La ilegalidad en la supresión
Es necesario plantear francamente la opinión de muchos habitantes del Municipio Páez, quienes no centran el debate en la restauración de la Alcaldía Distrital, sino en la posibilidad a futuro de la creación del estado Alto Apure, por la realidad política, social, económica y sobre todo cultural que diferencia exponencialmente al habitante del Alto y del Bajo Apure, pero sobre todos estos aspectos se encuentra la dimensión de la frontera, las desventajas para el desarrollo que presenta el territorio apureño ante el Departamento del Arauca colombiano, y la ineludible presencia de los grupos externos armados; Fuerzas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la guerrilla venezolana un tanto debilitada; las Fuerzas Bolivarianas de Liberación Nacional (FBL).
No obstante la realidad que se debe navegar en términos concretos, es la restauración inmediata de la Alcaldía Distrital, por ser un espacio que se suprimió de forma ilegal, no solo por la carencia de una junta liquidadora por parte de la Vicepresidencia de la República, que jamás entregó informes, y dejó colgados en el agravio a todos los trabajadores, sino por ser una decisión en su momento de la también ilegal Asamblea Nacional Constituyente. La Alcaldía Distrital tiene su origen en la disposición transitoria tercera de la Constitución, de allí la creación de un régimen especial para los Municipios José Antonio Páez, y Rómulo Gallegos, del estado Apure, en ejecución de esa norma fue creado mediante la conocida Ley 56 del año 2000, y formalmente constituido en el año 2001, el distrito Alto Apure.
Ahora bien, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no estaba facultada para alterar la organización político territorial del país, siendo además un órgano sombrío carente de legalidad, que contravino a la Constitución con la determinación de suprimir la Alcaldía Distrital de Apure, que debe evaluarse en dos bandas:
- Como bien se ha explicado, el origen del Distrito Alto Apure está garantizado en la Constitución, por lo tanto la supresión contraviene con un mandato constitucional.
- La supresión del Distrito viola los derechos políticos de las autoridades electas y también los derechos de los electores, obviando el mandato del poder popular originario tan cacareado por Hugo Chávez, con aquello de “la voz de Dios es la voz del pueblo.”
El argumento más poderoso para suprimir arbitrariamente la Alcaldía Distrital de Apure ha sido la confrontación política que se experimentó a lo interno del PSUV, que puso de relieve las diferencias entre el desaparecido alcalde distrital Jorge Rodríguez, padre del mayor general Rodríguez Torres y el otrora poderoso exgobernador y exvicepresidente de la República Ramón Carrizalez, quien responde a los intereses políticos y militares de Diosdado Cabello, quien confrontaba con el exministro de Interior mayor general Miguel Rodríguez Torres, quien removía los cimientos sociales y militares del propio chavismo y terminaría preso y torturado por 5 años, y luego en el exilio político.
Si bien la gestión de Jorge Rodríguez Galviz es recordada con profundos traumas en la población, por la ineficiencia manifiesta y los descontroles administrativos, la ilegalidad en la supresión es un tema a debatir para la restitución de este órgano que sería de vital importancia para la defensa del territorio, la organización social y finalmente el desarrollo y superación de la pobreza de esta zona fronteriza tan golpeada por los efectos de la presencia de los grupos irregulares, el contrabando y el trasiego de cocaína a Venezuela.
Aumento del control militar
Después de la supresión de la Alcaldía Distrital, se presentaron en el territorio venezolano, dejando innumerables víctimas de la población de La Victoria y también de la Fuerza Armada. La respuesta para esto no estuvo ni ha estado en el fortalecimiento de las estructuras políticas del Estado venezolano, sino en la creación de una Zona Operativa de Defensa Integral Temporal Especial (ZODITE) General de División José Cornelio Muñoz; aunque la misma después fue desactivada, el control de la zona depende exclusivamente del sector militar, sin fomento alguno a la creación de grupos sociales para el desarrollo y el fortalecimiento de las comunidades.
Lo que viven las poblaciones de los Municipios Rómulo Gallegos, y José Antonio Páez, antiguo Distrito Alto Apure, es grave y sin ninguna razón política que lo sustente, la ausencia del marco legal constitucional, y la carencia de un sistema de monitoreo institucional que sobre todo resguarde los derechos humanos de los pobladores, que poseen dependencia de los grupos armados irregulares, quienes siembran el terror en la zona, se expresa de forma permanente en los excesos de los cuerpos militares, quienes traspasan comúnmente los límites de su responsabilidad, asumiendo potestades sobre la toma de decisiones de políticas públicas, correspondiente al Ejecutivo, quizás la naturaleza voraz de una frontera destinada al paso ilegal, al contrabando y la producción de dineros ilícitos, sean verdaderamente los elementos que justifican los déficits de control civil sobre los procesos de formulación e implementación de la política de defensa desde la óptica social, dando paso al escenario actual de autonomía militar contra desgobierno civil, que ocasiona daños irreversibles en todos los campos sociales.
Los habitantes de esta extensa frontera tendrán que organizarse y decidir con el minimizado liderazgo político local y regional qué papel desean ocupar en el futuro próximo del país, o sencillamente continuar subordinados a los intereses económicos que grupos y mafias imponen sobre el propio Estado venezolano.
@jufraga12