En anteriores notas sostuve que el régimen no estaba en disposición de negociar una solución real y con los interlocutores apropiados a la crisis política. Argumentaba, entre otras razones, que la naturaleza dictatorial totalitaria de su proyecto político,  su lectura de la correlación de fuerzas y la confianza en la capacidad de sus mecanismos de control social y político para conservar la gobernabilidad fortalecían la intransigencia del chavismo.

La decisión del TSJ de declarar la Omisión Legislativa de la Asamblea Nacional en relación con la designación del CNE corrobora lo anteriormente expuesto. El acuerdo parcial entre la Asamblea Nacional presidida por Guaidó y el gobierno de Maduro sobre los fondos y recursos de la OPS es una excepción y no un cambio de las reglas en la praxis del chavismo.

La vuelta del chavismo a la AN no fue (como algunos barruntaron) un acto de contrición ni el comienzo de la restauración del orden constitucional; fue, y los acontecimientos posteriores lo han demostrado, el comienzo de una operación para tratar de dividir la mayoría democrática mediante el soborno, la intimidación y la represión –la circunstancia de que el desacato no hubiese sido derogado concitaba sospechas sobre la verdadera intención del retorno–. La Operación Alacrán (todavía en progreso, según algunos) fue un fracaso porque las reservas de dignidad, compromiso y valentía de la mayoría de los diputados democráticos se impuso. Sin embargo, el chavismo montó una directiva paralela carente de legalidad y legitimidad; maniobra que rápidamente fue rechazada y desconocida por la mayoría del cuerpo social de la nación y la comunidad internacional democrática.

La AN por iniciativa de la mayoría democrática y en cumplimiento de las competencias conferidas por la Constitución procedió a designar una Comisión Especial de Postulaciones (plural y proporcionalmente integrada) para trabajar una propuesta de conformación del CNE. Desde el comienzo de su funcionamiento el chavismo se ha dedicado por diversos métodos a sabotear sus trabajos y gestiones; ahora se sabe con certeza (aunque se sospechaba) que era para pavimentar el camino a la solicitud de la Omisión Legislativa. Solicitud realizada por personeros de “la mesita” (para darle un barniz de amplitud) y prontamente atendida por el TSJ.

Estamos en presencia de un acto de intransigencia e irresponsabilidad con el país porque se vuelve a cerrar la posibilidad de una salida concertada, pacífica y constitucional a la crisis política; verdadero nudo gordiano que impide el comienzo del proceso de cambio necesario que necesita Venezuela y anhela la mayoría determinante de la ciudadanía porque sabe que de continuar el statu quo estamos abocados al despotismo, a una vida de carencias estructurales espirituales y materiales a contrapelo con las potencialidades de la nación.

El chavismo persiste en su proyecto de consolidar su dominación mediante la instauración de un sistema político de anatomía democrática y fisiología dictatorial que he venido caracterizando como neodictadura porque, aunque difiera de las dictaduras tradicionales padecidas por la sociedad venezolana, comparte el desiderátum de todo régimen del tipo señalado: la concentración de todos los poderes sin contrapeso ni control alguno en el Poder Ejecutivo. Lo cual, sin duda alguna, constituye un retroceso neto en materia política.

Corresponsabilizar a las fuerzas democráticas por esta situación es deshonesto política y personalmente. Lo cual no excluye señalar errores y carencias de la dirigencia democrática.

El posicionamiento de los sectores democráticos y de la ciudadanía no puede ser el de aceptar la imposición, asimilarse y bailar al son que al chavismo conviene; y no debe porque va en contra de sus intereses como sujetos políticos y de su calidad de vida material y espiritual amén de sacrificar todo el patrimonio cultural y los activos materiales trabajosamente acumulados durante un siglo.

En mi criterio, lo que viene es una etapa de resistencia a la dictadura, por cuanto tiempo es difícil de precisar y respecto a sus modalidades las circunstancias las marcarán siempre y cuando el fin y los medios sean congruentes. La dirigencia democrática debe elaborar un plan de lucha acorde con las circunstancias, hablarles claro a los venezolanos sobre las dificultades de vencer a un régimen como el imperante y  no alentar falsas expectativas en cuanto al tiempo ni otras de improbable materialización.


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