Mientras Nicolás Maduro leía un discurso en la Cumbre Climática COP27 de Egipto el mes pasado hacía rato que la depredación ―pillaje, robo con violencia, apunta la RAE― se había instalado por asalto en la cima del cerro Yapacana, decretado parque nacional el 12 de diciembre de 1978.
Un reportaje aún caliente del The Washington Post apoyado en imágenes satelitales de alta resolución identificó al menos 8.000 campamentos mineros y piezas de maquinaria en las laderas bajas del Yapacana. Y en su cima, a más de 1.300 metros de altura, descubrió 425 campamentos y piezas de maquinaria más.
Una ciudad de mineros ilegales, grupos armados y fuerzas estatales venezolanas, asociados para arrancar el oro de esas tierras, han convertido el Parque Nacional Yapacana “en el sitio de minería ilegal más grande de esa sección de la Amazonía”, en una operación que hiere de muerte la selva tropical, indispensable para mitigar el cambio climático.
El especialista en investigación de Amazon Conservation, Matt Finer, citado por el diario estadounidense, quedó asombrado al ver la densidad de las operaciones. Nunca había visto nada igual en un “área supuestamente protegida”.
Un exminero, que el artículo identifica tan solo como William, que transporta mineros en un bote, recuerda que antes la Guardia Nacional impedía la entrada en el parque. “Ahora se ha convertido en un negocio (…) la montaña se ha vuelto arena”, dijo.
Ubicado en el estado Amazonas, entre el Orinoco y el Ventuari, es un lugar único en el mundo por su riqueza ecológica y escénica, y su gran variedad de ecosistemas. Las autoridades venezolanas han permitido que la minería ilegal y grupos armados se adueñen y exploten con voracidad insaciable esa montaña sagrada, haciéndose los ciegos pero pasando la respectiva factura de cobro.
Maduro en su intervención en Egipto, contaminada de lugares comunes, acusó al mundo desarrollado de todo el desastre ambiental y, ávido como está de recursos, exigió indemnización por los daños causados. ¿Quién pagará por la destrucción del Yapacana, señor Maduro?
Dijo: “Es el colapso del ecosistema que se levanta frente a nosotros como un destino fatal”. Parece una confesión pero es un cinismo porque lo que se levanta ante “nosotros” ―él, su gobierno y sus aliados aprovechadores― es ese tepuy sangrante. La organización venezolana SOS Orinoco, que dirige Cristina Burelli, viene alertando desde 2018 sobre esa “fatal destrucción del cerro Yapacana”.
Y citó Maduro a Chávez en otra cumbre climática, la de Copenhague 2009: “No hay que cambiar el clima, hay que cambiar el sistema”. Su palabra vaya adelante: hay que cambiar el sistema.