Es la mala costumbre basada en el uso excesivo de trámites innecesarios. Por su parte, la tramitología es el arte o la ciencia de resolver, perfeccionar o facilitar los trámites, según nos afirma el Diccionario de la Real Academia. Entonces, el primer concepto pareciera ser la contradicción del segundo. Mientras que uno se refiere a la necesidad de perfeccionar los trámites, el otro confirma la existencia de excesos de trámites. Este tema viene a reflexión, pues sin duda las autoridades de muchos países, no siempre con el deseo especifico, se convierten en los grandes promotores de exigencias a los ciudadanos vía trámites, que sin querer no solo convierten sus gestiones ineficientes, sino que, además, le generan grandes frustraciones a los ciudadanos, ahuyentan inversiones, impulsan la existencia de gestores y por lo tanto corrupción, y definitivamente les violan los derechos humanos a los ciudadanos necesitados de tener al día, por ejemplo, identificación, licencias, pasaportes, documentos de antecedentes penales, partidas de nacimiento, matrimonio y pare de contar.
Muchas convenciones y organismos internacionales y de la sociedad civil condenan estas prácticas que no solo demuestran mucha deficiencia en el manejo de lo público, sino que se convierten en una oportunidad para la creación de mafias y traficantes de las necesidades de los ciudadanos.
Es por ello que queremos afirmar e insistir en la gran oportunidad que significa que los gobiernos hagan todos los esfuerzos posibles para cumplir en algún porcentaje importante los compromisos que adquieren por la vía del multilateralismo, sin duda, estaríamos frente a un mundo mejor. Sería un interesante ejercicio pasar revista a los múltiples convenios, vinculantes o no, que nuestros gobiernos asumen, y revisar el debido cumplimiento. Seguramente la decepción sería grande. En esta materia de facilitación de trámites las alertas y las referencias son contundentes.
Hemos escrito en el pasado sobre el acuerdo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, cuya sede está precisamente en Caracas, con el título «Código iberoamericano de buen gobierno». Consideraron inaceptables los gobiernos que amparen y faciliten la corrupción, que dificulten el escrutinio público sobre su toma de decisiones, que no tomen en cuenta las necesidades de sus ciudadanos y que no rindan cuentas. Aplicable a los presidentes de república, vicepresidentes, presidentes de gobierno o de consejo de ministros, primeros ministros, jefes de gabinete de ministros y en general a todos los altos cargos del Poder Ejecutivo.
Acordaron que los principios básicos que guiarán la acción del buen gobierno son el respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana; la búsqueda permanente del interés general; la aceptación explícita por el gobierno del pueblo, y la igualdad política de todos los ciudadanos y los pueblos; el respeto y promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia social; objetividad, tolerancia, integridad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, igualdad de género y protección de la diversidad étnica y cultural, así como del medio ambiente.
Insistimos en que es lamentable que documentos de esta naturaleza no sean la cartilla de actuación de los funcionarios de tantos gobiernos de la región que se alejan de la ética y las mejores prácticas de gobierno. Sin duda, transparencia y datos abiertos, así como nuevos modelos de gobernanza en la prestación de servicios públicos es una tarea de todos y los países de nuestra región deberán abocarse ante el déficit existente en esta materia. Mientras más trámites menos competitividad, más corrupción y más frustración para los ciudadanos.