Con bombos y platillos, en mayo de 2018, Elías Sayegh, alcalde del municipio El Hatillo, promulgó una “ordenanza ecológica de convivencia ciudadana” que, entre otras cosas, se proponía sancionar los ruidos molestos. Lamentablemente, dicha ordenanza, que parecía anunciar un compromiso con el medio ambiente y con la calidad de vida de los hatillanos, nunca se tomó en serio, siendo infringida por las propias autoridades municipales, o con su complicidad, o, por lo menos, con su aquiescencia y colaboración. El hecho es que, el fin de semana del 14 y 15 de diciembre, la Alcaldía de El Hatillo autorizó, en una zona residencial del municipio, en la Avenida Principal de La Lagunita, un evento comercial que, durante dos días, sometió a los vecinos a un ruido intolerable. No es el caso indicar el nombre de la empresa o personas a cargo de ese negocio; lo que interesa es que dicho evento fue autorizado por la alcaldía, sin importarle que se pudieran violar los derechos de terceros o que se pudiera dañar el ambiente, y sin tener en cuenta “la convivencia ciudadana”. Sorprendentemente, la policía de El Hatillo brindó su asistencia, garantizando la seguridad externa y la circulación vehicular, a fin de que dicho evento, incluso si violaba la ley, se pudiera realizar sin inconvenientes.
La Ley Orgánica del Ambiente atribuye a las autoridades nacionales, estadales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, la responsabilidad de asegurar la conservación de un ambiente sano y eliminar las fuentes de contaminación, incluyendo la contaminación generada por el ruido. Desde luego, las competencias municipales en materia ambiental tienen que ejercerse de acuerdo con la Constitución y las leyes, a fin de proteger el medio ambiente, y nunca para degradarlo. Por si no lo sabe, señor alcalde, según la ley, se consideran actividades capaces de degradar el ambiente, entre otras, las que produzcan ruidos y vibraciones molestos o nocivos.
El reglamento de la Ley Orgánica del Ambiente relativo a ruidos molestos y nocivos los clasifica en distintos grados, según su intensidad, su duración y la hora en que se producen. Un ruido continuo, entre 65 y 80 decibelios, por un lapso no menor de 8 horas, entre las 7:00 am y las 10:00 pm, se considera que produce una molestia grave y, por lo tanto, está prohibido. En todo caso, según el Reglamento, en las zonas residenciales el ruido máximo permitido es de 55 decibelios. Se estima que 80 decibelios es el ruido equiparable al sonido de un timbre o de un camión en movimiento; por supuesto, el ruido que denunciamos (que comenzó antes de las 10:00 de la mañana y que se prolongó hasta las 10.50 p.m.) era más comparable al de una banda de música rock, con altoparlantes retumbando justo al lado de nuestros oídos. Ahora sabemos a lo que se refieren los presos políticos, internados en “la Tumba” o en los cuarteles del Sebin, cuando denuncian la tortura de una música estridente, que no cesa, y que les impide descansar.
No es mi intención sugerir que, al autorizar este tipo de eventos comerciales, el alcalde o algún funcionario municipal tengan un interés directo o indirecto en los beneficios obtenidos. Sencillamente, según la Ley del Ambiente, los permisos, autorizaciones, o cualquier tipo de acto administrativo contrario a ella o a sus reglamentos, son nulos, y los funcionarios que los otorguen incurren en responsabilidades administrativas, penales y civiles. ¡Ni siquiera se requiere que haya un lucro personal o que se demuestre un acto de corrupción, como aquellos a los que algunos políticos y funcionarios nos tienen tan acostumbrados! En un país con dos fiscales generales de la República (uno de verdad y otro de fantasía), ¿no habrá alguien capaz de tomar cartas en el asunto?
Los venezolanos (y los hatillanos) no tenemos nada que celebrar, señor Sayegh. Aun así, en esta época, sería insensato pretender que la gente no se divierta; pero también se puede disfrutar sin molestar a los demás. Si ese es el caso, señor alcalde, usted podría haber otorgado ese permiso para que el evento de marras tuviera lugar en un espacio cerrado (preferiblemente al lado de su casa o la de sus padres, si es que ellos no tienen inconvenientes), y nunca en una zona residencial o en donde pueda alterar “la convivencia ciudadana”, por la que usted ha demostrado sentir tanto desprecio o, por lo menos, absoluta indiferencia. Y, respecto de la policía, estoy seguro que se podría hacer un mejor uso de ella, garantizando la seguridad de los vecinos y el respeto de las leyes.