Cuando el 18 de este mes concluya en Egipto la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su edición número 27 (COP27), pocos estarán satisfechos.
Entre otras cosas, habremos visto reproducirse la controversia que observa el New York Times entre los países ricos que quieren concentrarse en estrategias para ayudar a las naciones en desarrollo a realizar la transición a energías renovables y los países en desarrollo que reclaman el cumplimiento de los compromisos de ayuda asumidos para enfrentar los desastres ocasionados por el cambio climático. Lo más probable es que se comprueben importantes disparidades entre los resultados obtenidos y los compromisos contraídos en Glasgow el año pasado. Se hablará de los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania en términos de la crisis mundial de inflación, energía, alimentos y cadena de suministro, así como de las obligadas decisiones de algunos países de reducir sus objetivos climáticos a corto plazo.
De primer interés para las grandes economías, la transición energética y su vinculación con la preservación del ambiente seguirán siendo temas claves. Ambos temas ganan cada vez más espacio en la preocupación de todos y más entre los directamente afectados por los cambios ambientales. De hecho, todos somos víctimas de los desastres aparejados al retraso en la transición energética y al objetivo de reducir al máximo la emisión de gases de efecto invernadero. Si alguna generación tiene más conciencia de la gravedad de estos fenómenos y de lo que importan para la propia supervivencia es la de los jóvenes. Toca de manera determinante su futuro. De allí su preocupación y la expresión de su repulsa a las energías contaminantes y a la postergación de las grandes decisiones que la humanidad debe adoptar ahora.
Esta preocupación mundial toma nombre propio en América del Sur. Se trata de la preservación de la Amazonía. Si alguna política tiene el poder de alimentar la unidad latinoamericana es ya, y lo será más en el futuro, la política ambientalista, simbolizada con razón en la preservación de la Amazonía, “uno de los tres o cuatro pilares climáticos que quedan en el mundo” a decir del presidente Petro, de Colombia. Su preocupación coincide con la del presidente electo de Brasil, avalado por algunas experiencias positivas en este terreno durante su primer mandato. Su promesa de reducir los niveles de deforestación en la Amazonía a cero se corresponde con el interés continental y mundial. En Venezuela, desgraciadamente, chocan las buenas declaraciones con las acciones concretas. Los discursos en la COP27 abogando por la protección de la Amazonía no se avienen con la devastación en el Arco Minero, considerada el mayor ecocidio de nuestra historia.
Para ser eficaz, la postura latinoamericana en este terreno no puede estar sino marcada por la unidad de propósitos y de políticas. Nada nos daría más fortaleza que aprender a negociar en bloque sobre una riqueza como la Amazonía y sobre un tema en el que confluyen pero también chocan intereses, criterios, modos de concebir la vida y el desarrollo. Maduro ha afirmado que los países de Suramérica tienen la «responsabilidad» de detener la «destrucción» de la Amazonía e iniciar «un proceso de recuperación coordinada, eficiente, consciente y activa». Es tiempo de hacer creíble el discurso.
Estamos frente a un tema que determina el presente y el futuro. No puede quedar reducido al ámbito de los expertos. No es ya solo objeto de la ciencia sino de la vida de la gente y su supervivencia. Se impone menos por la novedad que por la conciencia. En torno a él es menester alimentar una vigorosa conciencia ciudadana y una nueva cultura, la del apego por la naturaleza, la de su preservación, la de su relación con el desarrollo, el bienestar y la sustentabilidad. Los temas de la transición energética y del equilibrio ambiental están más allá de la política y de las luchas partidistas. Su espacio es la escuela, la universidad, las academias, las redes de comunicación, el hogar. A nivel interno urge un gran acuerdo nacional en estas materias, un pacto de transición energética, una agenda compartida y adecuadamente instrumentada.