Cuando observamos a los distintos actores que han participado en el episodio en Canaima, no queda menos que reconocer dos grandes aportes de las ciencias sociales contemporáneas: el Institucionalismo y la Economía conductual. El primero enfatiza la importancia del marco regulador normativo, la segunda la necesidad de interrogar nuestros supuestos y sesgos cuando decidimos o justificamos una decisión.
Buchanan (1962, 1985) ha argumentado que el poder discrecional de los políticos expande el alcance de las actividades públicas, lo que distorsiona el mandato originario dado en el acto electoral. La solución es incorporar a la Constitución restricciones al poder discrecional de los gobernantes que permitan un funcionamiento de la política más cercano a las expectativas de los ciudadanos. El criterio de las finanzas públicas permite orientar las decisiones consensuadas respecto al desarrollo sostenible de la nación. Es el consenso, no el conflicto, el fundamento que disminuye los costos de transacción en una sociedad.
North (1990) ha elaborado la aproximación más breve a los temas de regulación, cuando define a las instituciones como las reglas de juego de una sociedad. Ellas pueden ser formales (como las contenidas en la Constitución) o informales, aquellas que emanan de la cultura. El papel de las instituciones es generar confianza, o disminuir la incertidumbre, orientadas por el criterio del desarrollo económico para elegir las mejores vías que impulsen las fortalezas nacionales creando oportunidades sustentables, no mero crecimiento. La ausencia de confianza mide la debilidad institucional.
Sen (1977, 1999, 2009) ha enfatizado que la economía requiere de dos condiciones: un marco institucional explícito y ética en el comportamiento para fundamentar los acuerdos en condiciones equitativas de intercambio. El sistema de reglas institucionalizadas debe establecerse para la garantía de las libertades individuales instrumentales (las recogidas en los textos constitucionales) y sustantivas (cada persona tiene derecho a elegir su plan de vida). El ejercicio de la libertad no debe generar desigualdad. El criterio orientador es la expansión de las libertades sustantivas de las personas y el mejor procedimiento es denominado Elección Social: evaluar los diferentes sectores públicos, asumir un proceso de reforma que sustituya las áreas de desigualdades sociales con marcos institucionales fuertes los cuales disminuyan las condiciones que generan pobreza y hambrunas.
Rawls (1971, 1991) concibe a las instituciones como un conjunto de reglas derivadas de un contrato social imparcial dirigido a escoger los principios-guía para orientar la escogencia del marco regulatorio en la búsqueda de la equidad social. El método que propone Rawls es denominado Constructivismo Político: las partes que escogerían los principios deben concebir una sociedad equitativa y sustentable.
¿Cuál sería el contenido de ese marco regulador imparcial? No solo la “estructura básica de la sociedad” (como afirma Rawls) sino también los procesos y relaciones políticos y administrativos a establecer, los roles de los actores relevantes y la dimensión sospesada de la ejecución política realizable. Todo ello bajo condiciones de racionalidad (relación medios-fines) y razonabilidad (regirnos por alguna idea de Bien). Así, colocaríamos en el horizonte el modo correcto de consensuar: enfocando una problemática común, dejando atrás las posturas interesadas. Una vez consensuado el marco político-ético legítimo es cuando se impone el momento del Derecho, lo legal: concepción de la Constitución y del marco legal para la nación.
Economía conductual
La Economía conductual, desarrollada por –entre otros– los psicólogos cognitivistas Amos Tversky y Daniel Kahneman; así como por economistas como Richard Thaler, parte de la noción de ‘racionalidad limitada’ acuñada por Simon y han conducido al otorgamiento del Premio Nobel de Economía a Simon en 1978, Kahneman en 2002 (Tversky murió en 1996) y Thaler en 2017, quien ha concebido el modo de formular políticas públicas tomando en cuenta los resultados de todos esos estudios.
Simon (1997) razona de la siguiente manera: El comportamiento humano es finalista y racional. La racionalidad humana no es perfecta pues depende de los conocimientos, hábitos y valores que hayamos incorporado; en consecuencia, la acción socio-política necesita ser siempre ejecutada mediante equipos en mayor o menor medida organizados. Los límites de la racionalidad pueden ser expandidos mediante los cambios inherentes a sus tres componentes. La solución para ampliar el ámbito de racionalidad, según Simon, es enfocar el comportamiento administrativo mediante el diseño de organizaciones que provean el marco de control para tomar decisiones eficientes.
Los estudios de los psicólogos cognitivistas han enfocado la toma de decisiones en contextos de riesgo e incertidumbre, es decir, aquellos similares a los espacios públicos y de convivencia. La idea clave que han probado es la siguiente: tomamos decisiones a partir de sesgos intuitivos y cognitivos. Los sesgos constituyen el fundamento de nuestras conductas y las heurísticas (la perspectiva integradora) permiten sintetizar nuestra visión sesgada del mundo. Las heurísticas identificadas por Tversky y Kahneman, en 1974, son tres: 1) Representatividad (seis sesgos), mediante la cual utilizamos estereotipos sociales para emitir juicios. 2) Disponibilidad (cuatro sesgos), la tendencia a utilizar lo que está ‘a la mano’. 3) Ajuste y anclaje (dos sesgos), el uso de un valor inicial ajustado para producir la respuesta final. ¿Qué nos enseñan estos estudios? Pues, que es necesario someter a interrogación nuestras respuestas intuitivas, nuestra manera de reflexionar, las teorías que adoptamos y el modo cómo comprendemos a los demás y al mundo que nos circunda
Comprender una cultura pública requiere considerar los supuestos, heurísticas y sesgos conductuales. La constitución del marco institucional para Venezuela comienza por reconocer la condición sesgada de los juicios, los cuales son innumerables en nuestra sociedad, para tornar realizables la concepción y mantenimiento de una sociedad bien ordenada. Reconocer los sesgos es aceptar que estamos instalados en el error y que, por ejemplo, una situación de privilegios es no inclusiva: los privilegios desenmascaran las verdaderas posturas de quienes participan de las prebendas.
Cuando ocurre algo como el caso del tepuy, nos preguntamos por qué ha estremecido tanto a la conciencia pública. La respuesta: porque una sociedad siempre tiene la necesidad de un mínimo de reglas justas consensuadas y de constatar que hay un mínimo de respeto a los demás y al ambiente. El caso del tepuy ha colocado en el tapete la necesidad del largo camino para reinstitucionalizar al país, de un modo inclusivo y justo.