La detención arbitraria de Javier Tarazona -a pesar de su delicada condición de salud- es “un ejemplo paradigmático de la intolerancia y los abusos del gobierno de Nicolás Maduro”, han expresado organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional.
La misma afirmación recobra ahora la fuerza de un misil para contribuir a desinflar el salvavidas que Lula intentó lanzarle a Maduro el lunes 29 de mayo en Brasil diciendo que las críticas sobre la situación de esos derechos en Venezuela era una mera construcción narrativa “de autoritarismo”. Algo parecido había hecho otro socio del régimen, el presidente argentino Alberto Fernández, que el año pasado dijo que “ya no hay más denuncias en Venezuela sobre hechos de violación de derechos humanos”.
Pero el argumento del mandatario brasileño -que como el argentino pareció ansioso por reflotar una relación que hunde sus raíces en prácticas corruptas con Hugo Chávez y hasta con el propio Maduro- terminó de hacer agua solo cuatro días después al cumplirse 700 días de la detención arbitraria de Tarazona.
La ONG Fundaredes, que el viernes 2 de junio exigió una vez más que liberen a su director, recordó que el activista está preso por denunciar violaciones de derechos humanos “y la violencia desatada por grupos armados irregulares que se encuentran en nuestro territorio”.
La denuncia que presentó Fundaredes el 30 de junio de 2021 acerca de los negocios en Venezuela entre la narcoguerrilla colombiana del ELN y figuras del régimen ofrece pistas sobre los verdaderos motivos del arresto de Tarazona apenas 48 horas después. Semanas antes la ONG había denunciado también ante la Fiscalía en Caracas la existencia de “casas seguras” para la operatividad de los cabecillas del ELN y disidentes del las FARC, que cuentan con protección de funcionarios de seguridad del Estado.
Lo acusan de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria, pero no conviene olvidar que a Tarazona y su ONG siguen cobrándoles además haber contribuido a conocer que el régimen de Maduro arrastró a la FANB a la guerra de guerrillas para defender a sus aliados de las FARC en el brevísimo conflicto que estalló en marzo de 2021 en Apure, donde mandos débiles capitularon aproximadamente dos meses después frente a los rivales de Iván Márquez en el negocio de la droga.
Documentos de Fundaredes, que ha denunciado el desprecio del Alto Mando Militar madurista por los miembros de la FANB en la desastrosa y frustrante aventura bélica en Apure, apuntan: “Los heridos debieron intentar preservar sus vidas sin contar con provisión de comida o un kit de primeros auxilios digno, pues al ser enviados al terreno de combate sin las provisiones y elementos mínimos de supervivencia les esperaba el peor de los escenarios”.
Probablemente por eso el régimen de Maduro criminaliza el trabajo del director de la ONG. En eso lo secundan socios como Fernández y Lula, pero muchas más voces exigen que liberen a Tarazona. Ese clamor sigue contando con el argumento inapelable de que defender derechos humanos no es delito, ni mucho menos “construcción narrativa”. Y en eso también, de alguna manera, Tarazona desmiente a Lula.