En relación con la controversia que Venezuela mantiene con Guyana, el 18 de diciembre pasado, la Corte Internacional de Justicia dictó una sentencia que podrá no gustarnos, pero que tiene efectos jurídicos, y que ha puesto en marcha un proceso que no se va a detener hasta que haya una sentencia sobre la nulidad o validez del laudo dictado en París, el 3 de octubre de 1899. En buena medida, el contenido de esa sentencia dependerá de que Venezuela comparezca o no en esta fase del procedimiento, y de que haga valer sus argumentos.
El pasado 7 de enero, una vez más, Nicolás Maduro rechazó de plano toda posibilidad de comparecer ante la Corte Internacional de Justicia y defender los derechos de Venezuela en el Esequibo. En un mensaje surrealista e ingenuo, Maduro aseguró que “vamos a reconquistar” el Esequibo, para lo cual designó una Comisión especial encargada de “reforzar la posición de Venezuela ante la comunidad internacional”, e insistió en la negociación y pidió al secretario general de la ONU activar el Acuerdo de Ginebra. Además, aprobó la creación de un “Territorio para el desarrollo de la fachada Atlántica” que, aunque usted no lo crea, incluye “el espacio ultraterrestre”. ¡Ni las grandes potencias habían llegado tan lejos en sus pretensiones de soberanía territorial! Resulta irónico que, quien no manda ni en el 23 de Enero, pretenda mandar en medio de las estrellas y otros cuerpos celestes. Pero ese mensaje, candoroso y alejado de la realidad, tiene un efecto evasivo, que elude resolver el problema central: si no vamos a defenderlo en la Corte, ¿cómo vamos a recuperar el territorio del Esequibo?
Una Asamblea Nacional que no es reconocida por la comunidad internacional también rechazó la sentencia de la CIJ, mediante la cual ésta se declaró competente para conocer de la demanda de Guyana sobre la validez del laudo de París. En su resolución, la referida Asamblea Nacional apoyó las iniciativas del poder ejecutivo para defender el territorio Esequibo, y anunció que “propiciará las más amplias y plurales convocatorias a todos los sectores nacionales… que puedan sumarse a este gran movimiento nacional”. Por supuesto, la decisión de no comparecer ante la Corte ya está tomada. Usted, amigo lector, sólo es invitado a aplaudir y a sumar su apoyo a una decisión que no fue analizada, discutida y consensuada con los distintos sectores nacionales. Pero, incluso si esa es la decisión correcta, sería bueno que se la explicaran al país.
Por su parte, el liderazgo opositor, que, en un primer momento, se había apresurado a emitir juicios coincidentes con los del régimen, en un giro de 180 grados, pareciera que ahora lo ha pensado mejor, pues uno de los asesores de Guaidó ha afirmado que hay que comparecer en el procedimiento ante la CIJ para defender los derechos de Venezuela. Pero, simultáneamente, sin haber leído la Carta de la ONU (o sin haberla entendido), y sin conocer el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (del cual Venezuela es parte), desde las trincheras de la última Asamblea Nacional electa por los venezolanos, otro dirigente político de oposición ha insistido en que la Corte carece de competencia, y que habrá que “esperar un cambio de gobierno” para defender el territorio nacional. ¡Como si el proceso ante la CIJ se fuera a detener mientras Venezuela resuelve sus problemas internos! ¡Como si, después de que se haya dictado una sentencia sobre el fondo, se pudiera dar marcha atrás! ¡Como si una sentencia adversa en la fase de fondo no pudiera causar ningún daño a la reclamación venezolana!
Salvo algunas excepciones, parece haber un punto de coincidencia entre gobierno y oposición: entre esos dos sectores, hay acuerdo en que la Corte internacional de Justicia es incompetente para conocer de este asunto (aunque ella haya dicho lo contrario), y en que “la soberanía nacional no se discute”. Dos frases hechas, que puede que suenen muy bien para la galería; pero lo cierto es que, desde 1899, Venezuela no está en posesión del territorio Esequibo, y que, desde 1966, a pesar del Acuerdo de Ginebra, quienes han representado a Venezuela en este caso no han recuperado ni un centímetro del Esequibo. Sería bueno que esos dirigentes políticos -de gobierno y oposición- le explicaran al país cuál es su plan para restablecer la soberanía nacional en ese territorio, y cuándo es que ese plan se va a materializar.
Está claro que el Esequibo no es una cuestión prioritaria para el régimen, y que, por las razones que sea, éste no tiene ninguna intención de defender los derechos de Venezuela en las instancias jurisdiccionales pertinentes. Y da la impresión que, para la mayoría del liderazgo opositor, el tema del Esequibo es, simplemente, una oportunidad más para atacar al gobierno, precisamente en un asunto que nos debería unir a todos. El discurso de unos y otros ha sido terco e irresponsable. Mientras tanto, el reloj está en marcha y el tiempo se está agotando. ¿Vamos a seguir improvisando?