El canciller de Argentina, Santiago Cafiero, dijo la semana pasada en el Senado de su país que “claramente” el sistema de derechos humanos en Venezuela “efectivamente está con muchísimos problemas”. La mayor paradoja, sin embargo, es que el gobierno del presidente Alberto Fernández no termina de aclarar si le pedirá siquiera un gesto al régimen de Nicolás Maduro, como la liberación de los presos políticos, entre ellos Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes.
Pero arrecian las críticas de legisladores y el Foro Argentino para el Restablecimiento de la Democracia en Venezuela (Fardev) contra la intención de la Casa Rosada de lanzarle un salvavidas a Maduro -ahora que es investigado por crímenes de lesa humanidad- con el argumento probablemente deleznable de “normalizar” las relaciones con este país porque sus problemas “se han ido disipando con el tiempo”.
Y es que está política afecta un asunto particularmente sensible en Argentina: miles de detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar que sembró el terror en esa nación entre mediados de la década de los setenta y principios de los ochenta, y el proceso contra los responsables en los juicios de lesa humanidad.
La polémica se incrementa ahora cuando el periodismo en Buenos Aires se ha referido a otro hecho que genera preocupación en Argentina: los vínculos con Irán de Stella Lugo, la encargada de negocios para quien Maduro pidió el beneplácito como embajadora simultáneamente con el anuncio de Fernández de “normalización” de relaciones con el régimen venezolano.
Clarín escribió recientemente que la dirigente chavista era encargada de negocios desde finales de 2019 -“es muy amiga de Cilia Flores, la esposa de Maduro”, precisa- y destaca que su designación como embajadora “ha generado controversia por sus polémicos antecedentes”. Uno de los que más preocupación ha despertado entre diputados de oposición, dice, es el vínculo que señalan que habría tenido Stella Lugo con Irán, “un país que genera sensibilidad en la Argentina por el ataque terrorista a la AMIA de 1994 (85 muertos) por el que están acusados actuales y exfuncionarios persas”.
No hay que olvidar que Argentina condenó el martes 11 de enero la presencia en la toma de posesión de Daniel Ortega, en Nicaragua, del viceministro iraní Mohsen Rezai, uno de los acusados por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires.
El 18 de julio se cumplirán 28 años de ese acto terrorista. Cuando fue perpetrado, Rezei comandaba la Guardia Revolucionaria iraní. Es uno de los altos funcionarios de su país reclamados por la justicia argentina, que los acusa de haber participado en la toma de decisión y en la planificación del atentado al centro judío.
Clarín recuerda ahora que en abril de 2019, cuando era ministra de Turismo, Stella Lugo “promovió un pacto con la controvertida aerolínea iraní Mahan Air”. Esa compañía está sancionada por Estados Unidos, que en 2011 la acusó de haber prestado apoyo a la Guardia Revolucionaria Islámica y a Hezbolá, que Washington tiene en su lista de terroristas.
Y en medio de la polémica por todo esto en Argentina parece estar en el aire la interrogante sobre si la Casa Rosada está a punto de incurrir en otro traspié diplomático, como cuando su embajador Daniel Capitanich no se retiró de la ceremonia en Managua donde se presentó el terrorista Rezai, prófugo de la justicia argentina y aliado de Ortega y Maduro.