Estados Unidos, el primer país del mundo en reconocer al presidente interino Juan Guaidó en enero de 2019, ha impuesto desde entonces una batería de sanciones para restringir el comercio de petróleo y oro venezolanos e impedir que la dictadura continúe utilizándolos para violar los derechos humanos y financiar grupos terroristas. Pero el régimen de Nicolás Maduro se burla de la primera potencia mundial y contrabandea con esos recursos con el fin de aferrarse al poder.
La gira de Guaidó por América y Europa, que se presenta como prometedora contraofensiva democrática frente a la opresión, permite conjeturar que las medidas de Washington y otras naciones tendrán que ir más allá de la abstracción de “una escalada en la presión diplomática” y concretarse en acciones más contundentes.
“Maduro trafica oro desde Venezuela y con eso financia al ELN y grupos terroristas”, ha denunciado el presidente encargado, que reclama apoyo internacional para atajar ese crimen.
Sin embargo, hace falta una mina de profundidad para golpear a fondo a los responsables de la crisis en Venezuela, y ello implicaría medidas más radicales contra los testaferros y familiares de Maduro –así como de los demás jerarcas del régimen–, involucrados en persecución política, violación de derechos humanos y robo.
Estados Unidos, que ha jurado llegar hasta el dinero de Maduro y Cilia Flores, sabe que los testaferros del régimen lo manejan en paraísos fiscales. Los sabuesos norteamericanos investigan para desmantelar las redes mafiosas. La Unión Europea dirige pesquisas con el fin de identificar a chavistas que mantienen familiares en el exterior. Es posible que pronto, como parte de una ofensiva diplomática más eficaz, se conozcan otras medidas. Desde Europa, por ejemplo, se ha propuesto ayudar a los migrantes de la diáspora con el dinero incautado a los testaferros.
Esfuerzos como la Ley de la Verdad, aprobada a finales del año pasado por el Senado estadounidense, procuran seguir los pasos del dinero para recuperar los activos saqueados por Maduro y otras mafias chavistas. Con todo, eso debería combinarse con el corte del flujo que el régimen narcoterrorista percibe por el tráfico de drogas por Venezuela, que el año pasado aumentó 50%.
El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, afirmó a finales de 2019 que la mayor parte del financiamiento que sostiene al régimen proviene de actividades ilícitas con el narcotráfico. “Maduro y su régimen ilegítimo están recibiendo una tajada de esto”.
Hugo “el Pollo” Carvajal, que el año pasado se esfumó en esa España de sorpresas cuando estaba a punto de ser extraditado a Estados Unidos, ha dicho que curiosamente los radares militares venezolanos no sirven para detectar “aeronaves del narcotráfico auspiciado por Maduro”. El ex jefe de inteligencia posiblemente posee un archivo sobre esas actividades que involucran a chavistas y sus testaferros, incluso dentro del propio Estados Unidos.
Esto último extrañamente parece trabar de alguna manera la acción para terminar de escarbar en los intrincados vericuetos del narcotráfico y sus vinculaciones.
No obstante, pistas importantes sobre el vasto tejido que relaciona el régimen de Maduro con el narcotráfico a escala internacional hacen suponer que Estados Unidos reaccionará a la burla. Es como actúa una superpotencia cuando ve amenazada su seguridad porque la inundan con drogas junto con sus aliados de Europa. Y eso es lo que el chavismo no ha sabido leer en la historia.