voto por correo
Foto AFP

El proceso electoral en Estados Unidos ha transcurrido dentro de lo normal, aunque uno de los candidatos alegó que hubo fraude. Esta denuncia puede llevar a procesos legales en los estados y en la Corte Suprema de ese país. Como los votantes escogen a electores –sufragio indirecto o de segundo grado–, el presidente será escogido, formalmente, el 14 de diciembre. Mientras tanto, el candidato con más delegados es Biden.

En la Venezuela del socialismo del siglo XXI se ha hecho trampa antes, durante y después de culminado el proceso electoral. Confiar en los contendientes, en el organizador o en el árbitro es de una inocencia crasa. Todos poseen su interés, solo que algunos pueden influir en los escrutinios y a otros les es imposible. Un ejemplo de trampas previas es inhabilitar candidatos y rechazar su inscripción, este fue el subterfugio preferido del chavismo, como ahora es intervenir a las directivas de los partidos para que postulen a los afines a Nicolás y sus secuaces. También, cambiar las reglas sin reformar la ley, exigir requisitos inconstitucionales o irrespetar el derecho al voto son triquiñuelas comunes por estos lados.

En Estados Unidos hay 51 procesos electorales regulados por cada estado con procedimientos distintos. Es un proceso descentralizado. Solo dos de ellos establecieron un sistema cercano a la proporcionalidad entre votantes y delegados, en los demás el ganador se lo lleva todo. Las legislaturas estatales pueden limitar el derecho de los ciudadanos condenados por delitos de cualquier tipo, autorizar el voto presencial previo al día de las elecciones o por correo, o efectuar un preescrutinio (procesan, examinan y clasifican las boletas sin sumarlas). Los electores del colegio electoral se comprometen a votar por los candidatos que representan, aunque conservan su libertad de conciencia, cambiar su preferencia sería deshonesto.

Ya que estamos hablando de impugnaciones de elecciones, vale comentar que el principal principio es el respeto a la voluntad del elector, el vicio denunciado debe afectar el total de la elección, ser determinante en el escrutinio. Así, si impugnan y logran anular 150 boletas y la diferencia es de miles de votos, esa acusación carece de relevancia jurídica que afecte al ganador. Las irregularidades son consecuencia del fraude, cohecho, soborno o violencia en la formación del registro electoral, en las votaciones o en los escrutinios, o el incumplimiento del procedimiento. Denunciar es insuficiente, es necesaria la prueba y la incidencia en el resultado.

Los abogados de Trump pueden probar algunos hechos, por ejemplo, centros electorales constituidos de manera ilegal, sin funcionarios designados o votación en un sitio distinto al establecido; votos por correo que se emitieron antes o llegaron después de la fecha establecida por el estado; violencia hacia los votantes, ya sea por los miembros de mesa o terceros que los obligasen a abstenerse de votar o sufragar en contra de su voluntad o que sea imposible determinarla en el instrumento electoral (Florida 2000), solo que en este último caso se ordenó paralizar el reconteo al Tribunal Supremo de Florida. Nunca se ha ordenado detener un escrutinio por sospechas.

Las denuncias de un supuesto fraude parten de que la autoridad electoral del estado de Pensilvania, apoyada por su Corte Suprema, autorizó tomar en cuenta las boletas recibidas hasta el 6 de noviembre de 2020, siempre y cuando fueran emitidas (sello postal) incluso el 3 de noviembre. La legislatura del estado de Pensilvania (al igual que las de Michigan y Wisconsin) está liderada por el Partido Republicano, el proceso electoral se efectuó con sus leyes, pudieron cambiar las reglas y limitar el ejercicio del voto por correo, pero no lo intentaron. Otro ejemplo, en Carolina del Norte se recibirán las boletas enviadas por correo hasta el 12 de noviembre.

La denuncia es de tipo formal, no se alega un fraude en la emisión del voto sino en la recepción del mismo por la autoridad electoral. La manifestación de voluntad del votante se considera cierta, pero llegó fuera del lapso previsto según Trump, el día de la elección. La Corte Suprema ordenó separar esas boletas, estimadas extemporáneas por el denunciante, y esto implica contabilizarlas aparte. Si luego de contar todos los comprobantes “legales”, a criterio de los denunciantes, la diferencia cambia con las boletas “extemporáneas”, se podría revisar su legalidad. Se calculan en 4.000 los votos que se encuentran en esta circunstancia, y Biden supera al presidente por más de 40.000.

Si los abogados de Trump logran identificar otras irregularidades, todavía falta determinar si son relevantes para la escogencia de los electores, aunque otros estados le den a su contrincante los delegados que necesita.

El recuento de votos podría anular algunas boletas, ya sean de las que llegaron por correo o de las que se emitieron de manera presencial. Estos reconteos no suelen alterar el total, son porcentajes despreciables, sin incidencia, como el asunto ese de los muertos que votan (es posible, pero son muy pocos). En todos los estados la diferencia en muy amplia como para confiar en la efectividad de los recursos legales que ofrece presentar el equipo de Trump.

El expresidente George W. Bush se refirió a Biden como “presidente electo”, por lo que le auguro a Trump pocas posibilidades de alterar los resultados.

@rangelrachadell


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