El camino hacia el 28 de julio no es fácil. Todos los venezolanos lo sabían de antemano. Un gobierno derrocado y sin brújula, un candidato oficialista rechazado por la inmensa mayoría que quiere un cambio de sistema y el retorno a las libertades, intentará por todos los medios torcer la voluntad popular, violando los compromisos asumidos con la oposición en presencia de actores internacionales y las normas fundamentales que no son negociables, relativas a la libertad de elegir y de decidir nuestro propio destino.
Sin embargo, hubo quien pensó que podían guardar las apariencias para seguir gritando a los cuatro vientos que en Venezuela se respetan los derechos de los electores y que cada proceso electoral ha sido justo y transparente; pero definitivamente se equivocó.
La persecución a los dirigentes opositores, especialmente del partido Vente Venezuela, por lo demás un crimen evidente de lesa humanidad dada su sistematicidad e intención de destruir un grupo político, es una constante que se ha venido intensificando con el fin de amedrentar y de aterrorizar a los ciudadanos. La persecución se expresa también en el ataque constante a la líder opositora María Corina Machado, quien recorre el país sin miedo y con un respaldo único en la historia política venezolana de nuestros tiempos.
El oficialismo, además, se empeña en impedir que los venezolanos ejerzan su derecho al voto. Incumplen los compromisos y las normas al obstaculizar como hizo la actualización del registro electoral permanente, sobre todo en el exterior. Más de 4 millones de los 8 millones de connacionales que se vieron obligados a abandonar el país por el hambre y la persecución están impedidos de votar porque en los países donde más migrantes hay -¿casualidad?- las oficinas consulares no funcionan, otras las cerraron precisamente en estas fechas y donde sí podían ser atendidos el proceso no comenzó el día fijado en el cronograma electoral y luego pidieron documentación que no está en la ley. Trabas todas para impedir que los ciudadanos se expresaran y que se ha constituido en el mayor fraude electoral de los últimos tiempos en Venezuela.
La comunidad internacional observa de cerca el proceso como nunca antes, consciente de una realidad política favorable al cambio que a pesar de todos los inconvenientes llegará el 28 de julio. Un nuevo fraude electoral sería un suicidio político pues el mundo está atento a lo que aquí sucede y lo rechazará, no solo con declaraciones sino con acciones más determinantes.
Maduro y compañía deben entender que esa realidad es inmodificable y que los venezolanos no solo quieren un cambio de sistema sino, como lo han declarado María Corina Machado y Edmundo González, una transición pacífica y el inicio de un periodo en el que todos los venezolanos, independientemente de nuestras posiciones ideológicas, podamos convivir con respeto y sin temor para construir ese país que se perdió en 1998 y que ahora retomamos unidos para garantizarle a las nuevas generaciones una vida digna en donde prevalezcan los derechos humanos, las libertades fundamentales y el progreso socioeconómico que tanto anhelamos.