Una de las consecuencias más evidentes para las administraciones públicas iberoamericanas de la crisis del covid-19, que empezó a finales de 2019 y que cinco meses después nos sigue angustiando, es la extensión de métodos de trabajo, antes conocidos, pero escasamente utilizados, como las conferencias virtuales, las videollamadas, las webinar y en especial el teletrabajo. Este último nos va a acompañar durante mucho tiempo y está llamado a constituir una seña de identidad de las administraciones públicas del siglo XXI.

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) se propone consensuar próximamente una Carta Iberoamericana de Innovación  en la Gestión Pública, continuando con la tradición de discusión y aprobación por parte de los 23 países miembros de Cartas Iberoamericanas, que posteriormente son presentadas a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. En esta carta se hace especial hincapié en la conveniencia de extender el teletrabajo, como han hecho hasta el momento 18 países miembros del CLAD, porque puede ser una forma de gestionar las administraciones públicas con mayor eficacia.

Significa esto que ¿el futuro acabará con el trabajo presencial? El modelo futuro, basado en la innovación, debe combinar ambos tipos de trabajo: presencial y teletrabajo. El trabajo en línea o presencial de los funcionarios, será inexcusable para la alta dirección e incluso para la prestación de servicios directos , tan importantes en estos meses de la pandemia, como los servicios sanitarios, educativos, de seguridad, de mantenimiento, de defensa. Sin embargo, otros muchos no precisan de una presencia efectiva en las oficinas públicas o al menos no siempre, como  demuestra el escaso trabajo que se puede desarrollar cuando los sistemas informáticos se «caen» o no hay Internet en las oficinas públicas.

Las administraciones públicas deben dotarse de los recursos tecnológicos e implantar los sistemas de capacitación necesarios para fomentar y facilitar el teletrabajo. Impulsado hasta el momento de manera tímida y lenta en forma de pruebas piloto, el teletrabajo ya forma parte del paisaje de la mayoría de las administraciones de nuestros países debido a la crisis del covid-19. Ha quedado demostrado que es eficaz, eficiente y contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Se ha comprobado que las diversas dinámicas de trabajo virtual pueden llegar a ser más fluidas, resolutivas e innovadoras que las derivadas del trabajo presencial tradicional. También hay que tomar en consideración que con la crisis del covid-19 han aflorado, lógicamente, ante la improvisación y brusquedad en la introducción del teletrabajo, problemas y disfunciones de los que debemos aprender y, por tanto, resolver. Múltiples canales tecnológicos y colaborativos de trabajo que generan una sensación de un cierto desorden, equipos tecnológicos insuficientes que deben ser subsanados de manera personal por los empleados públicos, viviendas particulares no pensadas para convivir con las exigencias del trabajo profesional, e incluso horarios excesivos y caóticos. Pero no parece excesivamente complejo solventar estos problemas y beneficiarnos de la eficacia, eficiencia y de las virtudes colaborativas de una organización del trabajo mucho más abierta que, además, facilita la conciliación entre la vida laboral y personal de los empleados públicos.

Una de las ventajas de la crisis del coronavirus es que hemos implantado esta nueva dinámica laboral «de manera abrupta y sin ningún tipo de lubricante. Y estamos descubriendo que, en términos generales, funciona y muy bien» (Ramió 2020).

La gran dificultad para la implantación del teletrabajo no ha sido la tecnología o la seguridad de las conexiones remotas, sino justamente la implementación de algún modelo que permita la evaluación del desempeño de las personas empleadas con base en objetivos, bien «sean de producción, resultado o impacto, y con base en competencias profesionales como la innovación, la cooperación, el trabajo en equipo» (Herrera, 2020).

Trabajar fuera de casa es una conquista social y un igualador colectivo, porque con frecuencia facilita el ascenso social por el progreso profesional. Con el confinamiento, el teletrabajo puede amplificar hasta el estruendo desigualdades sociales y de género.

Esta nueva dinámica de prestación de servicios mediante el teletrabajo genera problemas nuevos. Especialmente, la ciberseguridad. Hay una gran cantidad de documentos confidenciales, datos personales e información administrativa que circula. «Nos han mandado a casa sin establecer protocolos ni políticas, sin protegernos ni proteger» (Gemma Galdón, 2020).

El teletrabajo es ya una realidad en las administraciones públicas. Los Estados deben invertir en los sistemas que hagan posible que el servicio a los ciudadanos mejore y que la distancia se convierta en cercanía en el tiempo y en eficacia en la resolución de los asuntos.


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