Las protestas en Estados Unidos tienen absoluta justificación. La muerte de George Floyd por un agente de la policía es definitivamente condenable. El autor de tan abominable hecho debe ser procesado y castigado con la pena más fuerte. El abuso de su posición policial y de sus ventajas para asesinar con la complicidad inactiva de sus compañeros, que entiendo fueron simplemente despedidos de sus cargos, no puede quedar impune, como tantos otros crímenes cometidos en ese país por fuerzas del orden cuyas víctimas, según las encuestas, son en su mayoría afroamericanos y latinos. En lugar de ser sancionados los autores de los crímenes, han sido por lo general absueltos, lo que generó en todos los casos olas de protestas en todo los Estados Unidos, aunque algunos de ellos habrían sido separados de sus cargos.

No podría, sin embargo, afirmarse que se trata de una política sistemática. No hay una política de Estado, aunque los entrenamientos a la policía a nivel nacional permitan suponer que esos excesos, individuales, son parte de una política elaborada, estructurada. Y que, además, habría alguna predisposición de parte de la policía blanca hacia los afroamericanos, en particular, según lo han indicado las investigaciones sobre estas situaciones de abuso de poder policial en ese país.

El derecho a la protesta es un derecho humano incuestionable. Todos tenemos derecho a protestar, a exigir al Estado y a sus autoridades los correctivos necesarios ante las deficiencias de que se trate, pero sin recurrir a la violencia que habría sido la característica principal de estas manifestaciones en las que si  bien la mayoría de los participantes protestaban en ejercicio sano de su derecho, un grupo violento, organizado y coordinado a nivel nacional, provocaría la respuesta contundente de la autoridad que tiene el deber de defender a todos los ciudadanos y sus bienes ante la violencia.

No se trata entonces de condenar la protesta. Todo lo contrario, De lo que se trata es de condenar los actos vandálicos que no son aislados y que formarían formar parte de una tendencia que lamentablemente ha cobrado fuerza en el mundo ante las debilidades de las democracias y de las economías, una suerte de movimiento antidemocrático que busca facilitar el camino a gobiernos populistas, de derecha o de izquierda, cuya naturaleza y fines conocemos todos. 

Los gobiernos totalitarios, el usurpador de Maduro entre otros, condenan la actuación policial en los Estados Unidos en contra de esos grupos minorativos que aúpan y apoyan. La violencia vista estos días en distintas ciudades del país y que han  puesto  en jaque al gobierno de Trump, no proviene de la mayoría que ejerce su derecho como ciudadanos, sino de un grupo reducido pero influyente, sin duda, que actúa para crear el caos y provocar la reacción de las fuerzas del orden que aseguran es excesiva. Una postura muy distinta a la que asumen cuando en su patio los ciudadanos se levantan para denunciar las arbitrariedades y los fracasos de regímenes fallidos y forajidos, como el venezolano, oportunidad que aprovechan los antisistema de infiltrarse y provocar el caos para desacreditar la protesta pacífica y legal y provocar la represión policial, la cual admiten y justifican, para “asegurar la paz en el pais.” Un ejemplo muy claro lo ocurrido en Venezuela desde 2014 y hace poco en Nicaragua, en donde se aplicó la misma receta. Infiltración, violencia[V1] y caso y justificación de la represión en contra de “los terroristas que buscan desestabilizar el país, en componenda con el imperio y grupos  oligárquicos.”

La táctica de la infiltración para desvirtuar la protesta y generar el caos de parte de estos grupos no es nueva ni tampoco local. Hay un intento claro de globalizar la anarquía como medio para desacreditar a las democracias. Esta suerte de “revolucionarios” infectados con el castro-chavismo y el complejo del antimperialismo se aprovechan de las debilidades, esta vez en Estados Unidos, de un crimen que merece todo el castigo a su autor, sin duda, para generar el caos, incendiar, saquear, atemorizar a la gente y dar paso a sus posturas contra el sistema, contra la democracia, contra los valores fundamentales que es precisamente lo que persiguen.

Las situaciones son distintas. En Venezuela se persigue al que protesta, a las víctimas de los abusos, a los que reclaman justicia y se protege a quienes alteran el orden, colectivos y otros grupos paramilitares, en nuestro caso, protegidos y financiados por el régimen para causar destrozos y cometer crímenes; mientras que los victimarios son protegidos y hasta premiados. No hay expedientes abiertos a los autores, si a las víctimas. La impunidad en toda su expresión.

En Estados Unidos los violentos son castigados. Mas de 1.500 detenidos los primeros días en más de 50 ciudades del país, por los destrozos a la propiedad y los ataques a las fuerzas del orden. Ojalá esta vez la justicia se aplique y se castigue al oficial de policía que asesinó vilmente a Floyd, sanción que debe abarcar a sus cómplices. Si la impunidad por los abusos policiales que tienen un cierto olor a discriminación racial, aunque no es su única debilidad, los casos Floyd se repetirán y seguirán facilitando a los anárquicos avanzar en el proceso de destrucción de la democracia como valor superior de nuestras sociedades.

No estamos ante hechos aislados. Son parte de una estrategia sobre la que los políticos deben reflexionar para enfrentarla con seriedad y responsabilidad o corremos el riesgo de que en el corto plazo el sistema de libertades se vea sustituido por un quimérico y perverso modelo sin fundamentos morales que anuncian sus promotores para simple y puramente apoderarse y perpetuarse en el poder.


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