Un personaje del régimen que aparece mostrando una copia de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, planteando a la oposición que está en medio de una trampa sin salida, conmina a leer la ley que impide la participación de ciudadanos que no estén inscritos en un registro electoral. Algo así como reconocer que el juego está trancado y que es inútil buscar salidas. María Corina inhabilitada, Corina Yoris impedida de inscribirse y Rosales navegando en un mar de dudas. Votar por uno de los 12 candidatos que figuran en una lista no anima a los venezolanos a salir de la cama el día de las elecciones. En conclusión, una supuesta sentencia a muerte contra la posibilidad de lograr el cambio ansiado por 90%de los ciudadanos de este país.
En medio de esta refriega el gobierno salta todos los límites, acusa al movimiento Vente de terrorista, apresa y amenaza a su directiva con meterlos en prisión. Le corta la electricidad a la Embajada de Argentina por acoger a los dirigentes de Vente perseguidos. A la par que recibe la repulsa mundial de sus compañeros de ruta Mujica y Lula, quienes reclaman el manejo represivo de los eventos electorales en Venezuela, circunstancia que termina salpicándolos también en cada uno de sus países.
Estos eventos nos recuerdan -no debemos olvidar- la manera como fue clausurado el periódico de más larga tradición en el país El Nacional. Un hecho que se materializó con el anuncio (el mismo personaje) de la sentencia de un tribunal dominado por él mismo, lo que permitió acabar con el periódico y todas sus iniciativas, literarias, históricas, editorial, pedagógica y sobre todo en el campo de la libertad. El Stalincito amenazó: “Estoy esperando que salga la sentencia para nosotros entregarle a la Universidad de la Comunicación la sede de El Nacional”. Este ultimátum trae a la memoria una anécdota narrada por Leonardo Padura, quien cuenta que después de una intervención de Stalin en una reunión del partido, Trotsky intentó aclarar las ideas erróneas emitidas por su camarada. Cuenta Padura que un asistente a la reunión le susurró a Trotsky en el oído: “Esta intervención tuya contra Stalin la pagarán con sangre hasta tus últimos descendientes”. Y así fue, Trotsky murió de un hachazo, sus hijos y allegados fueron cercados por el sanguinario Stalin, prisioneros y asesinados.
No hay que perder el tiempo denunciando que la Universidad de la Comunicación no ha existido como aporte cultural, que la oferta con los terrenos de El Nacional fue otra vulgar mentira: “Los terrenos que se encuentran en el sector de Quinta Crespo, que también pertenecen a El Nacional, serán usados para construir edificios de apartamentos para periodistas”. La única pregunta válida en este tópico sería: ¿Cuáles periodistas? Quizás los asalariados del régimen en sus pasquines. Sabemos que Stalincito y su régimen solo actúan en beneficio personal, para sus allegados, ávidos de propiedades inmobiliarias, como lo demuestran sus posesiones recientes en urbanizaciones del este de Caracas. Además, Venezuela sabe que nuestros periodistas no se venden.
Más allá del aspecto cruel, caricaturesco y despótico del Stalincito, esta destemplada amenaza es una muestra amañada de leyes que se manipulan para cubrir los desmanes de la dictadura, esconden detrás de una supuesta decisión jurídica que sabemos es emitida por un juez en la servidumbre que evidentemente se plegará a la orden de su amo, el fatídico Stalincito.
En el campo comunicacional la tarea del socialismo del siglo XXI ha sido clara, desaparecer la prensa libre, la radio y todos los medios de comunicación independientes, de la jerarquía de El Carabobeño, Notitarde, Panorama, Diario del Caroní; en total 66 periódicos y televisoras como RCTV han sido cerrados o llevados al límite. La institución responsable ha sido la siniestra Corporación Maneiro, cuya tarea siempre fue negar el acceso al papel, a la tinta, a la propaganda, a los recursos financieros para cancelar las deudas con los proveedores. Un paquete cuyo único gran objetivo ha sido imponer la hegemonía de las ideas socialistas. La amenaza del régimen es la maniobra desesperada ante aquellos que nunca se plegaron, que no han tenido temor de defender sus ideas. Me pregunto: ¿La ley electoral fue ideada para impedir la participación ciudadana en lugar de promoverla, como sería su real mandato?
