como baratijas la inefable sala inconstitucional.

El poder se ejerce a trompicones, en abierta colusión con la ilegalidad y la indecencia. Modela conductas y mentes bajo clara inspiración cubana, a lo largo de las últimas dos décadas. Aplana, incluso, la sobriedad característica de nuestra tradición caudillista.

¿A cuenta de qué viene esta perorata?

Leo recién la carta de despido de nuestro embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti, hombre de Estado y reconocida trayectoria. En el pasado maneja con probidad y experticia al país petrolero que somos, y hasta preside la OPEP. Su adversario político, Carlos Andrés Pérez, incluso le nombra canciller de la República para atenuar la crisis democrática que se lo engulle.

La remoción de un diplomático es normal en el oficio, si se sabe hacer y con tacto. Ninguna relación hace con los cambios rutinarios de la burocracia. Me deja estupefacto, así, la razón que se alega en el caso de Calderón: el cambio de la política exterior por el encargado presidencial. Obvia, el redactor de tan insólita carta, que tal política es de Estado y no de gobierno, es de base constitucional y esencia permanentes. Es inmodificable, salvo en sus énfasis, exceptuándose al régimen usurpador de Nicolás Maduro.

Mal cabe el argumento obsecuente que algún parlamentario avanza, para decir que en democracia no hay empleos públicos por derecho, como lo pretendiera Evo Morales en Bolivia. ¡Y es que obvia el mal ejemplo de sus pares, atornillados como propietarios de partidos – piezas de museo – desde hace dos décadas y algo más, en algunos casos! Son los resabios a los que aludo, matizados por la ruptura corriente de los cánones para la convivencia sana y el respeto ajeno.

Lo ocurrido con Calderón es muy serio, salvo para los narcisistas digitales. Se ha comprometido a la nación y al prestigio del mismo gobierno parlamentario de Juan Guaidó. Trastorna los esfuerzos para la solución de la tragedia que lleva a cuestas Venezuela. No se midieron las incidencias sobre el gobierno ante el cual estaba acreditado, Colombia, que al paso sufre de manera gravosa al clan narco-criminal que tiene como vecino.

Cuando se decide nombrar a un embajador, no se olvide esto, antes de hacerlo el gobierno que le acredita consulta al gobierno de destino, al que le envía los antecedentes del candidato. Ha de ser aceptado por éste y de allí que se le dé o no el plácet. Su remoción concita, inevitablemente, iguales efectos bilaterales que han de cuidarse.

Pero vuelvo al principio, al desenfado en los modos que, si bien es propio de la fluidez dentro del llamado ecosistema imperante, no puede llegar a tanto como lanzar sobre la ruleta los asuntos vitales del Estado; sobre todo si se admite que el cese de la usurpación planteada en Venezuela ha de implicar un cambio de mentalidad, no una simple modificación de políticas públicas o de titularidades de cargos que se asignan a discreción de un conciliábulo clientelar.

En mi larga proximidad al espinoso mundo de la diplomacia, durante cuatro décadas de enseñanza y varios años de servicio exterior e internacional, dos aprendizajes me acompañaron. Los dejo a beneficio de inventario. No son consejos, pues no los doy a quien no me los pide.

El país perdió y vio achatado su territorio, o sufre de agresiones por potencias extranjeras, más por los desplantes y la falta de sensatez de algunos de nuestros gobernantes, sobre todo de los parlamentarios, que por obra de nuestras debilidades nacionales.

Desde cuando puse mi primer pie en la Casa Amarilla – era un estudiante menor de edad – y fui al encuentro del canciller de Venezuela, Ignacio Iribarren Borges, firmante del Acuerdo de Ginebra que destruyen los errores a mansalva del chavismo, entendí el compás del ambiente y de sus procederes casi vaticanos. Tanto que, en 1979, el presidente Luis Herrera, metafóricamente me los explica cuando ejerzo como vicecanciller provisional de otro gran veterano, José Alberto Zambrano Velazco: “La política exterior, querido Asdrúbal, no da votos, los quita todos cuando se yerra o se la hace depender de los enconos”.

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