El título que antecede no es producto de mi creación intelectual sino la traducción de la frase «Democracy’s Last Line of Defense: Preserving an Independent Judiciary» que presidió un evento celebrado el 14 de marzo pasado en Boston, Massachusetts, organizado por The National Judicial College (Colegio Judicial Nacional) y la International Academy of Trial Lawyers (Academia Internacional de Abogados litigantes).
En el acto participaron calificados profesores y académicos así como jueces y abogados que trataron distintos tópicos relacionados con el derecho y el funcionamiento de la justicia en los Estados Unidos, entre ellos Elizabeth Andersen, Directora Ejecutiva del World Justice Project® (WJP), organización que, a través del informe llamado WJP Rule of Law Index® colocó a Venezuela en 2023 en el penúltimo lugar, o sea, el número 141, mientras que España ocupó el puesto 30; y en la justicia penal, nuestro país subió al lugar 142 mientras que España bajó al puesto 25 (https://www.elnacional.com/opinion/el-estado-de-derecho-y-la-justicia-vistos-desde-el-world-justice-project/).
En su exposición ante los asistentes, Andersen afirmó: “( … ) estamos viviendo una recesión global en el Estado de Derecho ( … )”; y, con respecto a los sistemas judiciales, “(…) las tendencias negativas se relacionan principalmente con el aumento de los retrasos, la discriminación y la influencia gubernamental indebida en la toma de decisiones judiciales. Desde 2016, más del 65% de los países experimentaron declives en estas áreas y los declives fueron bastante pronunciados, en promedio”.
Al tratarse de un simposio para norteamericanos, la expositora se centró en los Estados Unidos, país que generalmente es considerado como una larga y estable democracia con un funcionamiento sincronizado del Estado de Derecho y la independencia de poderes, y sus palabras resultaron, a mi modo de ver, verdaderamente decepcionantes cuando demostró a los asistentes que la gran nación del Norte ocupa el puesto 26 en el aludido Índice de 2023.
Luego de hacer un análisis del informe, Andersen no se quedó en lamentos ni en pesimismos: “A pesar de las generalizadas tendencias globales negativas en el Estado de Derecho, vemos jurisdicciones que están desafiando la marea autoritaria y están haciendo un progreso constante en el Estado de Derecho”.
En este sentido, se permitió formular algunas recomendaciones.
En primer lugar, el liderazgo importa, incluido el liderazgo judicial. “Hablamos sobre el Estado de Derecho en términos de leyes, instituciones y normas, pero por supuesto son los individuos quienes toman decisiones que dan vida al Estado de Derecho y lo hacen real. Estos líderes del estado de derecho a menudo toman decisiones contrarias a sus intereses personales e incluso con gran riesgo personal, y sus contribuciones a menudo no son reconocidas. Pero la investigación, y nuestra propia experiencia vivida aquí en los Estados Unidos en los últimos años, resalta muchos casos en los que el liderazgo individual basado en principios marcó la diferencia”.
Ciertamente, el liderazgo judicial es muy importante y se manifiesta cuando el magistrado o el juez asume sus responsabilidades como administrador de justicia y concienzudamente dicta sus decisiones con apego al derecho. Esto implica, por supuesto, exponerse a la ira satánica del dictador de turno o de grupos de poder violentos y a peligros a su integridad física y de su círculo familiar -cuando se aplica la desaparición forzada o el sippenhaft-, muchas veces ante la lejana y temerosa mirada de la ciudadanía.
En segundo lugar, el mantenimiento del Estado de Derecho es una responsabilidad ampliamente distribuida, dice; y añade: “El progreso a menudo ocurre a nivel local, y no solo es un asunto de jueces y abogados. Sí, el poder judicial puede ser la última línea de defensa, pero fortalecer el estado de derecho requiere las contribuciones de muchos otros también; es un esfuerzo de toda la comunidad. Por ello, las sesiones de mañana sobre el mantenimiento del estado de derecho a través de las constituciones estatales y sobre la participación de los medios de comunicación y los líderes del barrio en el alcance comunitario son muy acertadas y prometen importantes ideas y conocimientos que podemos llevar adelante”.
Efectivamente, la participación de la colectividad es fundamental en el mantenimiento del Estado de Derecho y, como he comentado en diversas oportunidades, se requiere la divulgación del derecho para que sea conocido por todos y para ejercer los derechos ciudadanos, y facilitando entender la importancia de un Estado de Derecho.
Una tercera lección es que, para obtener el necesario apoyo amplio de la sociedad, el Estado de Derecho debe ser percibido y experimentado como un beneficio tangible en la vida cotidiana de las personas. “Cuando la gente sale a las calles y a las urnas para defender el Estado de Derecho, es porque ven una amenaza para algo que les importa. Desafortunadamente ( … ) un número creciente de personas, especialmente los jóvenes, no valoran el Estado de Derecho y la democracia, y muchos dicen que incluso preferirían un enfoque autoritario para el gobierno, al menos si el autoritario estuviera de su lado”.
Como señalé, para defender el Estado de Derecho hay que conocer lo que significa su vigencia, que no es la voluntad del mandón de turno ni de los grupos de poder que controlan a su antojo los poderes públicos, sino es preciso saber que en el Estado de Derecho todas las personas, incluidos los gobernantes, están sujetas a la Constitución y deben obedecer las leyes, y que el poder del Estado debe ejercerse de acuerdo con normas establecidas y respetando los derechos fundamentales.
La cuarta recomendación de Andersen, con referencia a Estados Unidos -pero aplicable a muchos países del orbe- es la necesidad de facilitar a los ciudadanos el acceso igualitario a la justicia “( … ) para resolver sus problemas legales cotidianos, como problemas de dinero y deudas, disputas de consumidores, vivienda y asuntos familiares sobretodo para para las poblaciones pobres y tradicionalmente marginadas ( … )”.
De esta afirmación es fácil deducir que cuando se limita o impide a los ciudadanos el derecho de acceder a la justicia de manera equitativa, sin discriminación, para hacer valer sus derechos y resolver sus conflictos legales, se socava la base misma del Estado de Derecho y se vulnera la garantía de igualdad ante la ley.
Para concluir, no hace falta en abundar en más palabras, así que, parafraseando el título del evento bostoniano, me permito afirmar: Preservar un Poder Judicial Independiente es la última línea de defensa de la democracia.