El periódico ha respondido en la voz de su gerente del momento, Jorge Makriniotis: «Ayer salió un personaje del régimen atacando el periódico, diciendo que se quedará con nuestra sede. Pero El Nacional no pide cacao ni come cuento. Nosotros seguimos porque el valor de la empresa es su gente, no el tamaño de su oficina, no un edificio. Digan lo que digan seguiremos acá, apostando y soñando con una Venezuela libre». El zarpazo contra El Nacional, que fue precedido por el mismo procedimiento contra El Carabobeño, mostró claramente el procedimiento para imponer la hegemonía comunistoide, intentar seducir las masas por una vía diferente a la violencia explícita empleada por Fidel Castro y su revolución que destrozó materialmente a más de los 60 periódicos que existían en la Cuba prerrevolucionaria. En Venezuela la represión se ha pulido, no destrozan a martillazos las rotativas, simplemente ahogan el medio por otras vías y en el caso de El Nacional apelan a una justicia inexistente en este país sin ley. El camino para llegar a El Nacional hoy podemos describirlo objetivamente: silencios administrativos ante la solicitud de divisas para honrar deudas con proveedores externos, entregas deficientes de insumos, papel, tinta, represión fiscal, multas y cierres, acoso y violencia contra periodistas y empresarios de la comunicación, compras hostiles ante la negativa de cambiar las líneas editoriales. Los Stalincitos emplean un nuevo recurso, apelar a la justicia, no han podido con la coacción material; por tanto, recurren a “sus” tribunales para que le construyan una sentencia a su medida. Todos sabemos que más de 80% de los jueces venezolanos son puestos a dedo por el PSUV, Maduro, Cabello y Padrino.
Es la misma metodología en el ámbito electoral, leyes hechas para impedir, coartar la libertad de participar, con una tecnología que permite al régimen controlar la participación libre de los ciudadanos y sus partidos. En algunos países democráticos los CNE existen solo en periodo electoral, la organización se reconstituye para cada evento, no es un centro de poder es una taquilla a la cual acude el ciudadano para expresar su voluntad política. No es una máquina siniestra de control ciudadano con el objetivo de impedir cualquier cambio democrático.
Queda la experiencia amarga para los lectores del afán destructivo contra un periódico emblemático de nuestra vida en todos los planos: cultural, artístico, deportivo, económico, político, social, filosófico, pero que permanece por otras vías como imprescindible referencia política. La historia se repite en cada ámbito de nuestra vida, hoy es el CNE como reencarnación de la antigua “Seguridad Nacional” de Pérez Jiménez que apresaba y torturaba a la gente, hombres y mujeres que luchaban por la libertad y por la democracia. Hoy es un CNE y su ley electoral los instrumentos de represión contra el pueblo. Estamos obligados a defendernos de estas amenazas contra la libertad. El Nacional en medio de las contingencias sigue siendo un periódico independiente venezolano, fundado en la ciudad de Caracas el 3 de agosto de 1943, actualmente dirigido por Miguel Henrique Otero, nieto e hijo de los fundadores del diario. Su primer director fue el poeta Antonio Arráiz. Hay que defender lo que nos importa, aquello que nos duele como el caso de este “último” periódico. Hoy el CNE y su fatídica ley orgánica son manipulados para impedirnos expresar la voluntad ciudadana.
Debemos responsablemente tener el conocimiento sobre la posibilidad de superar las prohibiciones de postulaciones, aparentemente no se limitan a modificar postulaciones restringiéndose a los candidatos ya inscritos, no aparece explícitamente en el capítulo VII del Reglamento de la Ley Orgánica Electoral referido al “Procedimiento para las sustituciones y modificación de las postulaciones”.
Quizás lo más importante es aprender que nuestras leyes no han sido creadas para limitar la participación sino al contrario, para promoverla. La Ley Orgánica Electoral debe ser un instrumento para promover la participación popular y no un acicate para impedirla o coartarla, por tanto, estamos a tiempo para seguir luchando y lograr que se abra un proceso electoral transparente, legítimo, que permita expresar la voluntad de las grandes mayorías de venezolanos urgidos por la necesidad de cambiar. Ninguna reencarnación de Stalin puede liquidar nuestras aspiraciones de participar con libertad y transparencia en el próximo proceso electoral.