En octubre del año 2009 una bien orquestada presión del gobierno chino impidió el financiamiento internacional del documental The 10 Conditions of Love. La pieza fílmica de una hora de duración revelaba los esfuerzos de una líder uigur para ayudar a su pueblo a resistir los atropellos del gobierno chino. Rebiya Kadeer había logrado desatar la furia de Pekín. Ningún promotor enfrentó las amenazas chinas y fue así como la película no fue aceptada en ningún festival. Apenas fue posible organizar un par de presentaciones informales en Taiwán, ahogando con ello esta valiente iniciativa de dar a conocer al mundo los desmanes que allí se perpetraban. Kadeer había pasado 6 años en prisiones chinas hasta 2005 acusada de terrorismo, pero consiguió al fin exiliarse en Estados Unidos.
Casi tres lustros después la tónica sigue siendo la misma. China defiende su derecho a hacer lo que a bien le venga en gana dentro de lo que considera su territorio y ha conseguido poner de su lado a más de 40 países para presionar a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a no publicar su informe sobre la situación de la minoría musulmana uigur en China.
“Todos sabemos que la llamada cuestión de Xinjiang es una mentira completamente fabricada con motivos políticos y su fin es minar la estabilidad de China y obstruir su desarrollo”. Esa fue la declaración a la prensa dada por el embajador representante de Pekín ante el organismo mundial. Zhan Jun se adelantó a expresar el desacuerdo de su país con el reporte, antes incluso de que hubiera sido formalmente publicado.
Sin embargo, Michelle Bachelet puso en la calle su reporte y con ello cerró con broche de oro su gestión en la Comisión. El informe ha sido redactado de manera objetiva e independiente sobre la base de evidencias gráficas, denuncias, imágenes satelitales, testimonios de afectados directos por la represión que ha adquirido una dramática flagrancia y que ha revestido formas inimaginables de violaciones de derechos humanos. La propia Bachelet pudo comprobar presencialmente las aseveraciones de un reporte que acusa claramente a Xi Jinping de violador de derechos humanos en una escala inimaginable. Asesinatos, desplazamientos forzados, confiscación de tierras, campos de adoctrinamiento forzado, formas espantosas de intimidación y de represión se han utilizado: torturas, violaciones, esterilización de mujeres en comunidades enteras, fragmentación de familias.
Ningún gobierno de los 31 países islámicos del planeta, salvo Turquía, se ha movilizado hasta el presente desde 2014 cuando en China se formuló la política «Campaña de ataque duro contra el terrorismo violento» para justificar los desmanes. Ni tan siquiera por solidaridad con esta minoría, desde ninguno de ellos se ha pedido explicaciones al gobierno en Pekín.
Los abusos van a continuar, de eso no cabe duda, pero este reporte no puede pasar a la historia como un tibio reclamo más mientras al interior de China todo se está preparando para extender el mandato del líder Xi, protagonista principal de este vergonzoso genocidio a través de la “Guerra el Terrorismo” implantada con toda fuerza desde la década de los años 2000. Ha llegado la hora de que el apoyo internacional a la comunidad uigur adquiera otro tono y una definitiva contundencia. Hasta el presente ni las sanciones formuladas por países de Occidente, ni el boicot organizado en contra de los Juegos Olímpicos de Invierno en China han podido generar la más mínima reacción a favor de esta etnia. Peor aún, la Corte Penal Internacional, en 2020, se negó a emprender acciones de investigación contra China por considerar que no tiene jurisdicción en China sobre la mayoría de los presuntos crímenes.
Lo señalado por Naciones Unidas configura la detención más grande y sistemática de minorías étnicas y religiosas desde el Holocausto. No puede el mundo quedarse de brazos cruzados.