Un principio básico de economía, grabado en piedra, es que la productividad determina la capacidad adquisitiva de una población en el tiempo. Nos referimos a la productividad laboral, que mide los bienes y servicios producidos por trabajador. Entre los factores que explican su mejora está la inversión en maquinaria y equipos, la innovación y aplicación de nuevas tecnologías, la capacitación de la mano de obra y la reducción de las trabas de todo tipo a las actividades de producción e intercambio.
Durante muchos años Venezuela eludió esta ley de hierro gracias a las rentas internacionales que captaba por la venta de su crudo. Permitían, en el marco de un esquema proteccionista, remunerar a trabajadores y empleados por encima del valor de su productividad. Bajo los gobiernos democráticos redundó en altos niveles de bienestar. Pero alimentó una cultura rentista, propicia a prácticas populistas y clientelares, cuyas perversiones fueron minando las bases de sustento de la democracia. Le tendió la cama al advenimiento de un “salvador de la patria”, quien buscó el control personal de Pdvsa para dilapidar estas rentas entre cómplices y en programas populistas que le dieran réditos políticos: “Ahora Pdvsa es de todos” (¡!). Con tan formidables recursos, Chávez procedió a desmontar las instituciones que amparaban a las actividades económicas del sector privado, bajo la consigna de construir el “socialismo del siglo XXI”. Creó, así, las condiciones que terminaron por arruinar la economía.
Como sabemos, Nicolás Maduro acentuó este desastre. A ello contribuyó mucho la profundización y extensión de prácticas depredadoras entre militares corruptos y “enchufados”, propiciadas por su mentor. Ahora resultaban aún más decisivas para mantenerse en el poder. Pero al bajar los precios internacionales del crudo de los niveles abultados que había disfrutado Chávez, la economía cayó en barrena. Se encogió a menos de la cuarta parte de cuando asumió Maduro. Imposible satisfacer en estas circunstancias a sus secuaces y mantener un nivel manejable de paz social. Atendiendo, presumiblemente, a quienes habían asesorado a Rafael Correa en Ecuador, Maduro engavetó la prédica socialista y se acercó al sector privado, liberando precios y la circulación de dólares. A pesar de respuestas que parecían auspiciosas, la incipiente liberalización no tardó en verse comprometida por los desequilibrios intrínsecos a la gestión chavo-madurista. Saltó el precio de la divisa, con impacto en algunos precios internos, porque el sustrato productivo de la economía seguía siendo muy precario. Veamos.
Durante los años en que la actividad económica se reducía (2014-2020) y, con ello, la productividad laboral, Maduro pretendió defender la capacidad adquisitiva de los trabajadores decretando sucesivos aumentos del salario mínimo (21 hasta finales de 2021). Pero, con el colapso de la base impositiva por la ruina de la economía doméstica y de la capacidad productiva de Pdvsa, y el aislamiento financiero internacional del Estado, luego del default fáctico sobre sus deudas en 2017, no tenía cómo pagarlos. Acudió al financiamiento monetario del Banco Central, que terminó multiplicando la liquidez en más de 70 millones durante estos años, sumiendo al país en una hiperinflación pavorosa. Sus decretos produjeron el efecto contrario: para finales de 2021 el salario mínimo real (con bono de alimentación) se había reducido a solo 5% de cuando asumió la presidencia. Pero en marzo, Maduro decretó otra alza.
El combate a la hiperinflación lo emprendió Maduro demasiado tarde, cuando ya había acabado casi por completo la capacidad adquisitiva de los venezolanos. Se concentró, además, en reducir de forma drástica la oferta monetaria, recortando el gasto público, paralizando prácticamente la actividad crediticia de la banca con encajes prohibitivos y vendiendo los escasos dólares que entraban al BCV para “anclar” su precio y absorber liquidez. Contribuyó, así, a deprimir aún más la actividad productiva y, con ello, la remuneración de los trabajadores. En absoluto introdujo medidas que buscaran reequilibrar la economía promoviendo una mayor demanda de las variables monetarias. De ahí su precariedad.
