La inhabilitación política a María Corina Machado para ejercer cargos en la administración pública es el acto administrativo de una autoridad del poder público del más alto nivel y debería haber sido publicado en la Gaceta Oficial. Eso no ocurrió. No hubo expediente sustanciado debidamente y conforme a la ley para ese asunto de la medida de inhabilitación.
La libertad para Hugo Chávez el 26 de marzo de 1994 por una medida de gracia presidencial también fue un acto administrativo del más alto nivel. Ese fallo ha debido ser publicado en la Gaceta Oficial. Eso no ocurrió. No hubo expediente debidamente sustanciado y conforme a la ley para ese asunto de la medida de gracia.
El sobreseimiento nos jodió el futuro, la inhabilitación lo va a terminar de joder.
En ambos casos cuando se busca algún soporte documental y jurídico registrado sobre los veredictos la pared que pone a chocar cualquier esfuerzo de investigación siempre tiene marcado el cartelón de “es una decisión política.” Y hasta allí la muerte del esfuerzo de la pesquisa y la indagación, y nace la conclusión más inmediata: no hay ninguna diferencia entre el nivel ejecutivo de una y de la otra sentencia. Entre Caldera en 1994 y Maduro en 2024. En los treinta años que median desde el sobreseimiento del 26 de marzo de 1994 al teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías por los delitos derivados del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y la medida de inhabilitación política a MCM según una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 26 de enero de 2024 hay una generación de venezolanos. Gente que nació el día que le abrieron el calabozo de la cárcel de Yare al comandante, muchachos que estaban con su morralito y la vianda en el preescolar cuando ganó las elecciones presidenciales el 6 de diciembre de 1998, chamitos que ya habían iniciado la educación primaria el 11 de abril de 2002. El 2 de diciembre de 2007 cuando la gente movilizada en la calle no aprobó el referéndum consultivo de la reforma constitucional ya estaban a mediados de bachillerato, el 5 de marzo de 2013 cuando un lloroso y compungido Nicolás Maduro anuncia la muerte oficial del teniente coronel esa generación ya estaba en la universidad o en vías de graduarse de cualquier profesión. Cuando la oposición arrasa en las elecciones parlamentarias del año 2015 algunos ya eran profesionales en ejercicio, se habían casado, tenían algunos hijos o habían empezado a tomar el camino de la migración y a formar parte de la diáspora venezolana en el mundo. El día que Juan Guaidó se juramentó como presidente interino y se alimentó sobremanera la esperanza del cambio político en el país con aquello del apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y 60 países más, muchos estuvieron a punto de hacer maletas y regresar. Afortunadamente no lo hicieron. Más bien se abrió una trocha amplió hacia el Darién buscando el sueño americano. El país no había cambiado. Treinta años después de que Rafael Caldera llamara al director de la Cárcel de Yare, y pasara por bola al ministro de la Defensa, al Alto Mando Militar y al comandante general del Ejército y le notificara que el comandante y sus cómplices estaban libres del polvo del golpe y de la conspiración que se desenlazó dos años atrás desde el quinto piso de Fuerte Tiuna y de la paja de los muertos ocasionados ese día, y de la violación de la Constitución Nacional, y de la fractura interna de las fuerzas armadas nacionales y del entierro de la democracia alcanzada el 23 de enero de 1958. Tres décadas después de ese sábado coincidente en fecha con el histórico terremoto de 1812 que inspiró a Simón Bolívar a declarar frente a los escombros “si la naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca” y que ayuda a la caída de la primera república; seis lustros después de eso, se ratifica que en Venezuela no ha cambiado nada. Las autoridades que ocupan la primera magistratura nacional siguen manifestando la misma arbitrariedad e iguales atropellos. La vía ejecutiva sigue imponiéndose en materia de decisiones que salgan del palacio de Miraflores y no justificar a nadie. La inhabilitación a MCM sin ninguna fórmula de juicio y con ausencia de soporte, y con la misma nocturnidad procesal tan similar a la del sobreseimiento del comandante. Una decisión política es el cartel que se le guinda a ambas. Y ambas son hermanas mellizas en la iniquidad y en el autoritarismo por más que se tongoneen en las mamparas de los leguleyos y por más que cabildeen en la opinión pública los exégetas. Siempre se va a ver el bojote del poder.
