Una pregunta recurrente en Venezuela es cómo pueden incidir las organizaciones sociales en las decisiones políticas. De hecho ese fue el tema de un interesante foro organizado la semana pasada por las prestigiosas organizaciones de la sociedad civil Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Gente del Petróleo, Espacio Abierto, Grupo La Colina, Aragua en Red, La Tertulia de los Martes, Manifiesta, Médicos Unidos de Venezuela y Red de Organizaciones vecinales de Baruta.
La sola pregunta ya encierra una afirmación, y es que las organizaciones sociales no han incidido o no lo están haciendo como deberían, dado su potencial, en las decisiones políticas. Entonces, la primera interrogante es por qué no está ocurriendo.
Hay por supuesto muchas razones para eso, que van desde las agendas particulares y el afán de protagonismo de ciertos actores, hasta la dificultad para ceder en los intereses propios y coordinar acciones con otros. Pero más allá de estas, quiero detenerme en tres de las causas más importantes.
La primera es la crónica desconfianza, no solo la mutua entre actores políticos y sociales, sino incluso a lo interno de ambos sectores. Esto no es de extrañar en un país que sigue apareciendo entre los de más alta desconfianza interpersonal y hacia las instituciones, pero mientras los principales actores –políticos y sociales– que se oponen al gobierno se sigan viendo entre ellos mismos y mutuamente con desconfianza e infantil recelo, la indispensable coordinación de fuerzas que se requiere para enfrentar un gobierno no democrático será un objetivo difícil de lograr.
La segunda causa, que con frecuencia se olvida, es la acción deliberada del gobierno, que no solo ha perseguido, encarcelado o exiliado a cabezas visibles de los partidos políticos y a importantes líderes sociales, sino que además reprime con fuerza y criminaliza cualquier intento de articulación entre organizaciones sociales y políticas.
Y la tercera causa tiene que ver con la teoría de cambio político que los actores manejen en su estrategia de lucha. En Venezuela han coexistido (y todavía lo hacen) varias teorías de cómo lograr la liberación política del país.
Existe la teoría de las salidas rápidas, básicamente dependientes de fuerzas externas. Aquí figuran la tesis de la amenaza externa creíble, las opciones de naturaleza militar o las que apuestan por la conformación de una fuerza multinacional que intervenga en el país y establezca el orden democrático. El problema con esta teoría del cambio, más allá de su hasta ahora demostrada inviabilidad, es que si la salida depende básicamente de la acción de factores externos, no tiene mucho sentido “perder el tiempo” buscando articulación con organizaciones sociales internas.
Existen también las salidas “salvadoras”, que parten del principio que hay una élite o vanguardia esclarecida, que se asume como el sujeto político de la transformación, y que va al rescate de un pueblo que pasivamente necesita ser salvado y rescatado desde arriba. Bajo esta concepción, tampoco hacen falta las organizaciones sociales, salvo para legitimar la imagen de la vanguardia esclarecida, que necesita entonces el acompañamiento en la foto de ciertos actores sociales, pero siempre como personajes de reparto o invitados secundarios, nunca como protagonistas.
Pero están también quienes asumen y defienden una teoría del cambio más realista y adecuada a las características del régimen que se enfrenta. Esta concepción estratégica parte del principio que en modelos de dominación autoritarios y fascistas como los que representa el madurismo, cualquier acción política carece de sentido práctico y es inútil si no va acompañada de un factor todavía débil en la actual ecuación política, que es la necesaria presión social cívica. Sin ella –esto es, sin una población organizada y movilizada que haga valer sus derechos y que sirva de factor disuasivo a las acciones antidemocráticas del gobierno– las estrategias y acciones políticas pierden mucho de su eficacia y utilidad. Por tanto, la acción política prioritaria en estos momentos de la cual derivan otras tácticas de lucha, es aumentar el grado de organización y movilización de la ciudadanía y de sus sectores sociales.
Es solo a partir de esta teoría del cambio, en la cual el sujeto político de la transformación es el pueblo organizado, que la articulación entre sociedad civil y partidos políticos es lógicamente posible pero además inevitable. Porque la presión cívica interna se origina naturalmente en las organizaciones sociales, pero se alimenta y refuerza en el contenido y direccionalidad política que le aportan las organizaciones políticas. Ambas se necesitan mutuamente, y ninguna puede ser políticamente eficaz sin el concurso de la otra.
Si compartimos esta concepción estratégica de lucha, estaremos sentando las bases para, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, propiciar una verdadera y necesaria articulación entre nuestras organizaciones sociales y políticas. Pero para ello se requiere, como primer paso, estimular y multiplicar los espacios e instancias de encuentro entre ambos sectores, no solo para compartir y acercar criterios políticos, sino para coordinar acciones que los acerquen mucho más a la realidad y los problemas de la gente de carne y hueso que ambos dicen representar.
@angeloropeza182