La economía venezolana revela actualmente un desempleo altísimo de recursos productivos, mídase como se mida. Obviando la incómoda discusión de cuál es el producto potencial real del país en estos momentos –parte del aparato productivo ha sido destruido más allá de toda recuperación-, es patente que, con las políticas adecuadas, la actividad económica podría incrementarse radicalmente en poco tiempo. Estamos hablando de superar el nivel más alto del PIB (real) registrado, el de 2013, en menos de 15 años. Por el contrario, con la “normalización” de Maduro ello tardaría, en el mejor de los casos, unos 40 años. Tan rápida reactivación conllevaría un incremento significativo de las transacciones –actividades de compraventa, contrataciones, créditos, empleo, inversiones- que permitirían reabsorber los excedentes monetarios. Sería un ajuste expansivo. En presencia de un fuerte desempleo de recursos, la política antiinflacionaria no debe dejar por fuera la activación de la demanda monetaria.
¿Cómo se diferenciaría de la gestión de Maduro? A continuación, algunos aspectos centrales:
1) Un retorno al ordenamiento constitucional y a las garantías inherentes al Estado de Derecho, que impliquen reglas de juego que den seguridad y confianza a los inversionistas;
2) La concertación de un generoso financiamiento internacional, con una reestructuración profunda de la deuda externa, capaz de auxiliar un programa exitoso de estabilización macroeconómica y proveer los recursos con los cuales recuperar la capacidad de gestión del Estado;
3) Aprovechamiento cabal de la capacidad ociosa del aparato productivo nacional en el corto plazo;
4) Una estrategia de desarrollo explícitamente orientada al desarrollo de la competitividad, con base en políticas industriales bien concebidas y articuladas, favorables al emprendimiento productivo;
5) El aprovechamiento de la transición energética y de las oportunidades de la 4ª Revolución Industrial, fortaleciendo las capacidades de innovación y de desarrollo tecnológico del aparato productivo.
La “normalización” de Maduro se centra, por el contrario, en el consumo de bienes importados pagados en dólares. Un rentismo raquítico, porque estos escasean. Muy poco va en aumentos en la producción y en la generación de empleo productivo. De ahí su tipificación como burbuja. Para nada se orienta a superar los factores que entraban el aprovechamiento de la enorme capacidad inutilizada que presenta, hoy, el aparato productivo doméstico, en particular:
a) La emigración de mano de obra calificada y de talento profesional;
b) El colapso de los servicios públicos y de la infraestructura física;
c) Un marco institucional –leyes, reglamentos— asfixiante y punitivo, aplicado a discreción;
d) La destrucción del tejido industrial (clusters que sustentan la competitividad): proveedores, industrias complementarias, servicios especializados de apoyo, etc.
e) Una banca atrofiada, que ha visto reducir sus activos en 90% y su capacidad de intermediación en su casi la totalidad desde 2013;
f) El colapso de la capacidad de respuesta administrativa y de gestión del Estado en tantas áreas;
De resolverse exitosamente los cuellos de botella señalados, el salto en la productividad sería inmediato. Permitiría aumentar las remuneraciones significativamente en un corto plazo, satisfaciendo expectativas de mejora sostenida en las condiciones de vida de la población trabajadora. Pero ello solo sería posible en el marco de condiciones como las referidas arriba. ¿Podrá Maduro con eso?
“¡Mucho camisón pa’ Petra”!, habrían exclamado nuestros padres. Por las denuncias que se leen a diario, Maduro en absoluto le interesa alterar la dinámica de expoliación de militares corruptos y enchufados. ¿Dónde están las garantías para quienes quisieran invertir con miras en el largo plazo? ¿Y para que el talento emigrado retorne, aunque sea en parte? ¿Dónde los derechos laborales que permitan luchar por mejoras en las condiciones de trabajo y negociar las remuneraciones que se merecen? ¿Y la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos de la nación que se confían a quienes dirigen el Estado? ¿Dónde están los derechos humanos y civiles que amparen la movilización ciudadana a favor de la recuperación de los servicios públicos y niveles dignos de seguridad? ¿Cómo queda la libertad? Agenda obvia para el cambio político por el que claman los venezolanos.