Los signos que está enviando la sociedad venezolana muestran que hay consenso en la urgencia de salir del régimen actual. Hay una coincidencia general en señalar el fracaso estrepitoso del gobierno madurista. Son muchos los indicadores sociales, culturales y económicos que expresan la terrible calamidad que padece el pueblo venezolano. En los barrios, en el campo, en las ciudades, los trabajadores y los estudiantes, se marcha decididamente en la ruta electoral, acompañando a María Corina Machado y apoyando al candidato de la unidad nacional Edmundo González, para alcanzar la Presidencia de la República. No tenemos dudas de que, masivamente, el pueblo venezolano saldrá a votar y lo hará por el rescate de la democracia y la libertad.
El 28 de julio será la victoria de la libertad y la derrota del totalitarismo. Será el inicio para reconstruir el Estado de Derecho y rehacer la vida nacional para el desarrollo y progreso humano. Debe ser el punto de partida para desplegar un modelo socio-político inclusivo, una economía al servicio de la persona, que genere empleos dignos, salarios que cubran las necesidades de la familia, educación de calidad, sistema de salud accesible y eficiente, pensiones para una vida de calidad. Sin embargo, nos surgen algunas preguntas. ¿Los derrotados tendrán la hidalguía de acudir a la reconciliación nacional y permitir el establecimiento de una economía sana e inclusiva? ¿Serán capaces de contribuir en sus parcelas de poder a la reconstrucción de la grandeza nacional? o ¿se empeñarán en mantener el odio, el resentimiento y el conflicto, trazando una crisis de gobernabilidad?
Nos planteamos la hipótesis que, dado su naturaleza conflictiva, generarían condiciones desfavorables para la acción de gobierno, a través de los poderes que controlan: Asamblea Nacional y Tribunal Supremo de Justicia. No es una hipótesis antojadiza, sino que la historia reciente lo acusa, basta recordar lo sucedido con la aplastante mayoría obtenida en las elecciones parlamentarias de 2015 y la arbitraria decisión de la Sala Electoral excluyendo la representación indígena y la Sala Constitucional limitando las competencias de la Asamblea Nacional.
La aceptación del régimen y popularidad de Maduro está situada alrededor del 8%, un porcentaje que, pensamos, en elecciones limpias y sin chantaje se reduciría, pues las respuestas en las encuestas se deben a la burocracia, a los colectivos y sometidos al CLAP, que temen descubrirse y perder sus pocos privilegios. En las elecciones no hay duda de que el triunfo de la oposición será aplastante. El problema será si el régimen descalabrado aceptará el mandato de la soberanía popular eligiendo a Edmundo González y permita su acción de gobierno conforme a la Constitución.
Frente a esa hipótesis de crisis de gobernabilidad, tenemos que preguntarnos ¿Qué hacer? De inmediato se puede responder que acudir al respaldo de esa soberanía popular, pues, acorde con el artículo 51 de la Constitución “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. La experiencia nacional destapa que el chavismo ha ignorado la soberanía popular y su comportamiento ha sido una constante burla a las demandas del pueblo. El chavismo no acepta las reglas democráticas y las quebranta sin rubor.
A la oposición corresponde anticiparse, por tanto, debe involucrar a la población, no solo en votar sino comprometerla con el cambio participativo activo para hacer respetar la soberanía popular. Esto significaría que, en caso de un saboteo de la Asamblea Nacional, pudiese plantearse la revocatoria de sus cargos, conforme a los artículos 70 y 72 de la Constitución nacional, movilizándose la población en cada circunscripción. En cuanto al TSJ en su configuración no tiene legitimidad popular, su legitimidad es legal, por ello, sustentamos que se puede hacer uso del revocatorio contenido en el artículo 74 constitucional y plantear la derogatoria de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia y disolverlo. Convocándose de inmediato a elecciones parlamentarias para cubrir el vacío legislativo y constituir un Tribunal Supremo de Justicia, en acuerdo nacional, tomando en cuenta la trayectoria jurídica y académica de quienes lo conformen, sin el resabio del cuoteo político para la designación.
No puede descartarse una Asamblea Constituyente, pero diluiría un poco la participación popular. Pensamos que debe darse una reforma constitucional, en escenario favorable. Teniendo la Asamblea Nacional y un Tribunal Supremo de Justicia independiente e imparcial, debería impulsarse una reforma constitucional que apuntale la democracia, el respeto a las libertades y derechos fundamentales y defensa del Estado de Derecho.
Por estas razones creo que no basta entusiasmo para votar, sino que debe promoverse la necesidad del cambio y la conquista de una auténtica y perenne libertad en el marco de la defensa de los derechos fundamentales de todos y el bienestar común con vida digna para todo el pueblo venezolano.
El autor es doctor en Derecho. Miembro fundador del capítulo España. Bloque Constitucional