La policía de Brasil inició este martes otra fase de la operación Lava Jato para investigar unos pagos sospechosos realizados por las compañías del grupo de telefonía Oi a empresas del consorcio Gamecorp/Gol, vinculadas a uno de los hijos del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El grupo Oi/Telemar habría realizado pagos por más de 31,3 millones de dólares, de acuerdo con información de la Fiscalía.
Los pagos se hicieron a empresas controladas por Fábio Luís Lula da Silva, hijo mayor de Lula; por los hermanos Fernando Bittar y Kalil Bittar, y por el empresario Jonas Suassuna, entre 2004 y 2016.
«Las evidencias apuntan a que parte de los recursos ha sido utilizada para la adquisición de la casa de campo de Atibaia» a beneficio del ex presidente Lula, dijo el Ministerio Público.
Casa de campo en Atibaia
Hace dos semanas, un tribunal superior elevó a 17 años una pena dictada en primera instancia contra Lula.
El ex mandatario es acusado de beneficiarse con las obras realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS en una casa de campo en Atibaia, en el estado de São Paulo, a cambio de favorecerlas en contratos con la estatal Petrobras.
Operación Mapa de la Mina
En la operación iniciada este martes participan aproximadamente 200 policías federales, que cumplen 47 órdenes de registro y allanamiento en 4 estados brasileños.
La operación, bautizada Mapa de la Mina, investiga delitos de corrupción, tráfico de influencia y lavado de dinero, supuestamente realizados a través de contratos entre operadoras de telefonía, Internet y televisión que actúan dentro y fuera de Brasil.
Los pagos a las empresas de Gamecorp/Gol se realizaron sin justificación plausible, según la Fiscalía.
«El grupo Oi fue beneficiado por diversos actos practicados por el gobierno federal» entre 2004 y 2016, agregó.
Entre las pruebas documentales obtenidas figuran contratos y recibos. Además de datos recogidos luego de la supresión del secreto bancario y fiscal de los sospechosos.
Asimismo, las inversiones y contrataciones alcanzadas entre los dos grupos no contaron con la cotización de precios de otros suministradores.
Mientras que los pagos realizados superan los valores contratados y practicados en el mercado.
Parte de los recursos repasados ilícitamente eran destinados a la compra de la casa de Atibaia, de acuerdo con la Fiscalía.
La casa, según la acusación, la utilizarían de manera recurrente el ex presidente Lula y sus familiares.