Investigación y recopilación de Rodolfo Montes de Oca, con prólogo de Alberto Barrera Tyszka, circula desde finales del presente año una referencia importante: Sospechosos habituales. Diez aproximaciones a los antecedentes históricos del movimiento por los derechos humanos en Venezuela (1936-1999), con el sello de Provea. Ambicioso, aunque justificado propósito, arranca del inmediato posgomecismo, ventila la década insurreccional de los sesenta, el llamado proceso de pacificación y los presos políticos, la vinculación de la Iglesia Católica con los derechos humanos, el sistema interamericano en la materia, los activistas asesinados, la represión militar y policial de los ochenta, la defensa del feminismo y de la sexodiversidad, la importancia de la no violencia activa, cuestionado el poder en el epílogo para dejar constancia de una copiosa bibliohemerografía.
Acertada iniciativa, nos impone de los más sonados casos que trascendieron y estremecieron a la opinión pública nacional e internacional, pero igualmente de la construcción de una defensa de los derechos humanos de varias décadas que se esforzó por su más cabal reconocimiento, incluyendo la sostenida y riesgosa denuncia de sus violaciones. Da pista en torno a la institucionalidad e institucionalización de una defensa resistida, adversada y neutralizada en todo lo posible por el Estado.
Convengamos, resulta difícil alcanzar una perspectiva absolutamente imparcial sobre el problema, pero nos permitimos observar, sin dudar de las buenas intenciones del autor, por una parte, la necesidad de un balance más equilibrado de las etapas relacionadas con el siglo XX. A modo de ilustración, entre otros casos, hay una implícita legitimación de sendas sublevaciones militares y actos insurreccionales, como los de Puerto Cabello, Carúpano, o Barcelona, que fueron de una evidente temeridad e irresponsabilidad; la lamentable tortura y muerte de Alberto Lovera, harto conocido y esclarecido gracias a la prensa y al mismo parlamento; los eventos terroristas, como el asesinato sistemático de los modestos policías municipales en las esquinas de importantes ciudades, e incendio y sabotaje de grandes casas comerciales; la existencia de presos políticos a los que también se les podía visitar, añadida la prensa, encontrándose en condiciones mínimas adecuadas, cursando el juicio respectivo; el empleo de la jurisdicción militar, dando pie a una importante reflexión académica presta a su difusión; el ciertamente inconstitucional extrañamiento del territorio nacional de aquellas personas que, además, liberados, no podían inmediatamente quedarse en el país porque sus vidas peligraban a manos de los propios grupos guerrilleros; la ulterior reincorporación de insurrectos y sublevados a la vida institucional, añadidos cargos de elección pública. Por entonces, muy poco antes de las elecciones de diciembre de 1963, Caracas fue inundada de tachuelas en medio de una balacera generalizada, o, a principios de 1970, al poco tiempo fue puesto en libertad el director de un medio, como Reventón, revista que siguió editándose, acusado de un delito militar; o, más adelante, la periodista Xiomara Barreto, declaraba a la prensa en tránsito al tribunal, o fue elevadísimo el costo político de la aprehensión de la periodista María Eugenia Díaz, ambas sometidas a la jurisdicción militar.
Por otra parte, el siglo XXI es de una incomparable y asombrosa gravedad en materia de derechos humanos, negando el régimen el tan legítimo y humano derecho al pataleo, y, aunque hay referencias en la obra, amerita de una pormenorización y sistematización como se ha hecho con la anterior centuria. La sola consideración de los informes de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, adscrita al Consejo de Derechos Humanos, de 2020 y 2022, revela la profundidad del mal, y un sencillo contraste respecto a los muertos, malheridos, detenidos y sometidos a libertad condicional por apenas protestar al régimen que es el único, cínico y exageradamente armado, luce demasiado obvio, por no citar el fenómeno del masivo y riesgoso desplazamiento de los venezolanos en el mundo entero, y la (auto)censura, como el bloqueo informativo.
En el caso venezolano, sensibilizada crecientemente la opinión pública y los medios académicos, la comisión parlamentaria para la reforma constitucional de principios de los noventa, después frustrada, tramitó la propuesta aceptada del ombudsman o defensor del pueblo, por ejemplo. Poco a poco fue configurándose una respuesta del Estado en el ámbito que, a la postre, resultó desgraciada y deliberadamente malograda con una caricatura de la Defensoría y de la Fiscalía, cuyo actual titular muy antes clamaba a los cielos por los derechos humanos y su condición de poeta, y muy ahora ha olvidado enteramente la prédica.
Más de once años atrás, el Estado, en vías de fusionarse o fusionado por completo con el partido oficialista, se hizo de una ley de reivindicación y reparación de la memoria histórica en torno a los crímenes políticos entre 1958 y 1999, sin la deseada extensión a la presente centuria, como tuvimos ocasión de manifestarlo en la Asamblea Nacional respondiéndole también a las agresivas galerías (https://www.youtube.com/watch?v=7lZJep-zz-Q). Ya contabilizábamos numerosos y nefastos acontecimientos, como los de 2002 y, acentuándose cada vez más las represalias contra la oposición y toda mínima disidencia: el ensañamiento, la alevosía y el desparpajo condujeron a los estallidos protestatarios de 2014 y 2017, conocidas universalmente sus dolorosas consecuencias.
Transitando la Navidad de pesebre, sentimiento y convicción cristiana que suma a los no creyentes de enorme coraje ético, deseamos fervientemente que cesen las violaciones de los derechos humanos para la edificación de una sociedad fundada en la vivencia real de la libertad, la justicia, la solidaridad y el bien común. Los Reyes Magos, cuales reporteros atentos y avisados, inician el camino hacia Belén: ¡Vayamos con ellos!
@Luisbarraganj