El pasado jueves 16 de marzo la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la funcionaria Maria Alekseyevna Lvova-Belova, responsable del presunto plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia.
Karim Khan, fiscal de la CPI, indicó que nadie debe sentir que puede cometer genocidio impunemente, señalando a Putin como «presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa».
Ahora bien, las competencias de la CPI provienen de la aprobación del Estatuto de Roma acordado el 17 de julio de 1998 por 160 países, los cuales decidieron establecer una Corte Penal Internacional permanente para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Es necesario recalcar que este acuerdo tiene tanta importancia como el de la Carta de las Naciones Unidas, significando «un paso gigantesco en favor de los derechos humanos universales y del imperio de la ley».
Numerosos dictadores no han podido escapar de la justicia internacional, entre ellos Omar al Bashir, el mandatario sudanés que con 30 años en el poder fue depuesto tras una ola de protestas callejeras en 2019. Hosni Mubarak, el caudillo que gobernó Egipto sin oposición alguna durante casi 30 años y que fue derrocado en 2011, cuando la Primavera Árabe alcanzó su punto crítico. General Augusto Pinochet, el despiadado dictador que gobernó 17 años, una era en la que ocurrieron miles de muertes, desapariciones y acciones de tortura en Chile, país que todavía no se reconcilia con ese legado criminal. Muamar el Gadafi, quien gobernó Libia durante 42 años, entre 1969 y 2011, tras ascender al poder con un golpe de Estado; su ejército mató a disparos a centenares de personas en la ciudad de Bengasi, tras ordenar perseguir “casa por casa, armario por armario” a miles que protestaban contra su gobierno en el marco de la llamada Primavera Árabe. Y finalmente citamos el juicio a Slobodan Milosevic, que finalizó con su muerte, antes de que se dictara sentencia, pero que suministró evidencia importante sobre el rol desempeñado por Belgrado en la promoción de las limpiezas étnicas en la ex-Yugoslavia.
Ante la decisión de la CPI el Kremlin ha reaccionado con aires de superioridad al calificar de “indignante e inaceptable” la decisión de la Corte de emitir órdenes de arresto contra Putin y Lvova-Belova. «Rusia, al igual que varios Estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula y sin valor para la Federación Rusa desde el punto de vista de la ley”, tuiteó el viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Posteriormente, Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, tuiteó: “La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin. No es necesario explicar DÓNDE se debe usar este papel” junto con un emoji de papel higiénico, rematando posteriormente con la amenaza de enviarle un misil hipersónico desde un navío de guerra ruso en el Atlántico Norte a la sede de la CPI en La Haya.
Como vemos, el estigma de una condena de esta naturaleza -que lo denuncia a nivel planetario, por la evidencia de los crímenes de guerra, esta vez cometidos contra el valiente pueblo ucraniano- acompañará al mandatario de Rusia hasta su muerte, de allí el dolor y la rabia que le ocasiona a sus acólitos traducir su odio en tan mal tono y postura. Situación tan comprometedora que ha generado de nuevo la ira del Stalin del siglo XXI y la respuesta de una espuria corte rusa contra la CPI por haber emitido la citada orden de detención.
Es evidente para ellos afrontar la bochornosa realidad de no poder visitar a 122 países como Estados partes del Estatuto de Roma, so pena de ser arrestados de inmediato y el terror que les genera ser apresados en cualquier lugar del planeta.
Esta tajante decisión fue ratificada por el fiscal de la CPI, Karim Khan, al informar: “Estos actos, entre otros, demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país… Debemos asegurarnos de que los responsables de los presuntos delitos rindan cuentas y que los niños sean devueltos a sus familias y comunidades… No podemos permitir que los niños sean tratados como si fueran botín de guerra”. Khan concluyó diciendo que Ucrania era “una escena del crimen que abarca una amplia y compleja gama de presuntos crímenes internacionales”, y que si bien este fue un primer paso en el enjuiciamiento de crímenes de guerra, continúa buscando otras líneas de investigación. “No dudaremos en presentar más solicitudes de órdenes de arresto cuando la evidencia así lo requiera”.
Esta condena de la CPI ha desatado las alarmas en Latinoamérica, pues el gobierno de Nicolás Maduro está bajo escrutinio de la Corte Penal Internacional, tras la apertura de una investigación sin precedentes en la región por presuntos crímenes de lesa humanidad desde 2017. La apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, cometidos por el gobierno de Venezuela abre una nueva página en la historia de los procesos judiciales de la CPI, que desde su fundación en 1998 ha procesado a una ristra de tiranos en todos los continentes.
Alguien dijo una vez en nuestros predios que el miedo era libre, en el caso de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Díaz-Canel, cuyos crímenes y atrocidades no pueden quedar impunes, no dudamos hoy que sean los próximos a ser llevados a juicio ante la CPI. Por lo pronto, con mi firma en carta dirigida a los gobiernos del mundo he apoyado la detención del dictador ruso y espero que pronto pueda utilizarla para castigar a quienes han destruido nuestro país, la gente y sus instituciones democráticas.