Que el Estado haya sido el que develara la compleja trama de corrupción que atenta contra los derechos humanos de los menos pudientes no le resta gravedad a los hechos que aún siguen saliendo a la luz pública.
Lo ocurrido ha sido definitivamente un «crimen» contra un pueblo crucificado por los cuatro costados a consecuencia de un Estado que no ha colocado en su agenda de prioridades la calidad de vida y el bienestar social que hoy día reclama 80% de la población. Esa elevada parte de la sociedad que sigue sometida a una hiperinflación descomunal que hace crisis en el estómago porque sus salarios se convirtieron en sal y agua.
No vacilo al decir que es despreciable la conducta del Estado, que continúa sin oír el reclamo justo de los trabajadores de la administración pública en general, que se están muriendo de hambre y siguen dando la misma respuesta: ¡No hay dinero!
Considero que aunque se procesen penalmente y se condenen a los verdaderos responsables de este desfalco de miles de millones de dólares, el daño que se le ha hecho a los venezolanos es inconmensurable: a los pacientes crónicos que no pueden cumplir con sus tratamientos porque los hospitales están en condiciones deficientes y los familiares deben llevar todo para que puedan ser atendidos; a los trabajadores y pensionados, que siguen esperando que sea atendido el reclamo justo que hacen por un salario y pensiones dignas para poder soportar la crisis económica indetenible; el estado deplorable de los servicios básicos, que a nadie del Estado le conmueve porque ellos tienen todo; el sistema educativo en el suelo, desde el nivel preescolar hasta nuestras universidades públicas; la falta de combustible porque nuestras refinerías funcionan a media máquina… y todo esto porque se robaron todo.
Para finalizar, dudo que el sistema de justicia sentencie a los verdaderos responsables de esto que llamo «charca putrefacta» por su falta de autonomía e independencia, como lo establece nuestra Constitución.
Estos actos de corrupción solo confirman lo que ya hemos dicho antes: estamos en presencia de un Estado que decidió asumir como política la violación sistemática de los derechos humanos.