La inhabilitación a MCM es un evento de actualidad y está en vigencia. En las interioridades de la investigación del pulso político que se mantiene entre el régimen y la candidatura unitaria de la oposición en torno a la señora Machado se está dirimiendo el poder. Al presente para mantenerse la revolución frente a un adversario que tiene un alto potencial electoral y a futuro para alcanzar un cambio político e iniciar un nuevo ciclo republicano en Venezuela. Es una gran encrucijada cuyo rumbo está condicionado al tema de la inhabilitación. A la hora y fecha es una decisión viciada. Una disposición política sin soporte jurídico y ausente del principal documento de registro de las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes públicos venezolanos, para que puedan ser observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia en todo el territorio nacional. La Gaceta Oficial.
El sobreseimiento al teniente coronel Hugo Chávez es un evento del pasado con incidencia en el presente. Sigue vigente en los efectos que ha causado esa decisión en los venezolanos. Con motivo de los 30 años de la libertad del teniente coronel Chávez cuando se hace una investigación de los soportes de ese fallo ejecutivo fundamentado en el Artículo 54 del Código Orgánico de Justicia Militar que dice: “Son atribuciones del presidente de la República, como funcionario de justicia militar: Ordinal 3. Ordenar el sobreseimiento de los juicios militares, cuando así lo juzgue conveniente, en cualquier estado de la causa”. Cualquier investigación documental que curucutee en el sobreseimiento se va a topar de frente con que no fue consultado el Ministro de la Defensa, ni al Alto Mando Militar. Ese asunto no se debatió en el seno de la Junta Superior de las Fuerzas Armadas Nacionales, ni con el componente más afectado; el ejército. Tampoco apareció en la Gaceta Oficial a pesar de que era un dictamen del presidente de la república como funcionario de justicia militar y en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Fue una decisión política es la respuesta que se recibe desde 1994 con la medida de gracia y aún en 2024 se sigue recogiendo igual réplica con ese asunto de la inhabilitación.
Lo que diferencia a una república seria con un campamento minero es el cumplimiento de la ley. Un país desarrollado con plena vigencia del Estado de derecho y con todo el contrato social de la carta magna privando es característico en el cumplimiento de todo el entramado de las leyes que se inicia desde la punta de la pirámide de la ley. Cuando para justificar cualquier arbitrariedad ejecutiva del más alto nivel apelamos al comodín de “es una decisión política” llevamos el argumento a lo más profundo de la selva en plena extracción de minerales preciosos con delincuentes, meretrices, alcohol y violencia. La esencia de un campamento minero está fundada en la norma del más fuerte al estilo de California en el lejano oeste y de la fiebre del oro con vaqueros disparando a muerte, con prostitutas bailando en el saloon y con asaltos a las diligencias para robarse los traslados de dinero mientras el Sheriff (la ley) recibe un disparo en el corazón por el forajido. Cuando el más fuerte se escuda en la primera magistratura para decidir, para fallar, para sentenciar sin rendir cuentas para la historia y para sus ciudadanos pasando por bolas a la Constitución Nacional ya estamos formando parte de las novelas de Marcial La Fuente Estefanía o de Keith Luger. Esa es la historia del sobreseimiento al teniente coronel Hugo Chávez y de la inhabilitación a María Corina Machado razonadas con el apropiado y oportuno comodín tongoneado a boca de mina, pero al que todo el mundo le ve el bojote… son decisiones políticas. ¿Y la ley? ¿Y la Constitución Nacional?
No hemos avanzado nada en 30 años. Una generación perdida.
¡Muchachos, devuélvanse por el Darién!