Reiterar sobre un tema tan trillado y coyuntural como lo es el de las elecciones parlamentarias no es cómodo, pero es absolutamente necesario insistir, puesto que con este planteamiento se juega el destino de Venezuela en los próximos meses.

Queda muy poco tiempo, el presidente interino tiene hasta el mes de noviembre para formar gobierno, deslastrarse de la Asamblea Nacional y del Estatuto que limita sus funciones, presentar cuentas claras sobre la ayuda humanitaria recibida, y designar a un nuevo liderazgo, el cual debería ser representado por un grupo de personalidades independientes, probas, experimentadas y conocidas nacional e internacionalmente para formar un Consejo de Gobierno, designar igualmente a expertos en las carteras más importantes de un gobierno, e igualmente, estimular la creación de unidades regionales, municipales y vecinales para apoyar su gestión.

De no hacerlo, pasará lamentablemente a la historia por no haber cubierto las expectativas, y por el manejo ineficiente del mantra de:  cese de la usurpación, gobierno de emergencia y elecciones libres. Como consecuencia de esa indecisión, el régimen realizará elecciones parlamentarias fraudulentas, y pregonará la elección de la mayoría comunista en el Parlamento y difundirá que se ha elegido a una Asamblea Nacional “democráticamente”, que es un poder legítimo  y que, en consecuencia, impondrá la continuidad del régimen investido falsamente del manto de “legítimo y democrático”, apalancando el poder del régimen socialista por muchos años más, emulando así a los chulos cubanos. Se perderá la República una vez más.

La memoria y la inconsistencia política es generalmente corta, se olvida fácilmente como consecuencia de que ya el sistema no es relevante frente a las necesidades diarias de sobrevivir, se pierde el interés por el  cambio  de régimen ya que al venezolano no les importa sino lograr adecuarse a nuevas realidades, en cuyo caso favorecen indirectamente  la manipulación del régimen, o el interés de las partes de sacar provecho y mantener el poder dentro de un entorno absolutamente egoísta e incluso antipatriótico. He ahí una paradoja social del comportamiento que se debe tener presente en un entorno de cambio, que subjetivamente ha dejado de interesar frente a las realidades impuestas por el régimen.

La respuesta social se limita a rogar por un cambio, aspirando sin comprometerse a que, por obra y gracia de alguien, se le resuelvan sus problemas, y que ello, conduzca a la recuperación de su libertad. Fácilmente se anotan con la dirigencia política más circunstancial, pero ante la inacción y los errores, los demuele públicamente, adversan y finalmente, los acusan de un comportamiento cómplice con el régimen. Sin embargo, el venezolano ha hecho de todo frente a las circunstancias adversas; paros, protestas, ha puesto su vida en juego, los han depredado, encarcelado, perseguido, echado del país, y sometido; pero hemos fracasado en desplazar al modelo político depredador.

Íntimamente, deseamos un cambio a como dé lugar, y se ha comprado parcialmente el mensaje de que la cosa puede cambiar mediante elecciones democráticas y transparentes, porque, además, somos mayoría, olvidando la precariedad del sistema electoral, y ni siquiera se dan cuenta de la debilidad electoral por la ausencia de más de 3 millones de votantes que se han ido del país, y que será imposible incorporarlos a ese proceso electoral, aparte del  desconocimiento de las elecciones de los gobiernos democráticos del mundo.

Ante un asunto  tan complejo, el país ha caído en las peores condiciones de vida conocidas, ausencia de servicios y el deterioro de la calidad de vida a niveles nunca vistos, con una pandemia que nos arrincona y acaba sin asistencia de tipo alguno, donde las cifras de infectados no revelan la verdad, los fallecidos alcanzan niveles que exceden a la de otros países, y donde el crimen supera a las muertes por la enfermedad,  incluso superan la de algunos países, al llegar a 75 muertes por cada 100.000 habitantes, contra 5 de los mexicanos, sumado a los suicidios, que llegan a 21 personas por cada 100.000 habitantes. El comportamiento ciudadano se sume en una abulia preocupante que no activa la sinergia necesaria para el cambio de régimen que nos acogota y empobrece.

Sin importar el efecto de las acusaciones de corrupción e ilegalidades cometidas, el régimen ha diseñado su propia estrategia para mantenerse en el poder; primero, mediante el uso y abuso de la fuerza militar, sostén claro del régimen que se ha declarado comunista y chavista, y que no dará oportunidad alguna a la oposición de ser poder político en la vida,  que ninguna organización, institución o sociedad los podrá reemplazar, y como parte de esa actitud, planifica un mecanismo electoral caracterizado por una violación constitucional conducente a lavar la cara como Estado usurpador, y aparentar ser legitimo en su desempeño.

