Por Dr. Geógrafo Antonio De Lisio, profesor titular de la UCV
La renovación de la junta directiva de la Asamblea Nacional que ha marcado el inicio de este 2020 debe ser asumida por los venezolanos en toda su trascendencia. No se trata solo de la derrota drástica de las minorías, del PSUV y de la tránsfuga y dolosa “fracción CLAP”, que pretendieron hacerse de la conducción de la AN a la fuerza, transgrediendo el reglamento interno y con la ya desenmascarada intención de manipulación de opinión pública.
La juramentación de Guaidó y del resto de la directiva legitima, el 7 de enero de 2020 en el Palacio Legislativo, franqueando el cortapisa militarista con el apoyo de la amplia mayoría de 100 diputados, no es solamente una fecha épica para la democracia parlamentaria. Marca también la continuidad del Plan País en elaboración que, coordinado desde la Asamblea, intenta la refundación democrática, productiva y sustentable de Venezuela. Hay que resaltar que en esta hoja de ruta se hace un énfasis particular en el logro de un país sustentable. Para salir decididamente del pasado, se han tomado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda ONU 2030) como una orientación fundamental de formulación y ejecución del plan, para alcanzar las aspiraciones de sustentabilidad plasmadas, especialmente, en los artículos ambientales de la Constitución.
Más puntualmente, el plan plantea como metas inmediatas: poner fin a la deriva institucional que significó la eliminación del Ministerio del Ambiente en 2014, el primero creado en las Américas y el segundo en el mundo, después del francés; terminar con la distopia del extractivsimo minero y cumplir seriamente con los compromisos de Cambio Climático, Biodiversidad, Descontaminación y Derechos Humanos, en los que se centra la agenda ambiental internacional. En este sentido, se recogen como acuerdos ambientales específicos del plan:
- La recuperación social, económica y política del país consustancial con la sostenibilidad ambiental.
- Una nueva institucionalidad autónoma y de alto nivel que garantice el cumplimiento de las funciones ambientales del Estado venezolano, entre las cuales destaca la garantía de los derechos humanos ambientales
- La instrumentación de la derogación del Decreto del Arco Minero del Orinoco y la atención de las personas afectadas por la degradación ambiental causada.
- La corresponsabilidad ciudadana en la gestión ambiental y la construcción del desarrollo sostenible nacional.
De tal manera que el inicio de este 2020, con la victoria democrática en la AN, se mantiene la lucha por alcanzar la Venezuela sustentable. Este es un objetivo que probablemente acreditó Luis Parra, quien se ha desempeñado desde 2016 como diputado de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, incluso presidiéndola en 2018. Su vinculación con el cuestionado informe legislativo absolutorio de los CLAP de la Comisión de Contraloría resulta inexplicable para los que hacen vida en la de Ambiente. De la misma manera, a muchos les la ha tomado por sorpresa el papel que está cumpliendo de Caballo de Troya de la destrucción nacional, yendo en contra del futuro que el país clama para salir del empobrecimiento en el que inauditamente nos han conducido, teniéndolo todo para ser una nación socialmente, ecológicamente y económicamente sustentable.