El último informe sobre Venezuela que presentó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, revela que el Estado mantiene un patrón de conducta reprochable en materia de protección, garantía y respeto por los derechos humanos.
Continúan en el país las detenciones arbitrarias y, peor aún, manteniendo encarcelados a quienes ya tienen boletas de libertad, una justicia penal irrespetuosa del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el debido proceso con el derecho a la defensa, el juez natural y la presunción de inocencia.
Una actitud reprochable es que los jueces convocan a audiencias para luego suspenderlas sin justificación alguna. Una práctica que se ha vuelto regular y que debe cesar de inmediato.
También condeno que el Estado no haya permitido al equipo técnico de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU entrar a los calabozos de la DGCIM y El Helicoide con el objeto de conocer la situación de los presos políticos.
Hago un llamado al recién juramentado TSJ a poner orden en la justicia penal, especialmente con respecto a la suspensión de las audiencias y la liberación de los detenidos que ya tienen boletas de excarcelación.