El informe de la relatora de la Organización de Naciones Unidas, Alena Douhan, entre otras cosas, dice que había una fuerte crisis previa a las sanciones, que estas agravan y profundizan, por lo que hizo un llamado a levantarlas. Señala también que hay acoso a las opiniones distintas y a las ONG, por lo que propone la mediación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al respeto. Es un informe objetivo para el aspecto en que estaba comisionada por las Naciones Unidas.
La relatora, de igual manera, recomienda que el manejo de las vacunas en Venezuela se dé «bajo la supervisión y a través de organizaciones internacionales, como el PNUD y la Organización Panamericana de la Salud», así como «la compra de medicinas, alimentos y bienes esenciales, debe hacerse bajo el monitoreo de las instituciones y agencias de la ONU y la OPS».
A nuestro juicio, lo que queda en entredicho es la ética de quienes la atacan sin ni siquiera haber leído el informe; y ante la carencia de argumentos y del desconocimiento que la señora es una militante de la causa antisanciones, usan para variar el simplismo, y por ende, decirle “comunista”, basándose en su nacionalidad; lo que nos hace recordar a Nicolás Maduro cuando profería epítetos contra la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, luego de que esta presentara su informe.
En fin, los extremistas son iguales. Bachelet y su gente son buenos cuando dicen, asistidos por la verdad, que en Venezuela hay violaciones sistemáticas de derechos humanos; pero son malos cuando dicen que las sanciones generan un impacto negativo sobre el contexto humanitario del país, y viceversa.
Fanatismo puro es la definición de estos dos polos, de los cuales la relatora de la ONU y Bachelet en su momento son víctimas por decir la verdad en un país en donde algunos insisten en una absurda dicotomía polarizante. La realidad es muchas veces incómoda, pero no por eso deja de ser verdad.
Mientras todo esto ocurre, el gobierno, a través de su canciller Jorge Arreaza, le saca el máximo provecho a su favor a este informe preliminar moviendo su aparato propagandístico.
Permitirle al gobierno repolarizar al país sobre la base de las sanciones es un gran error. Lo sensato es la condena unánime y sin tapujo. Porque si las sanciones afectan en la ya mermada calidad de vida de los venezolanos, y no a los corruptos y poderosos, ¿no sería inteligente que fuesen suspendidas para que los más humildes puedan ser libres de la dependencia que tienen cada vez más del Estado?
Desde Unidad Visión Venezuela queremos dejar claro, una vez más, que las sanciones individuales a cuentas personales y bienes de funcionarios violadores de derechos humanos y políticos son otra cosa, y que estas si tienen todo el sentido del mundo; no así las sanciones económicas que hacen más pobre al pueblo y más ricos a los que dicen defenderlo, y se convirtieron en un gran negocio.
Hay gente de lado y lado que se ha hecho millonaria ayudando al gobierno para sortear las sanciones y comercializar internacionalmente petróleo, sus derivados y metales del Arco Minero.
Las sanciones son la excusa perfecta del gobierno para esconder su ineptitud, y el robo sistemático al país.
Maduro las ha usado como pretexto y ha sancionado al pueblo venezolano, cerrando las fronteras con Colombia, que impiden los negocios con el país neogranadino, con lo que la comida que llegaba de la nación vecina dejó de entrar y eso también ha afectado a los venezolanos.
Ya basta de que el gobierno evada su responsabilidad en el colapso económico venezolano. El ciclo contractivo de la economía venezolana comenzó en 2014 cuando teníamos un barril de petróleo rondando los 90 dólares, no existía ninguna sanción y mucho menos el coronavirus.
Para finalizar, el informe preliminar de la relatora de la ONU nos lleva a confirmar que el contexto del conflicto político, sus consecuencias económicas y el impacto en la población es mucho más amplio que las sanciones. Así que nuestra invitación es a sacarle provecho a lo que dijo la relatora.
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