Movistar —legalmente, Telefónica Venezolana, C. A.— es una filial de Telefónica, que ofrece servicios de telefonía móvil, telefonía fija, Internet móvil, TV digital y transmisión de datos,en Venezuela.
Tiene 10 millones de clientes —de los cuales, 5,5 millones tienen teléfonos inteligentes—, cuenta con más de 300 puntos de atención al cliente y es la compañía de telecomunicaciones más grande de ese país, adicto a Internet y gran consumidor de datos móviles.
Cargos recientes han revelado que la condescendencia de Movistar con el gobierno de ese país le está llevando —sin que medie justificación alguna— a silenciar a medios digitales, nacionales e internacionales, críticos con el Ejecutivo de Caracas.
La represión directa supone una violación de la libertad de expresión, lo que resulta contrario a la defensa de los valores democráticos que comparte España con la Unión Europea.
Como multinacional europea, Telefónica, que está obligada a cumplir con los principios corporativos relacionados con la defensa de los derechos humanos, no parece haber manifestado aún una posición en relación con los requerimientos del gobierno de Caracas de silenciar los medios digitales hostiles al régimen.
Este silencio espeso, sin explicitar contrariedad con el mandato represivo, le llevaría a convertirse en cómplice necesario de las políticas autocráticas del régimen bolivariano.
El mecanismo utilizado es el siguiente: sin respaldo jurídico —orden de un juez o procedimiento incoado— un funcionario ordena a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) bloquear discrecionalmente una página web.
A partir de esa decisión, el regulador ordena a las compañías de telecomunicaciones que lo ejecuten, al ser ellas quienes lo pueden realizar técnicamente.
…
Tras una persecución implacable, El Nacional, medio respetado y referente en el continente americano, ha optado por el exilio forzoso, destino Madrid, después de que las instalaciones del periódico fueran objeto de incautación por el gobierno venezolano.
La confluencia de la usurpación de la sede, el reparo de las imprentas a editar el periódico y la negativa de los periodistas a trabajar en un medio marcado por no ser complaciente con el gobierno, remataron un panorama donde el protagonista indiscutible era el miedo.
No saciado con el envío de un contingente de soldados —armados hasta los dientes— para desalojar las oficinas, continuó el despojo con el bloqueo de su página web.
…
Para restringir el acceso a una página —con dominio .com— debe mediar un proceso judicial en el país donde está registrada. En el caso del medio venezolano, en Estados Unidos, donde un juez federal debe evaluar el caso y decidir si se procede o no al bloqueo.
De ahí que el procedimiento empleado por el régimen sea absolutamente irregular porque son páginas internacionales y la única manera de bloquearlas es a través del magistrado estatal donde están alojadas.
El acceso a la libre información que —en Internet— es y debe ser un derecho, se ve obstaculizado por el deporte incansable del régimen chavista, consistente en dictar pautas a una operadora internacional a la que ordena a qué página se puede acceder y a cuál no.
Algunos de los medios asediados que actúan en libertad (El Nacional, La Patilla, etc) prefieren sufrir las consecuencias del bloqueo, la interferencia y la caída de sus visitas antes que «rendirse a un gobierno dictatorial» que sigue al pie de la letra los lineamientos de La Habana.
Las empresas telefónicas o tecnológicas, caso específico de Movistar, responden a una exigencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela.
Una empresa trasnacional como Telefónica está obligada a respetar los valores empresariales propios y los del país de origen, donde la libertad de expresión se respeta. Pero en Venezuela, el señalamiento se evidencia al convertirse en copartícipes de la censura, a través del bloqueo de los medios.
La Unión Europea tiene también aquí tarea pendiente. Una empresa comunitaria, como Telefónica, no puede rendirse, sin rechistar, a prácticas autocráticas que afectan frontalmente a la libertad de expresión.
Sin por ello olvidar que, en 2017, el presidente de Venezuela en una transmisión por radio y televisión acusó a la empresa Movistar de haberse sumado a la “convocatoria a un golpe de Estado” contra su gobierno. Movistar no habría mandado ningún mensaje. La paranoia a niveles épicos.
…
Este matonismo impenitente evidencia que las operadoras de Internet y telefonía están amenazadas, lo cual es de todo punto inaceptable. En un país donde los periódicos y la televisión críticos han sido ya enmudecidos, los medios digitales son casi la única vía de difusión de información y el régimen lo sabe.
Movistar está desactivando algunos servicios —de televisión satelital— y retirando equipos en Venezuela. Los primeros afectados han sido clientes que han dejado de recibir la señal en sus decodificadores, cerrándole sus cuentas como abonados e impidiéndoles realizar requerimientos para reactivar el servicio.
Otro tanto sucede con los servicios de telefonía, pues la compañía va retirando antenas dañadas, para no reponerlas nuevamente, mientras los usuarios tienen dificultades de comunicación, por falta de capacidad de la empresa para atender las demandas de voz y datos.
A pesar de las certezas, Movistar sigue negando su salida de Venezuela, pero las dudas persisten si la compañía continúa con su política actual.
Es probable que los accionistas de Telefónica no entren en semejante menudeo —como el bloqueo arbitrario de casi todos los medios digitales independientes de Venezuela—pero no pueden esquivar lo que pasa sin plantar cara —al menos jurídica— a flagrantes abusos consentidos.