En 2018 escribí que la transparencia en los procesos electorales es la garantía de un resultado incuestionable que legitima al ganador y a la institución electoral que los haya presidido, al igual que a las agrupaciones políticas que hayan intervenido; y concluía diciendo que si no se da la transparencia, la duda sobre participar mediante el ejercicio del voto subsistirá aun cuando gobierno y sectores opositores decidan hacerlo y posteriormente celebren su triunfo; pero, de ser así, la falta de transparencia dejará sembrado de dudas el resultado de las urnas y, por tanto, la legitimidad del candidato declarado ganador.
Me referiré en esta ocasión al concepto de elecciones libres y competitivas, que vienen a ser aquellas en las que los ciudadanos participan libremente en un proceso electoral para elegir a sus representantes entre los candidatos propuestos y las organizaciones políticas que los soportan.
El concepto de elecciones libres y competitivas encuentra respaldo en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que proclama que «(…) la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; (y que) esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas». En términos parecidos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José establece el derecho de los ciudadanos a votar y ser elegidos en elecciones genuinas, transparentes y que reflejen la voluntad del pueblo, mientras que la normativa de la Unión Europea promueve y protege los principios de elecciones libres y competitivas como parte fundamental de la democracia y el Estado de Derecho en los Estados miembros de la UE, y su legislación trata aspectos específicos relacionados con las elecciones, como la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, la observación de elecciones, la protección de datos en el contexto electoral y la lucha contra la desinformación y la manipulación durante los procesos electorales.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado sobre la importancia de elecciones libres y competitivas (o justas) como parte integral de un sistema democrático basado en el respeto de los derechos humanos; y de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio en Venezuela, la organización no gubernamental Queremos Elegir (Campaña «Queremos Elegir» busca defender condiciones electorales para el #28Jul (talcualdigital.com) ha exigido ciertas condiciones para unas elecciones libres y competitivas en Venezuela:
– La depuración del Registro Electoral.
– La observación internacional de instituciones como el Centro Carter, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la ONU.
– La apertura de más puntos de inscripción del Registro Electoral antes del 16 de abril para que los jóvenes de sectores vulnerables y zonas alejadas puedan ser votantes activos para las elecciones.
– El libre ejercicio del voto de los venezolanos en el exterior.
– La participación en el proceso electoral de todos los candidatos y partidos sin exclusión alguna.
Como se observa, en esas condiciones las elecciones libres y competitivas constituyen un pilar de la democracia porque permiten al ciudadano elegir y ser elegido sin trabas ni intromisiones indebidas, como producto de la voluntad popular, sin presiones ni controles del voto, ni otros vicios; y un resultado electoral en esas condiciones será respetado por unos y otros al haber primado en el proceso la igualdad, la transparencia y la participación ciudadana. Como dice el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, monseñor Jesús González de Zárate (https://www.elnacional.com/venezuela/conferencia-episcopal-proceso-electoral-democratico-requiere-cese-de-la-persecucion/):
“Un proceso electoral democrático requiere el cese de la persecución de quien piensa distinto y la violación de los derechos ciudadanos como mecanismo de control político, la superación de la confrontación, el descrédito y la inhabilitación como medio de exclusión (…) debe ser una oportunidad para fortalecer los valores democráticos (…) el respeto de todos, de sus ideas y posiciones, y derechos políticos; pero, ante todo, motivar la participación activa del pueblo (…)”.
Ahora bien, cuando se está al frente de un proceso electoral, cabe la pregunta que se formula Álvaro Montenegro: “¿Será por el azar inofensivo e impredecible, o por el cálculo interesado de los pocos dedos que manejan el poder a su antojo?”. (https://www.eluniversal.com/politica/176771/apostrofes).
La dificultad que implica dar una respuesta clara e indiscutible me ha llevado a elaborar un sencillo “test” que objetivamente permitirá determinar si un proceso electoral se celebra en condiciones libres y competitivas y que el lector podrá responder sin dificultades, con un “Sí” o un “No”:
– ¿El control del proceso electoral está a cargo de un órgano independiente e imparcial, que no se decanta en favor de determinado candidato?
– ¿El registro electoral es serio y confiable y refleja el número real de electores inscritos?
– ¿La postulación de candidatos es libre, sin la utilización de procesos amañados producto de la judicialización –lawfare– de casos políticos a cargo de tinterillos judiciales o administrativos?
– ¿El conteo de votos es real, sin manipulación de los resultados?
– ¿La libertad de los candidatos y de sus seguidores en la campaña electoral es absoluta?
– ¿Los derechos civiles y políticos son ejercidos sin limitaciones a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación y de reunión?
– ¿El acceso de los ciudadanos a los centros de votación es libre, sin acoso para que depositen la papeleta que favorece a determinado candidato?
– ¿El uso de los espacios publicitarios y de promoción se hace sin predilección por algún candidato?
– ¿Los recursos económicos empleados durante la campaña son equitativos?
Si, al responder el «test» las respuestas son afirmativas, se podrá hablar de elecciones libres y competitivas; pero si alguna es negativa, entonces el proceso será fraudulento.
Obviamente, si una abrumadora mayoría de votantes cumplen con el ejercicio del derecho al sufragio y lo hacen en favor de un candidato que resulta ganador, se estaría en presencia de una situación particular en la cual la voluntad popular echaría por tierra todos los impedimentos que viciarían un proceso electoral libre y competitivo.