El régimen ha preparado las elecciones parlamentarias con doble propósito, controlar el Poder Legislativo dentro de su estrategia de eliminar la separación de los poderes, hacer unas elecciones con trazos “democráticos”, y validarse o legitimarse ante el mundo, e irradiar a los cuatro vientos que es un “gobierno socialista democrático”, que es constitucionalmente electo y que su validez es soberana.

Esa estrategia, además está centrada en dividir a los  partidos y entregar su dirigencia a colaboradores dentro de esos partidos, porque ellos con su nombre propio y simbología van a participar en elecciones conjuntamente con docenas de partidos, creados por el propio régimen, para dar la sensación de pluralidad, y finalmente, inducir la elección de parlamentarios asociados al régimen, lo cual  determinará el definitivo control  de la Asamblea, y terminar con la única entidad institucional formal de los poderes públicos legítimos.

Esta acción significa la desaparición definitiva de la democracia tal como la concebimos, se afianzarán como un “gobierno democrático”, fortaleciendo las alianzas con el crimen organizado, para continuar con el enriquecimiento ilícito, y la desestabilización de las democracias del continente, en un afán expansionista y de control del poder global.

Participar y promover las elecciones parlamentarias es ilegal, y quien lo haga, debe de estar claro que se hace cómplice de violación de la Constitución y de las leyes, y tendrá la connotación de delincuente funcional.

No se puede olvidar que la Asamblea Nacional nombró ajustada a derecho a un Tribunal Supremo de Justicia legítimamente concebido, y que, además, puso en práctica un procedimiento basado en el artículo 233 de la Constitución Nacional contra la elección presidencial del año 2018. Después de un trabajo exhaustivo y la verificación de las pruebas de fraude, sentenció e invalidó las elecciones presidenciales, anuló al sistema electoral, eliminó el sistema electrónico del voto y recomendó procesar penalmente a las autoridades electorales, nacionales y regionales, declaró usurpador al capo mayor y lo sentenció con cárcel. ¿Cómo se puede ignorar esta importante y valiente acción de los magistrados en el exilio sujetos a persecución?

Como todo el mundo sabe, los países democráticos aceptaron estas sentencias, y apoyaron la resultante constitucional de que el presidente de la Asamblea Nacional fuese el presidente interino, que cesara la usurpación y se instalara un gobierno de emergencia hasta que se hicieran elecciones verdaderamente democráticas.

Lamentablemente, la Asamblea Nacional no ha procedido en consecuencia, no abrió los procedimientos necesarios para procesar a las autoridades usurpadoras, llevarlos a juicio penal, solicitar el cese de sus funciones y mucho menos ha solicitado el apoyo para favorecer las acciones de cambio del sistema político y el sometimiento a derecho de sus dirigentes, y tampoco efectuó la solicitud de ayuda humanitaria efectiva, a través de la acción de una coalición de fuerzas internacionales.

Apenas hace unas horas, el Tribunal Supremo de Justicia, solicitó a la Interpol, con base en la Convención de Palermo, someter a los personeros principales del régimen a una “alerta roja” para su detención inmediata; lo hizo público, y cumplió con sus funciones y la ley. Sin embargo, no hay pronunciamientos al respecto por parte de la Asamblea Nacional, quien solo ha dejado pasar el tiempo, y ahora, parte de esa cámara se asocia a la prédica de ir a elecciones parlamentarias, e indirectamente apoyar la convalidación de un régimen ilegal y usurpador.

La decisión de ir a una elección es ciudadana, pero sin caer en la complicidad como consecuencia que el proceso convocado es ilegal; es absolutamente correcto no convalidar e ir a un proceso electoral pervertido y dirigido por delincuentes tramposos, por tanto, se debe resistir, organizar y enlazar las aspiraciones de cambio y de libertad, con los líderes natos del país, y llevar a cabo la debida reacción que catalice el cambio.

La conclusión es evidente, no se puede sobre la base ilusa de una mayoría electoral, que está por verse, basada en un sistema manipulado por un régimen que no obedece a un sistema judicial pulcro, pretender ir a unas elecciones parlamentarias que le permitirá al régimen legitimarse y actuar libremente en el futuro como un gobierno socialista, favorecedor del sometimiento y humillación popular, y destructor de la libertad en todos sus rasgos democráticos, y coadyuvando políticas restrictivas y de aprovechamiento de países anti democráticos como lo hace Cuba desde hace más de sesenta años, quienes se han dado el lujo de convertir a Venezuela en una provincia cubana.


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